La oposición parlamentaria logró torcer el brazo de La Libertad Avanza, que pretendía un tratamiento relámpago. Las exposiciones de especialistas y ciudadanos interesados se llevarán a cabo el 25 y 26 de marzo, en un esquema mixto que combinará la presencialidad con la participación remota.
En un giro inesperado dentro del tablero legislativo, el oficialismo se vio compelido a reestructurar por completo la hoja de ruta que había diseñado para avanzar con celeridad en la controvertida reforma de la Ley de Glaciares. La presión ejercida desde diversos arcos opositores, unida a los imperativos constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país, resultaron determinantes para que finalmente se diera lugar a un proceso de deliberación más amplio y participativo.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se convirtió en el escenario de esta pulseada política, donde la transparencia y el federalismo emergieron como las banderas esgrimidas por los bloques no alineados con la Casa Rosada. La exigencia de convocar a audiencias públicas, tal como lo estipula el artículo 41 de la Carta Magna, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, encontró eco después de intensas deliberaciones, postergando la firma del dictamen y corriendo el horizonte del debate en el recinto hacia los primeros días de abril.
Fue el diputado libertario Nicolás Mayoraz, al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien puso sobre la mesa los lineamientos iniciales del nuevo cronograma. Con la intención manifiesta de otorgar los plazos necesarios para una adecuada difusión, el legislador propuso inicialmente una jornada única de exposiciones. Sin embargo, la iniciativa original, que contemplaba una ventana de nueve horas, fue rápidamente objetada por las bancadas opositoras, que vislumbraron en esa limitación temporal un intento de restringir la diversidad de voces.
La representante de Unión por la Patria, Sabrina Selva, emergió como una de las voces más críticas de esa estructura exprés, planteando la necesidad imperiosa de garantizar un mecanismo que sea no solo participativo sino también transparente y, sobre todo, federal. Selva puso el acento en la naturaleza interjurisdiccional de las cuencas hídricas cuya preservación se vería directamente afectada por las modificaciones propuestas, y abogó por un esquema que no cercene la posibilidad de intervención de ningún ciudadano o especialista, incluso si ello implicaba extender las jornadas de deliberación. En su alocución, la diputada valoró positivamente la apertura al diálogo demostrada por el oficialismo para encauzar el debate conforme a los mandatos constitucionales y los tratados internacionales.
La presión ejercida por Unión por la Patria rindió sus frutos, logrando que la audiencia finalmente se desdoble en dos jornadas. La primera, programada para el 25 de marzo, tendrá lugar de manera presencial en el propio Palacio Legislativo, mientras que la segunda, al día siguiente, se desarrollará bajo la modalidad remota, facilitando así la intervención de aquellos residentes en las provincias más alejadas del centro político del país.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se sumó al reclamo de una perspectiva federal que trascienda el ámbito metropolitano. El diputado enfatizó la urgencia de articular un sistema que garantice la participación de todas las provincias con cuencas hídricas comprometidas, y extendió la convocatoria a aquellos distritos sin desarrollo minero actual, argumentando que la discusión posee aristas constitucionales interjurisdiccionales que atañen a la totalidad del territorio nacional.
La desconfianza hacia la organización propuesta por el oficialismo encontró en Lucía Cámpora a una de sus expositoras más vehementes. La diputada porteña realizó un cálculo elocuente: si se estipula un límite de cinco minutos por orador en una jornada de nueve horas, únicamente 108 personas podrían hacer uso de la palabra, lo que se traduce en una media de cuatro o cinco expositores por provincia. Ante esta perspectiva, Cámpora exigió que el esquema no resulte restrictivo y permita una participación mucho más amplia. Para graficar su postura, recordó que la audiencia pública convocada por la Ciudad de Buenos Aires para debatir la venta del predio de Costanera Sur se prolongó durante tres meses, lo que contrasta marcadamente con las apenas 48 horas previstas para un tema de semejante envergadura ambiental. Asimismo, la legisladora reclamó que se garantice la transparencia en el mecanismo de inscripción, de modo que pueda conocerse públicamente el orden y la identidad de los inscriptos, evitando así cualquier sospecha de manipulación en la selección de los participantes.
El massista Diego Guliano, por su parte, puso de relieve lo que consideró una contradicción en la actitud del oficialismo, que ahora se muestra dispuesto a abrir el juego después de que sus referentes en el Senado aprobaran el proyecto «a libro cerrado». Guliano celebró, no obstante, el acatamiento a la normativa constitucional y a los pactos internacionales, en particular el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina en 2020 mediante la Ley 27.566. Este tratado regional establece como obligatorios los mecanismos de participación ciudadana en decisiones con impacto ambiental significativo, subrayando la necesidad de que dichos procesos sean tempranos, informados y transparentes.
La ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en las deliberaciones parlamentarias también mereció un duro cuestionamiento por parte de la cordobesa Gabriela Estévez. La diputada de Unión por la Patria reclamó la presencia de funcionarios nacionales para que expongan sin ambages los objetivos que persigue el gobierno con esta iniciativa legal. Estévez instó a que se defina con claridad cuándo asistirá el ministro del área a brindar explicaciones sobre los intereses subyacentes a la reforma.
Los ejes de la iniciativa oficial
El proyecto impulsado por la administración de Javier Milei, que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 26 de febrero con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, propone una redefinición de los conceptos de glaciar y ambiente periglacial. El punto medular de la iniciativa radica en la transferencia a las provincias de «la utilización racional de los recursos naturales existentes» en sus territorios. En la práctica, esto implica que serán los gobernadores, y no el Estado nacional, quienes asuman el control y monitoreo de las zonas a proteger o eventualmente explotar.
El texto establece que, a partir de estudios técnico-científicos, serán los distritos provinciales los encargados de registrar cada área en el Inventario Nacional de Glaciares, determinando qué zonas serán consideradas ambientes glaciares o periglaciales. Aquellas extensiones analizadas que no cumplan con funciones hídricas quedarían excluidas de dicho inventario, un aspecto que ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y legisladores opositores, quienes advierten que esa exclusión habilitaría automáticamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esos territorios.
Polémica por la postergación del debate sobre incendios
En un contexto signado por los graves incendios forestales que asolaron la Patagonia durante el verano, la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el libertario José Peluc, había programado una reunión informativa para abordar la problemática con brigadistas y especialistas. La abrupta cancelación del encuentro con apenas 24 horas de antelación, argumentando la prioridad del tratamiento de la Ley de Glaciares, generó una ola de indignación entre los legisladores opositores.
La rionegrina Adriana Sarquis fue particularmente enérgica en su repudio a lo que calificó como una falta de respeto hacia los bomberos y voluntarios que habían viajado desde distintos puntos del país para participar en la convocatoria. La diputada cuestionó la desprolijidad de la comisión al dejar plantados a estos actores fundamentales en la lucha contra el fuego, evidenciando una vez más las tensiones y contradicciones que atraviesan el tratamiento de las cuestiones ambientales en el Congreso.
