A 50 años del Golpe cívico-militar, destacados organismos de derechos humanos encabezados por Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel expusieron en el Congreso la alarmante parcialidad del sistema judicial. Mientras un represor condenado a cadena perpetua goza de salidas para hacer gimnasia, la exmandataria enfrenta un arresto domiciliario con restricciones que calificaron de «inhumanas».
En la antesala de una fecha que interpela la memoria colectiva de la Nación, cuando están por cumplirse cinco décadas del quiebre institucional que sumió al país en la oscuridad, la voz de los organismos de derechos humanos retumbó con fuerza en los escalones del Congreso. Con una mezcla de indignación y dolor, denunciaron lo que consideran una fractura ética en el corazón del Poder Judicial: una vara que se torna de hierro para los dirigentes surgidos de la voluntad popular y de algodón para los artífices del terrorismo de Estado.
En el centro de la controversia se yergue la figura de Alejandro D’Agostino, un nombre que a muchos les helará la sangre. Este individuo, sentenciado a prisión perpetua por su papel como piloto de los vuelos de la muerte que arrojaron al Río de la Plata a tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, protagoniza un escándalo de impunidad en movimiento. Según documentó el Ministerio Público Fiscal, este condenado ha quebrantado en más de diez ocasiones el régimen de prisión domiciliaria que se le concedió. Lejos de enfrentar consecuencias por estos ilícitos, D’Agostino goza de una permisividad asombrosa, que incluye autorizaciones especiales para concurrir periódicamente a practicar aquagym en instalaciones de la Prefectura Naval Argentina. Sus salidas, lejos de ser un hecho excepcional, se han convertido en una rutina que contrasta ferozmente con el encierro que padece la exmandataria.
La escena se vuelve un espejo deformante si se observa el presente de Cristina Fernández de Kirchner, quien supo ocupar la primera magistratura en dos ocasiones y la vicepresidencia en una tercera. Su domicilio en la calle San José 1111 se ha transformado en una cárcel de meticulosa vigilancia. Las condiciones impuestas por la justicia federal le vedan la posibilidad de recibir visitas por más de cuatro horas a lo largo de toda una semana, y ni siquiera le es permitido el acto simple y humano de ascender sin restricciones a la terraza de su propia vivienda.
Fue en este contexto de contrastes que, encabezados por las emblemáticas figuras de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, un nutrido grupo de organizaciones alzó la voz. En una conferencia de prensa desarrollada en la plaza del Congreso, los referentes señalaron con crudeza la complicidad funcional del Poder Judicial, que a su juicio apaña y protege a los peores criminales de la historia argentina mientras orquesta una persecución sistemática contra los líderes populares. El reclamo fue directo y explícito hacia los magistrados del Tribunal Oral Federal 2, los mismos que dictaron la condena contra la ex presidenta, exigiéndoles una revisión inmediata e impostergable de las severas condiciones que rodean su arresto domiciliario.
El clima de tensión política, lejos de apaciguarse, encuentra su correlato en las gradas del poder legislativo. Mientras los oradores denunciaban esta disparidad, el eco de un coro destemplado resonaba en las bancadas oficialistas. «¡Tobillera! ¡Tobillera!», coreaban diputados y senadores de La Libertad Avanza, azuzados por la arenga del presidente Javier Milei, quien en un discurso encendido vaticinaba una seguidilla de condenas contra la líder de Unión por la Patria. El mandatario anticipaba futuros fallos adversos en la causa conocida como «Cuadernos de las Coimas», que apenas inicia su tramo oral, y en el expediente por el Memorándum con Irán, un proceso que ni siquiera ha comenzado a debatirse, a pesar de la celeridad inusitada con la que la Corte Suprema dejó firme un veredicto adverso a mediados del año anterior.
De esta manera, a escasos días de una conmemoración que debería unir a los argentinos en el reclamo de «Nunca Más», la jornada dejó al descubierto una herida abierta: la percepción de que la justicia se administra con un evidente doble estándar, otorgando privilegios a quienes atentaron contra la vida humana y aplicando el máximo rigor contra quienes ejercieron el poder por mandato de las urnas.
