Familiares de las 44 víctimas enfrentan el proceso «sin fondos ni para una fotocopia», mientras la justicia militar se sienta en el banquillo acusados por muertes que «eran evitables»
Tras una larga travesía judicial que se extendió por casi un decenio, finalmente comenzó el debate oral y público por la tragedia del submarino ARA San Juan, la nave que desapareció en las gélidas aguas del Atlántico Sur aquel fatídico noviembre de 2017, llevándose consigo la vida de 44 almas. El comienzo de este proceso judicial, sin embargo, se ve teñido por la amargura y la desigualdad que denuncian los querellantes.
En una jornada cargada de emociones encontradas, la voz de la abogada Valeria Carreras, quien patrocina a 34 familias de los marinos fallecidos, resonó con crudeza al hacer un balance de este extenso periplo. En diálogo con Radio 750, la letrada no dudó en calificar como lo más angustiante de estos ocho años «el destrato a los deudos, la evidente inequidad ante la ley y una administración de justicia que dista de ser imparcial». Sus palabras pintaron un panorama desolador sobre las condiciones en que los familiares, oriundos de distintos puntos del país, enfrentan este momento crucial. «Se hallan esparcidos a lo largo y ancho de la Argentina, carecen de recursos económicos, ni siquiera para costear el gasto más mínimo. Son, en su mayoría, suboficiales, gente sin poder ni apellidos de alcurnia. Esta realidad triplica el esfuerzo que debemos realizar para sortear los obstáculos y poder avanzar», describió con vehemencia la representante legal.
A pesar del arduo camino recorrido, Carreras enfatizó que la mera realización de este juicio oral constituye «un triunfo que pertenece a los familiares», un reconocimiento a la incansable lucha que sostuvieron tanto en las calles como en los pasillos de los tribunales para que se esclarezca la verdad. Con la mirada puesta en las audiencias venideras, la abogada adelantó cuál será la estrategia central de la acusación: «Demostraremos fehacientemente que estas trágicas muertes pudieron ser evitadas. El submarino no contaba con las condiciones mínimas de navegabilidad. Presentaremos todas las pruebas para dejar sentado, de manera firme e irrefutable, que las reparaciones necesarias y obligatorias nunca se llevaron a cabo».
En este escenario judicial, el banquillo de los acusados estará ocupado por cuatro altos oficiales de la Armada. Sobre ellos, Carreras fue contundente al señalar que se trata de «las máximas autoridades que tenían la responsabilidad directa y la injerencia total en los hechos que desencadenaron la tragedia». No obstante, la abogada también expresó su frustración por la imposibilidad de extender las imputaciones a la esfera política. «No logré que ningún dirigente político rindiera cuentas en esta causa», confesó con pesar.
En este contexto, la letrada trajo a colación el único procesamiento que enfrentó el expresidente Mauricio Macri en relación con el caso, aunque aclaró que este se circunscribía a una causa completamente diferente: el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Carreras recordó con amargura cómo aquella investigación perdió impulso al ser remitida a los tribunales de Comodoro Py. «En cuanto el exmandatario fue procesado, el expediente se trasladó a esos fueros y allí se diluyó por completo, quedando en la nada», sentenció.
Finalmente, la abogada reveló un intento de maniobra que buscaba llevar la causa principal del hundimiento al mismo destino. «También pretendieron trasladar este expediente a Comodoro Py, pero nos opusimos firmemente y logramos preservar la competencia originaria de los tribunales del sur, que es donde debe investigarse esta tragedia», concluyó Carreras, dejando en claro que la lucha por la verdad y la justicia, aunque con este juicio da un paso gigante, aún enfrenta múltiples batallas en su camino.
