La reforma impulsada por el oficialismo elimina ochenta juzgados y diez salas de la Cámara del Trabajo para reemplazarlos por apenas una decena de tribunales porteños. Jueces, empleados, abogados y sindicatos denuncian un ataque sin precedentes a la protección de los derechos de los trabajadores.
«Esto representa la aniquilación del fuero del Trabajo, no una simple transferencia de competencias como intentan hacer creer. Les incomodan los magistrados laborales, sus perspectivas les resultan molestas, pretenden imponer jueces noveles en la Capital Federal y moldearlos a su imagen y semejanza». Quien pronuncia estas palabras con visible inquietud es Andrea García Vior, magistrada de la Cámara Laboral, que observa con enorme preocupación el horizonte que se avecina si la reforma laboral termina aprobándose en los términos que retornaron al Senado.
Dentro del conjunto de medidas que flexibilizan las condiciones de trabajo, la fuerza gobernante –que prefiere denominarlo «actualización»– incorporó la desaparición absoluta de los ochenta juzgados y las diez salas camaristas especializadas, que serán sustituidos por únicamente diez tribunales en la órbita porteña, actualmente inexistentes. Esta maniobra constituye la estrategia para asegurar la presencia de magistrados dóciles que convaliden la restricción de las garantías laborales.
La semana inaugural transcurrió entre manifestaciones y paralización de actividades en la totalidad de las sedes del fuero nacional y una ocupación simbólica en Diagonal Norte 760. La protesta nuclea a jueces y juezas, personal judicial, organizaciones gremiales y letrados. Para el martes venidero está convocada una nueva medida de fuerza y una concentración matutina frente al Palacio de Justicia, donde en el cuarto nivel se encuentran los despachos de los integrantes de la Corte Suprema. «Constituye nuestra autoridad patronal. Demandamos que resguarde la permanencia y la progresión profesional», manifestó Mara Fernández, representante gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Bajo el rótulo seductor de la «puesta al día» laboral, inicialmente se busca erosionar los derechos fundamentales, posteriormente se pretende culminar el proceso mediante la clausura de la Magistratura Nacional del Trabajo, perjudicando severamente el entramado institucional de amparo que asegura su resguardo efectivo. Argumentando el combate contra la mal denominada «industria del litigio», el Poder Ejecutivo promueve esta medida. La calificación resulta engañosa; no obstante, dentro de la lógica de un esquema que aniquila la producción y las fuentes de trabajo adquiere sentido: una actividad más que aspiran a desmantelar. En el centro quedan los trabajadores desposeídos de garantías y del acceso a una magistratura experta, expresa un documento de la UEJN.
La contradicción reside en que no escasean quienes pronostican que, en los hechos, este panorama provocará un aumento de la conflictividad judicial. La aspiración del gobierno y los grandes grupos económicos consiste en que la resolución jurisdiccional sea la que mejor resguarde sus intereses y consolide el retroceso de las conquistas obreras mediante tribunales diseñados a su medida.
Atribuciones
Durante el año anterior funcionó en la órbita del Ministerio de Justicia una comisión destinada a examinar la transferencia de determinadas atribuciones de la magistratura laboral a la ciudad, pero no la demolición de sus estructuras judiciales. Precisamente, esto lo impedía hasta el momento la denominada Ley Cafiero –que estableció las pautas para la autonomía porteña–, que determina que «La justicia nacional ordinaria» que opera en la Capital Federal «conservará su actual jurisdicción y competencia permaneciendo a cargo del Poder Judicial de la Nación». Añadía ciertas competencias que la Ciudad poseería en cuestiones vecinales, contravencionales, entre otras.
Cuando la Ciudad resolvió implementar el año anterior un fuero laboral compuesto por diez tribunales y una cámara de seis miembros repartidos en dos salas, una medida precautoria dejó esa modificación en suspenso. La condicionaba a la suscripción de un acuerdo entre la administración nacional y la local. La totalidad de los expertos que habían participado en las negociaciones en el seno del Gobierno el año anterior quedaron atónitos ante el artículo 91 de la reforma que da por aprobado un convenio suscripto el 9 de febrero último entre el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de justicia porteño Gabino Tapia.
Se trata del «Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires». La redacción primigenia dejaba explícito que no se trata de una cesión sino que se apunta a la paulatina «extinción» de la Magistratura Nacional del Trabajo. El pacto mencionado establece que los pleitos laborales (concernientes a cuestiones de derecho particular como resarcimientos, despidos y siniestros laborales), serán tramitados en la justicia laboral porteña, que todavía no ha sido creada. Los que corresponden a derechos colectivos (como convenios y derecho a huelga entre otros múltiples) serán derivados al fuero Contencioso Administrativo federal, carente absolutamente de especialización en materia obrera.
El fuero que se pretende extinguir cuenta con ochenta juzgados de primera instancia y diez salas de tres miembros cada una en la Cámara. El proyecto busca eliminar de raíz treinta juzgados vacantes y la sala VII que tampoco posee magistrados titulares. No significa que no operen, simplemente los ocupan jueces suplentes, además de todo el personal que sí posee estabilidad. Esto es lo que se reduciría a diez tribunales y dos salas. El fuero laboral vigente dejaría de recibir expedientes y únicamente operaría como tribunales remanentes.
En sus filas hay quienes sostienen que, adicionalmente, se produce una remoción solapada de magistrados. Actualmente cursan, según expuso García Vior, 695.107 causas de las cuales más de la mitad corresponden a accidentes laborales. «Naturalmente, los cincuenta jueces resultan insuficientes ¿Con qué recursos se generarán diez tribunales?», cuestionó la semana anterior en la reunión de comisiones en Diputados. «Esto desembocará en la carencia de justicia», alertó.
En la Cámara cursan 32.000 causas entre diecisiete magistrados. Adicionalmente, señaló, no está determinado el paradero de las 1.598 familias de empleados, funcionarios y secretarios que se desconoce adónde serán destinados, y que han accedido a sus cargos mediante concurso.
Falsedades
«Difundieron en la ciudadanía una serie de engaños: uno es la industria del litigio, el otro es que la totalidad de los jueces somos ‘kukas’. La mayoría fueron designados durante la gestión de Mauricio Macri», agregó García Vior. En la actualidad, explicó, ingresan aproximadamente 58.000 causas mensuales, pero esta cifra resulta reducida en comparación con otras épocas, donde se alcanzaron las 110.000. «La población está intimidada y no inicia demandas, especialmente porque la mayoría se desempeña en la informalidad o en condiciones irregulares», explicó.
Las cifras y la falsedad de la litigiosidad fueron pormenorizadas durante el debate parlamentario por el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo. El letrado especializado en derecho laboral Matías Cremonte explicó: «La conflictividad judicial laboral comparada tanto con la cantidad de asalariados existentes incluso con los no registrados, que son quienes por hallarse en la clandestinidad podrían entablar demandas a diario, no alcanza el dos por ciento en el primer supuesto y en el segundo al uno por ciento de los pleitos que se inician en la magistratura laboral. Existen más litigios comerciales que laborales. Esos los ganan las entidades bancarias, las empresas de tarjetas de crédito, y no observo que se mencione industria alguna».
