En una tensa jornada, los sindicatos se retiraron indignados tras el encuentro en Capital Humano mientras un contundente paro nacional afectaba el inicio del ciclo lectivo en más de quince provincias.
La esperada reanudación del diálogo entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los trabajadores de la educación culminó en un rotundo fracaso que dejó un clima de malestar y preocupación en todo el sector. La convocatoria oficial, realizada en medio de un contundente paro de 24 horas que coincidió con el primer día de clases, evidenció la profunda brecha que separa al Gobierno nacional de los sindicatos docentes. La discolución ingresó en un cuarto intermedio sin fecha de reanudación, luego de que las autoridades ofrecieran un incremento salarial del cero por ciento.
Los secretarios generales de los principales gremios fueron recibidos en la sede del ministerio de Capital Humano por el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y su par de Trabajo, Julio Cordero. La propuesta gubernamental consistió, esencialmente, en ratificar que la responsabilidad por las remuneraciones recae exclusivamente en los gobiernos provinciales. «Nos pusimos de muy mal humor. Fue una jornada poco agradable», resumió ante El Destape uno de los asistentes al concluir el encuentro.
La postura oficial quedó plasmada en un comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello: «Se reiteró que la competencia en materia salarial es de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y los gremios alcanzar los acuerdos necesarios». Fuentes del ministerio aclararon que la reunión se concretó únicamente por imperio de una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias, aunque la intención real del Gobierno sigue siendo descentralizar por completo la negociación salarial.
El reclamo unánime de los trabajadores
Frente a esta postura, los sindicatos alzaron una voz común que resonó con fuerza en cada declaración posterior a la fallida reunión. La premisa que nuclea a todas las organizaciones gremiales es contundente: ningún educador debe percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza, actualmente calculada en 1.360.299 pesos para un grupo familiar tipo. «Estamos pidiendo por lo menos 500 mil pesos más», disparó uno de los gremialistas al salir de la negociación, dejando en claro la magnitud del deterioro sufrido.
Los cálculos realizados en el seno de la CGT resultan alarmantes y grafican con crudeza la pérdida de poder adquisitivo que padece el sector. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el salario de los maestros acumula una caída de 38,5 puntos porcentuales. Esta sangría constante colocó a los trabajadores de la educación en una situación inédita por su gravedad, según coinciden en señalar los referentes sindicales consultados.
Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos, expresó su profunda preocupación por el panorama actual: «Nunca estuvo tan bajo como ahora el salario medio docente, es preocupante. Retiraron la inversión en todo el sistema educativo. Desfinanciaron la educación técnica». Sus palabras reflejan el malestar que cunde en las filas del magisterio ante la decisión gubernamental de desentenderse de la fijación del piso salarial, un mecanismo que históricamente operaba como referencia para las discusiones provinciales.
Un inicio de clases signado por la conflictividad
La medida de fuerza convocada para esta jornada trascendió ampliamente el marco de la paritaria nacional y se hizo sentir con contundencia en el territorio. El paro nacional adquirió especial virulencia en 16 jurisdicciones, donde el acatamiento resultó masivo y dejó a miles de alumnos sin posibilidad de comenzar el ciclo lectivo. Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán fueron las provincias donde la protesta se sintió con mayor intensidad.
La modalidad elegida por los trabajadores busca enviar un mensaje claro a las autoridades: «Es una manera de decirle a las autoridades dialoguemos y busquemos soluciones. Habla mal de la gestión tener docentes por debajo de la línea de pobreza», resumió Romero al evaluar la contundencia de la protesta. El dirigente sindical subrayó que la foto de maestros en condiciones de indigencia constituye una mancha difícil de justificar para cualquier administración.
Pero el conflicto no se limitó únicamente a la cuestión salarial. Surgieron críticas punzantes hacia la provincia de Santa Fe, donde el gobierno implementa políticas que generan un profundo malestar en el colectivo docente. La aplicación del denominado «presentismo perfecto» y las reducciones salariales por ausencias motivadas por cuestiones de salud encendieron las alarmas de los sindicatos, que ven en estas medidas un avance sobre derechos laboralmente consagrados.
Denuncias de hostigamiento hacia las familias
Uno de los puntos más álgidos de la jornada lo constituyeron las denuncias sobre presuntas maniobras oficiales para enfrentar a los padres con los educadores. Durante el fin de semana previo al inicio de clases, circularon versiones sobre el envío de comunicaciones electrónicas a las familias con el objetivo de generar malestar hacia la medida de fuerza. Esta estrategia fue duramente cuestionada por los representantes sindicales.
Jorge Sola, referente cegetista, no ahorró calificativos al referirse a esta situación: «Las decisiones de algunos gobernadores mandando correos electrónicos a los padres intentando generar enfrentamientos entre los padres y los docentes». El dirigente consideró que estas acciones solo contribuyen a profundizar la grieta y a entorpecer el diálogo genuino que debería primar en el ámbito educativo.
La conflictividad se extiende más allá de lo estrictamente remunerativo. Los gremios incluyen en su plataforma de reclamos la urgente atención a las condiciones laborales en las que se desempeñan los maestros y el financiamiento integral del sistema educativo. Alejandro Salcedo, de UDOCBA, fue tajante al respecto: «Estamos de paro reclamándole al gobierno nacional que ponga a la educación como prioridad. Tenemos tradición de escuela pública de calidad. Tiene que tener financiamiento. Pedimos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente».
La desaparición de este último instrumento, que durante años aportó recursos adicionales a los salarios docentes, constituye uno de los puntos centrales del malestar. Los sindicatos sostienen que sin una participación activa del Estado nacional resulta imposible garantizar la calidad educativa ni la dignidad salarial de los trabajadores.
Un futuro incierto para la negociación
Al cierre de esta edición no existía fecha confirmada para la reanudación del diálogo entre las partes. La posición gubernamental se mantiene inalterable en su esencia: sostener que la fijación del piso salarial no forma parte de las responsabilidades del Ejecutivo nacional. Esta postura choca de frente con la tradición paritaria argentina y con la necesidad imperiosa de recuperar el poder adquisitivo perdido.
El cuarto intermedio en que quedó sumida la discusión no permite vislumbrar soluciones inmediatas. Mientras tanto, los docentes continúan percibiendo haberes que no se actualizan desde febrero del año pasado, cuando por decreto presidencial se fijó el piso en 500 mil pesos. La distancia entre esa cifra y el costo actual de la canasta básica refleja con crudeza la magnitud del problema.
La foto del primer día de clases mostró aulas vacías en buena parte del país y un conflicto que amenaza con extenderse si no aparecen señales de apertura por parte del oficialismo. Los gremios, por su parte, ratificaron su voluntad de diálogo pero advirtieron que no aceptarán imposiciones que condenen a los educadores a vivir por debajo del umbral de la pobreza. La educación pública argentina, orgullo histórico de la nación, enfrenta así uno de los desafíos más complejos de las últimas décadas.
