La salida del ahora exfuncionario estaba anunciada desde hacía meses, aunque la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo demoró su reemplazo. El Presidente optó por postergar la decisión hasta después de las elecciones, pero la reforma del régimen penal juvenil terminó de sellar la partida. El hasta ahora fiscal porteño asume este jueves junto a Santiago Viola con el objetivo de cubrir más de quinientas vacantes estratégicas, entre ellas la Procuración General y dos puestos en la Corte Suprema.
El final del ciclo de Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia era un secreto a voces que resonaba con la misma intensidad que una canción pegadiza en la temporada veraniega. La pregunta que durante semanas circuló por los pasillos de la Casa Rosada no era si ocurriría la salida, sino cuándo se materializaría y, fundamentalmente, quién ocuparía ese codiciado sitial. La pulseada por definir al sucesor enfrentó a dos figuras centrales del círculo íntimo del mandatario: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella Santiago Caputo. Finalmente, la balanza se inclinó hacia la primera, quien logró imponer a Juan Bautista Mahíques, hasta ayer al frente de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El flamante ministro prestará juramento este jueves en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de Hacienda, y estará secundado por Santiago Viola, otro hombre de confianza del núcleo duro libertario.
La dupla que ahora desembarca en el Ministerio deberá emprender una tarea de proporciones mayúsculas: avanzar en una suerte de recolonización del territorio judicial con la impronta y los valores que pregona el espacio gobernante. No se trata de una metáfora menor si se considera el abultado expediente de nombramientos pendientes que heredaron de la administración anterior. En la lista de espera figuran más de quinientos cargos estratégicos, entre jueces, fiscales y defensores de distintas instancias y jurisdicciones. A esto se suma la designación del Procurador General de la Nación, un puesto clave que permanece vacante desde hace años y que define la política criminal del país. Tampoco puede soslayarse la necesidad de cubrir al menos dos butacas en el máximo tribunal, cuya integración actual requiere de consensos que el oficialismo buscará torcer a su favor.
La crónica de esta transición tiene su origen en los meses previos a los comicios legislativos de octubre. Por entonces, las discrepancias internas acerca del perfil que debía tener el sucesor de Cúneo Libarona impedían sellar cualquier acuerdo. Ante la falta de consenso y para evitar un desgaste innecesario en plena campaña electoral, el primer mandatario solicitó al entonces ministro que dilatara su renuncia. El experimentado abogado accedió al pedido y continuó al frente de la cartera durante algunos meses más, hasta que la reciente sanción de la reforma sobre el régimen penal para adolescentes y jóvenes marcó el punto de inflexión definitivo. Con esa norma ya aprobada, el ahora exfuncionario comunicó que su periplo en el gabinete nacional había llegado a su fin.
En estas horas, Cúneo Libarona evalúa los pasos a seguir en su porvenir inmediato. Si bien manifestó su intención de dedicar más tiempo al entorno familiar, también dejó entrever la posibilidad de regresar a los estudios de televisión, un ámbito que frecuentó en el pasado y donde asegura sentirse a gusto. «Me entretiene y considero que allí realizo una suerte de divulgación sobre cuestiones jurídicas», expresó el saliente funcionario, dejando abierta la puerta a un eventual retorno a la pantalla chica.
Mientras tanto, la atención se centra ahora en la dupla entrante y en la capacidad que demuestren para sortear los escollos que impone la trama judicial. La misión que les encomendó la hermana del Presidente no es sencilla: poblar de perfiles afines los estrados vacíos y consolidar una estructura judicial que responda a los lineamientos del proyecto político en marcha. El desafío implica, además, sortear las resistencias que naturalmente despertará entre los sectores corporativos del derecho y la oposición parlamentaria, que seguirá con lupa cada movimiento en un tablero donde se juega buena parte del futuro institucional del país.
