El endeudamiento de los hogares escala a cifras históricas mientras las entidades financieras agotan sus reservas para cubrir impagos, en un contexto de salarios deteriorados y tasas de interés que superan el 75 por ciento anual
Diciembre cerró con un panorama desalentador para el sistema crediticio argentino. La irregularidad en los pagos del sector privado trepó al 5,54 por ciento, lo que representa un incremento de 0,32 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Pero el dato más preocupante se observa en los hogares: la mora entre las familias alcanzó el 9,34 por ciento, con una suba de más de medio punto.
Aunque las empresas muestran niveles comparativamente más reducidos de incumplimiento, la tendencia alcista también las alcanzó. La cartera irregular corporativa se ubicó en 2,54 por ciento, cuando en octubre del año pasado apenas llegaba al 0,69 por ciento. Este salto evidencia que la licuadora de la crisis económica no distingue entre segmentos, aunque golpea con mayor crudeza a los sectores más vulnerables.
El análisis por productos financieros revela dónde se concentra el problema. Los préstamos personales exhiben una morosidad del 11,89 por ciento en diciembre, el registro más elevado desde que se publica esta estadística, es decir, en los últimos quince años. Las tarjetas de crédito no se quedan atrás: la irregularidad en este rubro se disparó al 8,55 por ciento, cuando en octubre de 2024 apenas alcanzaba el 1,57 por ciento. Esta multiplicación por cinco en pocos meses refleja el estrés extremo que atraviesan los hogares para afrontar sus compromisos financieros.
Si se amplía la mirada más allá del sistema bancario tradicional, el cuadro se torna todavía más sombrío. Las entidades no financieras que otorgan créditos a las familias registran una mora promedio del 24,6 por ciento. Doce meses atrás, ese indicador se ubicaba en un 7,7 por ciento. El salto es de tal magnitud que evidencia una verdadera implosión en la capacidad de pago de amplios sectores de la población.
La curva alcista no encuentra límites
Contrariamente a lo que muchos analistas pronosticaron tras el cambio de gobierno, cuando anticiparon que la baja generalizada de tasas de interés permitiría un rápido retroceso de la morosidad a valores previos, los números demuestran que la irregularidad crediticia sigue en ascenso sin mostrar señales de techo. La dinámica del mercado desmintió las proyecciones optimistas y colocó al sistema frente a un escenario de tensión creciente.
Los balances bancarios reflejan con crudeza esta realidad. Durante el último trimestre de 2025, las entidades financieras destinaron aproximadamente 950 mil millones de pesos a cargos por incobrabilidad. Esta cifra representa un incremento interanual del 250 por ciento, un salto que por sí solo da cuenta de la magnitud del deterioro. Pero lo más preocupante es que ese esfuerzo resultó insuficiente.
El ratio de previsiones, ese colchón que los bancos acumulan para hacer frente a eventuales impagos, cayó por debajo del 100 por ciento en relación con la cartera irregular. Este fenómeno no se observaba desde los momentos más duros de la pandemia. En términos concretos, los casi mil millones de pesos que las entidades apartaron entre octubre y diciembre no lograron cubrir el explosivo aumento de la morosidad, lo que obligó a erosionar parte de las reservas constituidas en ejercicios anteriores.
Para dimensionar el cambio de tendencia, basta con observar los promedios históricos. En las últimas dos décadas, las previsiones sobre cartera irregular promediaron el 129 por ciento. En octubre de 2024, ese indicador alcanzaba un pico del 172 por ciento, explicado por el reducido nivel de mora existente en ese momento, que rondaba el 1,5 por ciento. Hoy, ese mismo ratio se desploma al 94 por ciento en diciembre, consecuencia directa del fuerte repunte de la irregularidad, particularmente acelerado desde la flexibilización cambiaria implementada en abril.
Intereses que asfixian
Para comprender cabalmente la situación de los hogares endeudados, es necesario considerar las condiciones en las que accedieron al crédito. Las familias que hoy enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones lo hacen bajo tasas de interés que superan el 75 por ciento anual. Traducido a términos mensuales, la carga financiera supera el 6 por ciento cada treinta días, una barrera insalvable para ingresos que no dejan de perder poder adquisitivo.
Las tasas de los préstamos personales muestran una rigidez a la baja muy superior a la de otros segmentos del mercado financiero. En este contexto, aparece como lejana la posibilidad de que una persona sobreendeudada pueda acceder a un costo del dinero inferior al 50 por ciento anual. Y aun cuando eso ocurriera, el alivio sería marginal: pasar de un interés mensual del 6 por ciento a otro del 4 por ciento no resuelve el problema de fondo cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La crisis ha trascendido el plano individual para convertirse en una cuestión sistémica. Si bien el monto total del endeudamiento de las familias podría considerarse manejable en términos agregados, la situación de las entidades financieras revela fisuras profundas. La comparación interanual de resultados operativos es elocuente: entre julio y diciembre de 2024, los bancos acumularon ganancias por 3,4 billones de pesos. En el mismo semestre de 2025, ese resultado se redujo a apenas 0,12 billones, prácticamente un empate técnico que evidencia el agotamiento del negocio financiero tradicional.
El salario como límite estructural
Frente a este panorama, las entidades han comenzado a desprenderse de sus carteras más problemáticas. La venta de créditos irregulares se ha convertido en una práctica habitual para intentar recuperar algún porcentaje de lo que ya fue enviado a pérdida. Pero esta estrategia, lejos de resolver el conflicto, lo traslada a otros actores del mercado.
Los especialistas coinciden en que la baja de tasas, por sí sola, resulta insuficiente para destrabar esta crisis. El origen del problema trasciende lo meramente financiero para anclarse en una cuestión estructural: la progresiva pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En un escenario donde los ingresos de los trabajadores vienen perdiendo sistemáticamente la carrera contra la inflación, la discusión sobre la capacidad de pago de las familias desplaza por completo al debate sobre las condiciones de refinanciación.
Mientras los salarios reales continúen su tendencia declinante, cualquier intento de recomposición del crédito mediante herramientas puramente financieras chocará contra el mismo muro: hogares que destinan una porción creciente de sus ingresos a bienes de primera necesidad y que, sencillamente, no llegan a fin de mes. La morosidad, en este contexto, no es más que el reflejo contable de una realidad social que se agrava día tras día.
