En un comunicado de tono contundente, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó la inspección ordenada por el organismo de control y denunció que el Gobierno busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas mediante el hostigamiento institucional. Claudio «Chiqui» Tapia advirtió que recurrirán a la Justicia, al tiempo que vinculó la medida con la causa por evasión fiscal y la pulseada de poderes entre la Nación y la Provincia.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encendió todas las alarmas y salió al cruce del Gobierno nacional al calificar como una maniobra eminentemente política la designación de un veedor dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ). Mediante un extenso pronunciamiento difundido este jueves, la entidad madre del balompié criollo no solo rechazó de plano la intervención del organismo de control, sino que apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei, a quien acusa de utilizar el aparato estatal para allanar el camino hacia la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
«Si esta medida no constituye una penalidad, ¿por qué se la presenta con ese carácter? ¿Cuál es el fundamento para aludir a ‘graves irregularidades’ cuando, en rigor, se trata de una mera recopilación de datos?», interpeló la institución en un tramo del texto, dejando en evidencia lo que considera una contradicción insalvable. La respuesta, según la óptica de la AFA, es diáfana: «No nos encontramos ante una resolución técnica, sino frente a una estrategia de persecución ideológica. Y estas estrategias suelen naufragar ante el control judicial».
El escrito, rubricado por el presidente Claudio «Chiqui» Tapia, sostiene que detrás de la veeduría se esconde una obsesión gubernamental por desarticular el modelo de clubes sociales. «El objetivo real no es fiscalizar a una entidad civil, sino llevar adelante un plan de Gobierno destinado a imponer las SAD a través del desgaste institucional de la AFA, la principal trinchera que defiende el patrimonio popular de los clubes», enfatiza la misiva.
Este nuevo capítulo del conflicto se desarrolla en un clima de extrema tensión, apenas tres jornadas después de que el Comité Ejecutivo de la AFA resolviera paralizar por completo el fútbol local entre el 5 y el 8 de marzo. Aquella determinación, que generó un profundo malestar en el ambiente futbolístico, fue el primer coletazo de la denuncia penal que enfrenta la cúpula de la calle Viamonte por una presunta evasión impositiva que rondaría los 19 mil millones de pesos. Precisamente, el próximo jueves 5 de marzo, fecha en la que arranca el cese de actividades, Tapia tiene previsto prestar declaración indagatoria ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en el marco de una causa impulsada por el ARCA, el organismo recaudador nacional.
La «falsa» neutralidad del controlador
En su descargo, la entidad que preside Tapia puso el foco en las palabras del propio Inspector General de Justicia, quien intentó quitarle dramatismo a la situación asegurando que la veeduría «no implica sanción ni intromisión en la gestión cotidiana». Frente a este argumento, la AFA contraatacó con lógica implacable: «Si no es un castigo, ¿por qué el anuncio oficial de la IGJ se sustenta en la existencia de ‘graves irregularidades’, menciona la sospecha de ‘millones de dólares de origen espurio’ y hasta cuestiona la legitimidad de un domicilio legal?». La reflexión subyacente es contundente: de ser cierta la gravedad de los cargos, el organismo de control debería haber aplicado sanciones ejemplificadoras, como multas o incluso la cancelación de la personería jurídica. Al no hacerlo, queda en evidencia, a criterio de la AFA, que se trata de un «capricho» fundado en la utilización espuria de un ente regulador.
La mudanza a Pilar y el fantasma de Bullrich
Uno de los puntos más salientes del comunicado desmiente con vehemencia la acusación de la IGJ respecto a una supuesta moratoria en la presentación de balances que se extendería por casi una década. «Es una falacia. Toda la documentación contable correspondiente a los períodos 2017 a 2024 fue ingresada en los plazos estipulados y se halla en proceso de revisión administrativa», aclaró la entidad. En cuanto al ejercicio 2025, Tapia explicó que la falta de presentación ante la IGJ obedece a un cambio de jurisdicción: desde noviembre de 2024, la AFA tiene su domicilio legal radicado en la provincia de Buenos Aires, con la correspondiente aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Por ello, tildó de «infundada» la acusación que tacha de «falsa» la sede del partido de Pilar, un acto administrativo que goza de plena validez.
Para robustecer su postura, la misiva recurrió a un antecedente judicial reciente: el caso del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que presidía Patricia Bullrich. En 2023, la IGJ también había intentado intervenir la entidad bajo acusaciones similares, pero la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló la medida por considerar que vulneraba el debido proceso. «Hoy utilizan el mismo libreto. Lo que ayer fue hostigamiento contra una dirigente de la oposición, hoy se disfraza de control institucional contra el fútbol. La metodología es idéntica, y la Justicia ya se expidió: es nula de origen», sentenció Tapia, estableciendo un paralelismo incómodo para el oficialismo.
El trasfondo de las SAD y la pulseada Nación-Provincia
La AFA no dudó en interpretar las propias palabras del Gobierno en su contra. Al mencionar la IGJ que «en la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios», el comunicado de la entidad futbolística lo tomó como una confesión de parte. «Queda al desnudo la naturaleza política del procedimiento. No se busca fiscalizar, sino allanar el camino para las Sociedades Anónimas Deportivas, debilitando a la AFA, que es el principal muro de contención a ese modelo», denunció.
En este escenario de confrontación, la entidad deportiva aparece atrapada en una disputa de mayor escala que excede lo administrativo. «Somos un campo de batalla en la guerra de poder entre la Nación y la provincia de Buenos Aires», graficó el texto, haciendo alusión a la pulseada política que mantienen Milei y el gobernador Axel Kicillof. Lejos de someterse, la AFA anticipó que no acatará una «veeduría ilegítima» y que en las próximas horas presentará los recursos judiciales correspondientes para que sea dejada sin efecto, con la firme intención de llegar hasta la Corte Suprema si fuera menester.
«Sin vos no hay fútbol»
Hacia el final del pronunciamiento, el mensaje viró hacia lo emotivo y militante, apelando directamente a la base social del fútbol. «Nuestro deporte pertenece a sus clubes, a sus asociados y a sus multitudes», proclamó la AFA, dejando en claro que no permitirá que «operaciones políticas o intereses mercantiles» conviertan a las instituciones en una simple mercancía.
El cierre del comunicado buscó interpelar al hincha de a pie: «Aspiran a que seas un mero cliente, pero eres parte fundamental. Pretenden que seas un espectador pasivo, cuando en realidad eres el protagonista. Porque sin tu presencia, los clubes carecen de alma. Sin tu pasión, no hay historia que valga. Sin tu aliento, no existe el fútbol. El fútbol argentino es patrimonio del pueblo. Y el pueblo no está en venta». La frase, ya convertida en un símbolo de la resistencia al modelo de las SAD, resonó una vez más como un grito de guerra en la vereda de Viamonte.
