Militantes ecologistas ingresaron al perímetro del Palacio Legislativo y se instalaron en las escalinatas con pancartas dirigidas a los senadores, en el marco del debate para modificar la normativa que protege las reservas de agua dulce. Hubo al menos doce aprehendidos y un periodista agredido durante los operativos de seguridad.
En una jornada de alta tensión parlamentaria, un contingente de militantes ecologistas protagonizó este miércoles una irrupción en las inmediaciones del Congreso Nacional para manifestar su más enérgico repudio al proyecto que impulsa cambios sustanciales en el régimen de resguardo de los glaciares. Los manifestantes, pertenecientes a una reconocida organización internacional dedicada a la defensa del medioambiente, lograron sortear uno de los accesos vallados del edificio y se desplegaron en la escalinata principal, donde desplegaron carteles con consignas alusivas a la protección de los recursos hídricos.
La acción directa, definida por sus protagonistas como «un acto pacífico de desobediencia civil», tuvo lugar mientras en el recinto de la Cámara Alta se desarrollaba la sesión en la que se prevé tratar las modificaciones a la ley vigente. Los activistas buscaron interpelar de manera directa a los legisladores con mensajes que alertaban sobre las consecuencias de aprobar una norma que, a su juicio, desmantela más de quince años de políticas de preservación. «Lo que está en juego es el agua que consumen millones de argentinos», rezaba uno de los carteles que lograron desplegar antes de ser interceptados.
Voceros de la agrupación ecologista explicaron que la intervención buscaba poner el foco en lo que consideran un retroceso histórico en materia ambiental. Según detallaron, el texto en discusión introduce modificaciones que reducen los estándares mínimos de tutela sobre los glaciares y el entorno periglacial, delegando en las administraciones provinciales la potestad de determinar qué áreas merecen resguardo bajo el criterio de «función hídrica demostrable». Esta redacción, advierten, abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían beneficiar a industrias extractivas como la megaminería o la exploración hidrocarburífera.
Durante el operativo de desalojo intervino personal de la Policía Federal, que procedió a la aprehensión de al menos una docena de individuos. Fuentes cercanas al hecho confirmaron que entre los detenidos se encuentra un camarógrafo del canal de noticias A24, Facundo Tedeschini, quien estaba registrando la cobertura del acontecimiento desde la vía pública. Colegas presentes en el lugar denunciaron que el trabajador de prensa fue reducido con violencia y trasladado en un móvil policial, pese a identificarse claramente como integrante de la prensa.
Desde la organización ambientalista emitieron un comunicado en el que cuestionaron con dureza la actuación de las fuerzas de seguridad y vincularon las detenciones con el clima de hostilidad que, aseguran, rodea el debate parlamentario. «No es un detalle técnico, es un atropello a la participación ciudadana y un intento de silenciar las voces que alertan sobre el desguace de la normativa que protege nuestras reservas estratégicas de agua dulce», señalaron.
El proyecto en discusión, que cuenta con el impulso de sectores del oficialismo, propone una reformulación integral de los artículos centrales de la ley sancionada en 2010. Entre los puntos más controversiales se destaca la redefinición del concepto de ambiente periglacial, lo que, según especialistas consultados, podría habilitar emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en zonas hasta ahora vedadas. Asimismo, la iniciativa traslada a las jurisdicciones provinciales la decisión final sobre la tutela de estos ecosistemas, lo que ha generado alarma en sectores científicos y organizaciones de la sociedad civil, que ven en ello un riesgo cierto para la sustentabilidad hídrica del país.
La sesión en el Senado continuaba su curso mientras en las afueras del Palacio Legislativo se vivían momentos de confusión y repudio. La imagen de los activistas sobre las escalinatas, custodiados por un cordón policial, se convirtió rápidamente en un símbolo de la jornada y encendió las alarmas sobre el futuro de una ley que, hasta ahora, era considerada un pilar en la conservación de los ecosistemas de altura.
