En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el mandatario prometió eliminar «barreras absurdas» para explotar riquezas, en clara sintonía con los intereses mineros. Mientras el Gobierno acelera en el Congreso una reforma que desguaza la Ley de Glaciares y exhibe el proyecto como trofeo en ferias internacionales, asambleas socioambientales, científicas y vecinales despliegan una campaña federal para advertir sobre las consecuencias irreversibles de dejar los reservorios de agua dulce a merced de las corporaciones.
La frase no incluyó epítetos ni descalificaciones directas, pero en el entramado social que desde hace años vigila cada movimiento en las altas cumbres resonó como una bofetada. Cuando Javier Milei prometió desde el recinto parlamentario situar a la Argentina «lejos de prejuicios ambientalistas absurdos» y «eliminar las barreras que se interponen entre la sociedad y sus riquezas», no hizo más que encender una alerta que ya recorría las provincias cordilleranas. El anuncio llegaba en la víspera de un debate crucial: este miércoles desde las 10, las comisiones de la Cámara de Diputados comenzarán a discutir en plenario la modificación de la Ley de Glaciares, después de que el Senado diera media sanción a un proyecto que, según denuncian organizaciones de todo el espectro, responde punto por punto a los intereses de media docena de empresas mineras.
La Casa Rosada juega con los tiempos al filo del cronómetro. La ambición oficialista es sellar dictamen antes del 11 de marzo para desembarcar en la Argentina Week de Nueva York, entre el 9 y el 12 de ese mes, con un trofeo legislativo bajo el brazo. Allí viajará el propio Milei acompañado por su hermana Karina, el ministro de Economía Luis Caputo, el vocero Manuel Adorni, los funcionarios Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, más un contingente de gobernadores de provincias mineras y empresarios del sector. Para esa ocasión ya tienen previsto un panel específico: «Desbloqueando la frontera minera de Argentina: la próxima potencia mundial en minerales críticos», donde compartirán escenario con CEOs de compañías extranjeras que intensificaron sus proyectos de extracción de cobre y litio al amparo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. El encargado de moderar el cónclave será Daniel González, viceministro de Energía y Minería, quien según revelaciones periodísticas se sienta también del otro lado del mostrador como director de Adecoagro, una firma con sede en el paraíso fiscal luxemburgués vinculada a negocios energéticos. González, vale recordarlo, preside además el Comité Evaluador de Proyectos del RIGI, el mismo mecanismo que define qué inversiones merecen los beneficios del Estado.
Mientras la delegación argentina exhibe en la convención minera de Canadá, la Prospectors & Developers Association of Canada, los avances legislativos como un logro consumado, en las provincias la resistencia se organiza con una herramienta que puede parecer modesta pero resulta estratégica: la información. Frente a la embestida que pretende desguazar la norma sancionada en 2010, activistas, científicas y vecinos salieron a hacer docencia en los territorios. El primer desafío, reconocen, es tan elemental como titánico: explicar qué es realmente un glaciar y por qué su existencia condiciona la vida cotidiana de millones de argentinos que nunca vieron uno de cerca.
La definición no es un detalle técnico menor. La legislación vigente, considerada modelo en el mundo, protege no solo las masas de hielo visibles sino también los llamados ambientes periglaciares, esas formaciones de hielo subterráneo y suelos congelados que funcionan como reservorios estratégicos. El inventario elaborado a partir de esa norma arroja cifras elocuentes: en la Argentina existen 16.968 glaciares que se extienden a lo largo de 8.484 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a cuarenta y una veces la Ciudad de Buenos Aires. Estas estructuras no son meras postales turísticas para el disfrute de quienes visitan El Calafate; constituyen ecosistemas complejos, reguladores climáticos y, sobre todo, fábricas de agua dulce que alimentan cuencas enteras.
