Efectivos de la Ciudad avanzaron contra trabajadores, familias y dirigentes que se manifestaban pacíficamente frente a la Secretaría de Trabajo. Hubo heridos, detenidos y un clima de «violencia inusitada», según denunciaron los presentes.
En una jornada que se presumía clave para destrabar el conflicto laboral en la emblemática fábrica de neumáticos, la tensión estalló en las inmediaciones del microcentro porteño. Lo que debía ser un acompañamiento gremial a una reunión de suma importancia en la Secretaría de Trabajo se transformó en una escena de caos y violencia. Efectivos de la Policía de la Ciudad, con el rostro desencajado y el brazo en alto, reprimieron con contundencia a los trabajadores despedidos de la empresa FATE que se congregaban pacíficamente en la puerta del organismo, ubicado sobre la avenida Leandro Alem al 600.
La acción de la fuerza de seguridad, que responde orgánicamente a las órdenes del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no se hizo esperar y escaló en brutalidad de manera vertiginosa. Mientras en el interior del edificio los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) exponían la crítica situación de los más de 900 cesanteados ante los funcionarios nacionales, en el exterior, la realidad era otra. Sin mediar provocación alguna, los uniformados avanzaron con sus escudos, sus bastos y sus armas disuasivas, desatando una cacería humana.
El ataque comenzó de manera súbita frente a la dependencia oficial y se extendió como una mancha de pólvora por los alrededores. Los trabajadores despedidos, acompañados por sus familiares y niños, intentaron replegarse hacia la avenida Córdoba buscando resguardarse de la embestida. Sin embargo, la persecución fue implacable. Los camiones hidrantes comenzaron a arrojar chorros de agua a presión, mientras que efectivos en motocicletas y a pie cruzaban la avenida para acorralarlos. Los gases lacrimógenos tiñeron el aire de un escozor insoportable y las balas de goma silbaron, buscando hacer blanco en las piernas y espaldas de los huían.
Es importante remarcar que, en todo momento, la protesta se mantenía dentro de los cánones establecidos por el cuestionado Protocolo Antipiquetes del Ministerio de Seguridad, ocupando únicamente el carril permitido sin obstruir el paso del Metrobús. Esta condición, lejos de ser un atenuante para la fuerza, fue ignorada por completo. La desproporción en el accionar policial se hizo evidente cuando se observó a agentes, tanto de uniforme como de civil, golpeando a personas que ya se encontraban en el piso, víctimas de desmayos o simplemente derribadas por la turba enfurecida.
En medio del revuelo y los forcejeos, las fuerzas del orden detuvieron al dirigente sindical Eduardo Beliboni. Sin embargo, tras unas horas y al comprobarse que no existía falta alguna de su parte, fue puesto en libertad. La nómina oficial de aprehendidos aún es un misterio que las autoridades no se han dignado a esclarecer. Paradójicamente, y para sellar la ironía de la jornada, el fuerte operativo policial terminó haciendo exactamente lo que se le reprochaba a los manifestantes: cortar el tránsito. La circulación sobre la avenida Alem y sus calles adyacentes quedó totalmente interrumpida por el despliegue de efectivos y vehículos, generando un caos vehicular de magnitudes.
El absurdo alcanzó su punto máximo cuando, en el fragor de la represión, varios de los micros rojos utilizados por el gobierno porteño para el paseo turístico «Bus Turístico» quedaron atrapados en medio del operativo, con viajeros nacionales y extranjeros en su interior, que observaban atónitos la violencia desatada desde las ventanillas.
La condena al proceder policial no se hizo esperar por parte de los referentes políticos y sindicales presentes. El diputado nacional Hugo Yasky, quien se encontraba en el lugar brindando su apoyo a los cesanteados, manifestó su repudio con crudeza. «Estábamos allí, respaldando la gestión para lograr la conciliación obligatoria, y de repente comenzaron a reprimir con una saña increíble, como si fuéramos alimañas», denunció el también secretario general de la CTA.
En la misma sintonía se expresó Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. El dirigente calificó el accionar de «violencia inusitada e inaceptable», recalcando que la manifestación contaba con la autorización del propio gobierno de la Ciudad. «Sin previo aviso, sin diálogo, largaron todo: gases, balazos, arrastraron a la gente por el asfalto y pretendieron detener a diputados nacionales. Es evidente que para este Gobierno la represión es la única vía de diálogo con el pueblo», enfatizó Godoy en diálogo con una emisora porteña.
La movilización de esta jornada había sido convocada de manera espontánea tras el anuncio de la reunión en la Secretaría de Trabajo. El objetivo del encuentro era, justamente, destrabar el complejo conflicto que mantenía en vilo a la industria del neumático, buscar una salida negociada al paro de 24 horas declarado por el SUTNA y, fundamentalmente, exigir la reincorporación inmediata de los 920 empleados que la empresa FATE había despedido de manera unilateral, una decisión calificada de «ilegal» por los gremios. En lugar de soluciones, los trabajadores encontraron gases y bastonazos.
