El Gobierno celebró la apertura de un mercado de 700 millones de personas, pero el Parlamento Europeo decidió congelar su tratamiento por al menos un año y lo envió al Tribunal de Justicia para revisión legal.
En una sesión signada por las prisas gubernamentales y los cuestionamientos de la oposición, el Senado de la Nación transformó en ley el entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La iniciativa, que había generado expectativas en el oficialismo por la potencial ampliación del horizonte exportador hacia un bloque de más de setecientos millones de consumidores, recibió media sanción en medio de un clima parlamentario caldeado por las maniobras impulsadas desde la Casa Rosada.
La Cámara alta convirtió en norma el pacto birregional en una jornada donde la urgencia impuesta por el Poder Ejecutivo marcó el ritmo del debate. Fuentes parlamentarias confirmaron que desde Balcarce 50 se impartieron directrices para agilizar al máximo la discusión, lo que se tradujo en la interrupción de las alocuciones que pronunciaban legisladores de Unión por la Patria. La decisión de cerrar el registro de oradores para precipitar la votación generó tensiones en el recinto, donde representantes de la minoría denunciaron un avasallamiento de las formas democráticas.
El entusiasmo gubernamental por la sanción doméstica contrasta, sin embargo, con el panorama que enfrenta el instrumento en el Viejo Continente. Mientras el oficialismo nacional celebraba la incorporación formal del acuerdo al ordenamiento jurídico argentino, en Europa las señales eran diametralmente opuestas. El Parlamento Europeo resolvió postergar cualquier tipo de tratamiento sobre el entendimiento por un período mínimo de doce meses, en un movimiento que congela las aspiraciones de implementación inmediata.
Como si ello fuera poco, la instancia legislativa comunitaria remitió el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se expida sobre su validez legal. Esta derivación judicial añade una capa adicional de complejidad a un proceso que ya acumulaba demoras y resistencias, fundamentalmente vinculadas a las exigencias ambientales europeas y las preocupaciones de sectores agrícolas del bloque.
El contraste entre la celeridad vernácula y la parsimonia europea dejó al descubierto las asimetrías en las prioridades de cada parte. Mientras el Poder Ejecutivo argentino necesitaba mostrar un triunfo legislativo que exhibiera capacidad de gestión y apertura de mercados, en Bruselas y Estrasburgo priman las cautelas impuestas por las tensiones geopolíticas, las transiciones energéticas y las demandas de los lobbistas del agro europeo.
Analistas consultados coincidieron en señalar que la sanción argentina representa apenas un primer paso en un recorrido mucho más extenso y sinuoso. La ratificación europea requiere no solo del visto bueno del Parlamento con sede en Estrasburgo, sino también de la aprobación individual de cada uno de los veintisiete Estados miembros, un laberinto burocrático que podría extenderse por años.
Desde las toldadas opositoras, mientras tanto, advirtieron sobre los riesgos de aprobar con premura un instrumento cuyas implicancias concretas permanecen sujetas a revisiones y cuya entrada en vigor efectiva se vislumbra lejana. «Se celebra como un triunfo algo que, por ahora, es apenas una declaración de intenciones que Europa ni siquiera quiere discutir», sintetizó un senador provincial.
La jornada legislativa dejó así una estela de interrogantes sobre la estrategia oficial en materia de inserción internacional, exponiendo las dificultades para coordinar tiempos domésticos con los ritmos mucho más pausados y exigentes de los procesos decisorios europeos.