El proyecto que impulsa el oficialismo propone una cirugía mayor sobre ese entramado protector. La nueva redacción dejaría la definición de qué es un glaciar en manos de técnicos designados por cada provincia, un cambio que para la comunidad científica abre la puerta a decisiones basadas en intereses económicos antes que en evidencia. Bibiana Vilá, investigadora del Conicet que representa a ese organismo en el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña, advierte sobre las consecuencias de semejante modificación. Hasta ahora, explica, la definición descansaba en parámetros técnicos internacionales aplicados por una institución de prestigio como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el Ianigla. Con la reforma, cualquier perito alineado con los deseos de una corporación podría determinar los límites de lo protegible.
El concepto de ambiente periglaciar también está en la mira de la iniciativa oficial. El nuevo texto sostiene que la protección actual resulta «amplia e indefinida» y propone acotar la tutela únicamente a aquellos cuerpos de hielo que demuestren una «función hídrica efectiva y relevante» para la recarga de cuencas. La vaguedad de esa fórmula, denuncian los especialistas, dejaría fuera justamente aquellos glaciares de menor tamaño pero cruciales para el mantenimiento del ciclo del agua en regiones áridas o semiáridas.
En Mendoza, la memoria del territorio funciona como combustible de la resistencia. Allí las asambleas populares organizadas por departamentos acumulan la experiencia de la lucha contra el Proyecto San Jorge, un emprendimiento minero que movilizó a toda la provincia en 2019 y que logró ser frenado entonces, aunque hoy muestra signos de resurrección al calor del nuevo contexto político. Lo mismo ocurre en Andalgalá, Catamarca, donde la Asamblea El Algarrobo mantiene viva la llama de la oposición desde los tiempos de Bajo La Alumbrera, la primera mina a cielo abierto del país. Las caminatas de sus integrantes, perseguidas y detenidas en más de una ocasión, se han convertido en un símbolo de dignidad territorial que ahora adquiere renovado vigor.
Mónica Jiménez forma parte de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir y también milita en la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos de Salta. Desde San Carlos, una localidad cercana a Cafayate donde el agua corriente no es apta para consumo humano, observa con preocupación el avance de una ley que terminaría de hipotecar el futuro hídrico de su región. En los cerros cercanos se levantan el Nevado del Chucha y el Nevado de la Conquija, ambos con sectores glaciares. El río Calchaquí nace en La Poma, alimentado por glaciares de escombro. Todo ese sistema sostiene la vida en una zona semidesértica que apenas recibe 150 milímetros de lluvia al año. Explicar a los propios vecinos la conexión entre esas masas de hielo lejanas y la canilla que no da agua potable se ha convertido en una tarea cotidiana.
En El Calafate, el corazón del turismo glaciar, la preocupación tiene matices propios. Nazarena Paschetta, integrante de la Asociación de Guías, aclara que la zona que recorren a diario cuenta con triple protección: la ley nacional, el reconocimiento de la Unesco y la condición de parque nacional. Sin embargo, eso no la exonera de la responsabilidad de informar a los visitantes que llegan de todos los rincones del planeta para maravillarse con el paisaje. En sus recorridas, Paschetta elude las opiniones personales pero brinda datos científicos que permiten a cada turista formar su propio criterio. Quien se abre a escuchar, asegura, termina comprendiendo sin dificultad que los glaciares son presente y futuro, que resguardarlos equivale a resguardarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a quienes vendrán después. Esa convicción, la de que conocer el lugar que se habita y quererlo constituye el principio básico de la conservación, choca de frente con la ignorancia que la guía mendocina dice haber escuchado en boca de algunos senadores durante el debate, o con los giros abruptos de quienes como Luis Juez cambiaron de posición sin dar demasiadas explicaciones.
Mientras el Gobierno confía en tener los votos atados en Diputados y sueña con llegar a Nueva York mostrando una ley que derriba barreras, las asambleas populares, los colectivos de científicos, las organizaciones de base y los simples vecinos se preparan para dar una batalla que excede lo meramente legislativo. Saben que el camino es cuesta arriba, que la maquinaria del poder corre con ventaja, que los tiempos parlamentarios juegan en contra. Pero también saben que en sus manos está la posibilidad de sembrar una pregunta incómoda en el debate público: de qué sirve declararse potencia minera si para eso hay que sacrificar el agua que beberán las próximas generaciones.
