En una escalada verbal sin precedentes, el jefe de Estado arremetió contra referentes del círculo rojo mediante calificativos descalificadores y apodos vejatorios en sus plataformas digitales, mientras profundiza su relato antindustrialista en medio de una crisis que ya dejó miles de empresas cerradas y cientos de miles de puestos de trabajo destruidos.
La gestión libertaria decidió tensar al máximo la cuerda que la une —y separa— con los sectores productivos nacionales. En las últimas horas, el primer mandatario redobló su ofensiva dialéctica contra tres de los hombres de negocios más influyentes del entramado económico local, a quienes señaló directamente como parte de una estructura corrupta que habría sumido en la postergación a la ciudadanía.
Mediante su cuenta en la red social X, el titular del Poder Ejecutivo publicó un mensaje que encendió todas las alarmas en los despachos empresariales. Con tono celebratorio y una cuota de sarcasmo, agradeció a quienes bautizó como «Don Chatarrín de los Tubitos Caros», «Don Gomita Alumínica» y el «Señor Lengua Floja» por haber develado, según su mirada, las entrañas de un sistema perverso. En esa línea, sostuvo que esos actores dejaron al descubierto al entramado político-económico que durante años perjudicó a los ciudadanos honrados, al tiempo que les agradeció por contribuir al despertar de una nación que, a pesar de esos individuos, anhela alcanzar su grandeza.
El jefe de Estado se mostró particularmente activo en el universo virtual, replicando contenido afín a su cosmovisión y multiplicando sus intervenciones sobre la materia. En paralelo, aprovechó para insistir en su bandera de la apertura irrestricta de las fronteras comerciales como receta mágica para los males estructurales argentinos, justo en momentos en que se concreta la aprobación del entendimiento con la Unión Europea.
La trama sumó un nuevo capítulo cuando el presidente compartió una publicación del comunicador Tomás Díaz Cueto, otrora figura de LN+, quien había recopilado titulares periodísticos de los últimos días. Esos epígrafes daban cuenta de situaciones resonantes: el intento de licitación con sobreprecios desmedidos por parte de un gigante siderúrgico, el reconocimiento de márgenes inusitados en el rubro textil y la admisión por parte de industriales manufactureros de trabajar con stocks y rentabilidades cercanas al setenta por ciento. Díaz Cueto remató su posteo señalando que todos esos actores fueron apadrinados por la dirigencia tradicional y su matriz proteccionista, para preguntarse si efectivamente el problema residía en la administración actual.
Esa replica oficial terminó de encender la mecha en la relación con los sectores fabriles, ya asfixiados por la competencia desleal de productos que ingresan sin restricciones ni aranceles, en una política celebrada y profundizada por el oficialismo.
El primer mandatario fue más allá al subrayar que las manifestaciones del dueño de Neumen acerca del presunto robo en el valor de los neumáticos dejaban al descubierto a todos aquellos que, parapetados tras la defensa de la producción doméstica, se asocian con lo que denominó «empresaurios» para esquilmar a la población trabajadora. En ese marco, adjudicó los apelativos a Paolo Rocca, máximo referente del holding Techint; a Madanes, histórico industrial; y a Roberto Méndez, titular de la firma de cubiertas.
Los calificativos presidenciales no surgieron en el vacío. Días atrás, otras voces del gabinete nacional habían generado profundo malestar en el arco fabril. El secretario de Comercio y Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, despertó incredulidad al comparar la elaboración de neumáticos con el cultivo de bananas, al sostener que el país no debería fabricar cualquier cosa y que así como prácticamente no se producía esa fruta, debería pensarse en otros rubros. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, confesó sin ambages que jamás había adquirido indumentaria en el mercado local porque los precios resultaban, a su criterio, un verdadero latrocinio.
Detrás de estos pronunciamientos subyace una premisa que el Poder Ejecutivo sostiene con firmeza: la nación sólo debería abocarse a producir aquellos bienes en los que posea ventajas comparativas evidentes. Este postulado, sin embargo, esconde al menos dos aristas problemáticas que el oficialismo evade sistemáticamente. Por un lado, omite considerar el destino de los miles de trabajadores que construyeron sus trayectorias laborales en esos sectores, que en otras épocas fueron motores del crecimiento, del consumo interno y del producto bruto. Por otro, silencia cualquier referencia a los costos internos que enfrenta la industria local ni menciona los subsidios encubiertos que reciben las mercaderías provenientes de otras latitudes —especialmente de China— que ingresan sin filtro alguno.
La negativa gubernamental a reconocer el sesgo antindustrial de sus políticas se complementa con un mecanismo de victimización sistemática: la responsabilidad siempre recae en el otro. En este caso, el chivo expiatorio es el empresario que durante décadas operó en el marco de reglas establecidas por el propio Estado, mientras se soslaya que las decisiones de la administración central están orientadas a la especulación financiera antes que al aparato productivo y al sostenimiento del empleo. Las estadísticas oficiales resultan contundentes: desde la asunción de la actual gestión, unas veintidós mil firmas echaron llave definitivamente y más de doscientas noventa mil posiciones laborales se esfumaron.
En mayo del año pasado, Madanes Quintanilla ya había advertido sobre la necesidad de reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los frentes donde se hubieran generado desequilibrios, pronosticando un futuro sombrío si se adoptaba una postura meramente resistente. Poco más de dieciocho meses después, la emblemática Fate cerró sus puertas. El empresario, también propietario de Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú, comenzó a redirigir sus inversiones hacia el sector servicios y la generación energética, únicos rubros donde los números cierran. Pese a ser uno de los hombres más acaudalados del país, su decisión respecto a la fábrica de neumáticos cayó pésimamente en Balcarce 50, donde lo responsabilizan por no haber gestionado adecuadamente la crisis.
Pero la animosidad oficial contra este integrante del selecto círculo de poder tiene un antecedente directo en Paolo Rocca, otro miembro de esa elite con capacidad de incidir en los destinos nacionales. Cuando Techint perdió una licitación para la construcción del gasoducto Vaca Muerta-Río Negro frente a la india Welspun y el empresario insinuó la posibilidad de denunciar dumping, Milei lo bautizó despectivamente como «Don Chatarrín» y lo acusó de repartir sobres entre periodistas.
La paradoja del conflicto radica en que la mayoría de estos referentes empresariales habían respaldado abiertamente el desembarco de Milei en la Casa Rosada. Rocca, de hecho, facilitó la llegada de funcionarios vinculados a su grupo al organigrama estatal, mientras que el propio Méndez manifestó en más de una ocasión su convencimiento de que el rumbo trazado por el presidente era el correcto, aunque reclamaba la necesidad de contar con regulaciones mínimas.
Queda por dilucidar cuánto de representación teatral y qué porción de verdadero forcejeo de intereses subyace en esta relación signada por la tensión permanente, en un escenario donde los gestos ampulosos y las definiciones hirientes parecen marcar el compás de una pulseada cuyas consecuencias reales recién comenzarán a evidenciarse.
