Lucas Morello, docente y militante social, perdió la visión de su ojo derecho tras ser alcanzado por un perdigón durante la represión del 11 de febrero en el centro porteño. Su denuncia penal no solo busca al responsable del gatillo, sino desentrañar la totalidad del operativo que, según relata, se transformó en una «cacería» contra manifestantes que se retiraban de manera pacífica.
El 11 de febrero quedará marcado en la memoria de Lucas Morello no solo por el dolor físico, sino por el instante en que la oscuridad se instaló en su ojo derecho. Ese día, mientras la reforma laboral se debatía en el Senado, la ciudad de Buenos Aires fue testigo de una jornada de protesta que derivó en un saldo de más de medio millar de heridos. Para Lucas, un profesor de historia de 39 años oriundo de Luján y militante del Movimiento Evita, la jornada culminó con su humanidad tendida sobre el asfalto de la calle Lima al 600, con el rostro apoyado contra la vereda y una pregunta angustiante dirigida a un compañero que yacía a su lado en idéntica postura: “¿Qué tengo en la cara?”.
La respuesta fue tan cruda como certera: “Tenés un agujero y el ojo cerrado”. En ese instante, Lucas comprendió que un proyectil, que él identifica como un perdigón de goma disparado por efectivos de la Policía de la Ciudad, había impactado de lleno en su globo ocular. El grupo con el que se movilizaba, convencido de que se encontraba a resguardo junto a un puesto de diarios en la intersección de Lima y México, fue sorprendido por una ráfaga de balazos provenientes de motocicletas policiales que irrumpieron desde la Avenida 9 de Julio. Allí, a más de diez cuadras del Congreso, unas cuarenta personas fueron “aprehendidas” y retenidas durante casi una hora en el piso, soportando insultos y vejámenes.
La odisea de Lucas no concluyó con su liberación. Su primera parada fue el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde los facultativos constataron un coágulo de tales dimensiones que les impidió determinar la gravedad real de la lesión. Un tratamiento inicial con gotas y la indicación de regresar no modificaron el sombrío panorama. El viernes siguiente, al no observar mejoría, Lucas decidió dar un paso crucial junto a los abogados Pablo Zapulla y Juan Facundo Ceballos: radicar una denuncia penal en el fuero Contravencional y de Faltas porteño.
Lejos de adoptar un discurso de autocompasión, Lucas asume su situación con una entereza que trasciende lo personal. En diálogo, sostuvo que quienes padecen estos ataques tienen la responsabilidad de actuar para que la historia no se repita con otros ciudadanos. Su objetivo no se limita a identificar al agresor que oprimió el gatillo; confía en que las cámaras de seguridad y los testimonios existentes en la zona permitirán dar con él. Sin embargo, su ambición es más profunda: busca reconstruir y desnudar todo el entramado represivo que, según su relato, los siguió y emboscó cuando se retiraban de la plaza de manera absolutamente pacífica. “Vamos a seguir estando en la calle, aunque quieran que nos gane el miedo. No se nos juega un ojo sino el futuro de nuestros pibes, que ya tienen un presente de mierda”, sentenció, vinculando la violencia policial con las políticas que, a su juicio, se están implementando en el país.
La presentación judicial, que pide la constitución de Lucas como querellante, pone el foco en una violación flagrante de los estándares de derechos humanos. Los letrados denuncian el uso abusivo de las denominadas «armas menos letales» por parte de las fuerzas de seguridad, enfatizando que, cuando son disparadas a corta distancia y apuntando a zonas vitales como el rostro, pueden provocar mutilaciones, lesiones irreversibles e incluso la muerte. En la mira de la denuncia no solo está el agente que efectuó el disparo, sino también el ministro de Seguridad porteño, Horacio Alberto Giménez, y la máxima autoridad del operativo desplegado ese día, subrayando la responsabilidad política y operativa en la cadena de mandos. Un aspecto novedoso del caso es el protagónico rol que tuvo la Policía de la Ciudad en la represión, una fuerza que, según advierten organizaciones especializadas, ha ido ganando terreno en dispositivos de alta conflictividad.
