La histórica fábrica de neumáticos cesará su producción nacional y dejará en la calle a más de 900 operarios. En simultáneo, una empresa del mismo grupo económico fue adjudicataria de un millonario contrato estatal para instalar baterías chinas en el predio de San Fernando, en una maniobra que expone las contradicciones del modelo importador.
El anuncio golpeó como un mazazo a la industria nacional. La principal productora de neumáticos del país decidió apagar sus hornos y poner fin a una trayectoria de varias décadas, dejando a 925 trabajadores sin su fuente de ingresos. Sin embargo, este drástico desenlace no implica el cierre definitivo del histórico predio de San Fernando, sino una metamorfosis que desnuda las paradojas del actual escenario económico: el lugar que supo albergar maquinaria y obreros dedicados a la manufactura local se convertirá en la sede de un moderno parque de baterías de litio de procedencia asiática, destinado a inyectar energía al Área Metropolitana de Buenos Aires durante los picos de consumo.
Mientras los titulares de las cámaras empresariales alzan la voz ante la avalancha de productos foráneos —que llegan, en gran medida, subsidiados desde la República Popular China y contra los cuales les resulta imposible competir—, un sector del empresariado encuentra una salida alternativa en la reconversión. Siguiendo el libreto que, según se murmura en los pasillos corporativos, les susurran ciertos aliados políticos, optan por transformarse en importadores. De esta manera, se desmantela el entramado productivo local para dar paso a la comercialización de tecnología y bienes terminados elaborados allende los océanos.
En el ojo de la tormenta se encuentra el conglomerado empresario de la familia Madanes Quintanilla. Por un lado, Fate, la emblemática fábrica de cubiertas, anuncia su retirada de la producción. Por el otro, Aluar, la gigante metalúrgica del aluminio también bajo su órbita, emerge como una de las triunfadoras de la licitación gubernamental Alma GBA, impulsada desde la Secretaría de Energía. Según pudo reconstruir el portal especializado Post Energético, la compañía se aseguró un contrato que le reportará 4,5 millones de dólares anuales hasta el año 2036. El objetivo de este programa es prevenir el colapso del suministro eléctrico, proveyendo a las distribuidoras Edenor y Edesur de energía adicional en los momentos de mayor exigencia de la red.
La conexión entre ambos movimientos societarios se hizo evidente cuando se conoció que Aluar había desembolsado 27 millones de dólares para adquirir 12,7 hectáreas dentro del predio que ocupaba la fábrica de neumáticos. Lejos de destinarse a cubrir las indemnizaciones de los operarios cesanteados, esa inversión tiene como propósito la instalación de un sistema de baterías BESS (Battery Energy Storage System). La ironía es que estos equipos, esenciales para cumplir con los términos de la licitación energética, serán importados precisamente desde el gigante asiático, el mismo que inunda el mercado local con neumáticos a precios imposibles de igualar. El círculo se cierra con una lógica perversa: se reemplaza mano de obra industrial argentina por artefactos terminados que ingresan al país sin mayores cortapisas, ya sean cubiertas o acumuladores de energía.
Los detalles del contrato son jugosos. La porción del negocio adjudicada a Aluar en San Fernando contempla una potencia de 30 megavatios destinados a Edenor, a cambio de una remuneración de 12.590 dólares por megavatio al mes. El balance de la propia compañía para el ejercicio 2025 revela que el desembolso necesario para llevar adelante este proyecto ronda los 20 millones de dólares. Sin embargo, las proyecciones indican que la rentabilidad será extraordinaria. La publicación especializada calcula que los ingresos anuales de 4,5 millones de dólares se traducirán en una facturación acumulada de 45 millones hasta el final del contrato, una cifra que más que duplica la inversión inicial. Como guinda del pastel, Aluar tiene la garantía de cobrar incluso si el servicio de respaldo energético no es requerido, con un precio por megavatio/hora que supera los 150 dólares. Esta tarifa contrasta de manera abismal con los apenas 26 dólares por MWh que la misma empresa percibe por la energía generada en la represa de Futaleufú, en Chubut, cuya concesión —advierte el informe— expira en junio y que la firma aspira a renovar para seguir abasteciéndose a costo diferencial para su planta de aluminio en Puerto Madryn.
Una estocada a la cadena productiva
Pero el impacto no se limita a los 925 despidos directos en Fate. La extinción de una planta industrial de tal envergadura genera ondas expansivas que devastan el tejido de pequeñas y medianas empresas que orbitan a su alrededor. Diversos estudios, entre ellos informes del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP) y relevamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA), demuestran el alto poder multiplicador del empleo en el sector. Se estima que por cada puesto de trabajo directo en la línea de montaje, se generan casi tres empleos adicionales en la cadena de valor. En el caso concreto de Fate, esto se traduce en alrededor de 2500 puestos de trabajo en riesgo, pertenecientes a centenares de pymes metalúrgicas, de logística, servicios y mantenimiento que dependían de la fábrica.
La profundización del sesgo importador, alentada por la administración del presidente Milei y su manifiesto desinterés por el devenir industrial, condena a miles de familias a la incertidumbre. Más allá de la pérdida económica, el cierre de Fate implica la destrucción de un capital intangible pero invaluable: el saber hacer, el oficio forjado durante generaciones por trabajadores especializados. Un recurso que, una vez extinguido, resulta imposible de recuperar.