El modus operandi de la fuerza
El relato de Lucas Morello ofrece una radiografía precisa de lo que el colectivo Mapa de la Policía identificó como el «segundo momento» de la represión del 11F. Aquel día, alrededor de las 15 horas, la columna de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emprendió la retirada de Plaza Congreso. La policía, según describe Lucas, comenzó a «barrer» la zona, empujando a los manifestantes hacia calles adyacentes. Eligieron Hipólito Yrigoyen, una arteria angosta, y avanzaron custodiados por una fila de agentes de infantería con escudos, mientras un camión hidrante se aproximaba desde Avenida de Mayo. Al doblar por calle Lima, el grupo respiró aliviado, creyendo haber dejado atrás el foco de conflicto. Fue entonces cuando la situación escaló. El hidrante y los efectivos de infantería arremetieron contra ellos, mientras desde la 9 de Julio, motoristas con dos agentes por vehículo abrían fuego. “Todo muy calculado, ‘prolijo’”, rememoró Lucas con amargura.
En esa esquina, mientras yacía inmovilizado en el piso durante unos cincuenta minutos, Lucas no solo soportó el dolor físico y la humillación, sino la angustia por la suerte de su pareja, Mariana, también docente y madre de sus dos hijos, quien afortunadamente había logrado escapar por otra ruta. La tensión del momento le trajo ecos del pasado: lo remitió al 26 de junio de 2002, cuando siendo estudiante en Avellaneda fue testigo indirecto de la masacre de Kosteki y Santillán.
La denuncia presentada por Morello es un modelo de precisión legal. Exige a la justicia que solicite a las autoridades la nómina completa del personal policial interviniente, sus jerarquías y funciones, así como los móviles, motos y comunicaciones internas desplegadas. Requiere, además, el plan de operaciones, los protocolos de uso de armamento menos letal y un relevamiento exhaustivo de todas las cámaras de la zona, públicas y privadas, para preservar las imágenes. Se espera que en las próximas horas se defina la fiscalía que quedará a cargo de la investigación.
Un cambio en la doctrina represiva
El caso de Lucas Morello no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que refleja una transformación en la estrategia del gobierno para gestionar la conflictividad social. Manuel Tufro, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analiza que la Policía de la Ciudad ha pasado de tener un rol secundario a ser una pieza clave y subordinada en los grandes operativos. “Jorge Macri alineó el discurso y el dispositivo”, señala Tufro, quien distingue dos lógicas represivas en la administración actual. Por un lado, el protocolo antipiquetes, usado para hostigar marchas como las de los jubilados con el objetivo de evitar cortes de calle. Por otro, un modelo de represión indiscriminada que se ha visto en movilizaciones recientes, donde el objetivo es despejar el perímetro del Congreso y disolver cualquier concentración mediante el uso de gases y balas de goma contra cualquier transeúnte, manifestante o no. “Buscan generar una situación de miedo con el mensaje de que te pueden disparar y detener solo por estar ahí”, interpreta.
Ejemplos de esta segunda modalidad no faltan. La movilización del 12 de marzo, donde el fotoperiodista Pablo Grillo fue gravemente herido y una jubilada, Beatriz Blanco, resultó golpeada, o la marcha contra la Ley Bases del 12 de junio de 2024, con decenas de heridos y acusaciones de terrorismo que luego la justicia no convalidó, son antecedentes directos. Incluso el jueves previo a la publicación de esta nota, durante el tratamiento de la reforma en Diputados, once personas fueron detenidas con brutalidad en un operativo que, según el CELS, desplegó 2100 efectivos.
El ensañamiento no distingue frentes. Trabajadores de prensa y, de manera alarmante, miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Comisión Provincial por la Memoria fueron blanco de disparos y gases, a pesar de portar chalecos identificatorios que los acreditan como observadores de derechos humanos. Este dato, denunciado por los organismos, evidencia que el ataque se dirige también contra quienes podrían registrar y dar fe de los abusos, en un intento de amedrentar y silenciar cualquier mirada crítica sobre el accionar de las fuerzas del orden. La historia de Lucas Morello, con un ojo menos pero la convicción intacta, se convierte así en un eslabón más de una cadena de impunidad que busca ser quebrada a fuerza de verdad y justicia.
