Mientras la Casa Rosada minimiza el avance de una petrolera con vínculos directos con el Estado de Israel en la plataforma continental, las críticas arrecian por una política exterior considerada «desmalvinizadora» que privilegia alianzas estratégicas por encima del reclamo territorial histórico. La autorización de explotación en la Cuenca Malvinas Norte y las tibias reacciones oficiales reavivan el fantasma de la entrega de recursos.
La reciente polémica que envuelve a la diplomacia argentina, motivada por una reacción calificada de tardía y oportunista ante el avance de un patrullero británico en aguas jurisdiccionales, sumada a la controversia por la restricción de consignas soberanistas durante el encuentro deportivo ante la selección inglesa, ha puesto bajo la lupa el accionar del gobierno de Javier Milei respecto al archipiélago del Atlántico Sur. Este escenario de aparente parsimonia oficial adquiere una dimensión crítica al descubrirse el entramado que vincula la extracción de hidrocarburos en el suelo malvinense con intereses geopolíticos de primer orden, donde la firma Navitas, de estrecho lazo con el establishment israelí, emerge como el actor central de una operación que desangra los recursos argentinos sin que el Ejecutivo nacional articule una oposición firme.
El núcleo del conflicto actual radica en la autorización concedida en diciembre del año precedente por las autoridades coloniales de las Islas Malvinas a dos consorcios petroleros para iniciar la explotación del yacimiento conocido como Sea Lion. Este depósito, localizado en la Cuenca Malvinas Norte, a escasos 200 kilómetros de Puerto Argentino, alberga reservas que equivalen a un tercio del crudo existente en Vaca Muerta, la joya energética de la Patagonia. La operación, que otorga a la israelí Navitas el dominio del 65 por ciento del proyecto y a la británica Rockhopper Exploration el porcentaje restante, se llevó a cabo sin el más mínimo resquicio de aprobación por parte del Estado argentino, vulnerando de manera flagrante la ley 26.659, que regula la exploración en la plataforma continental. La Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, se limitó a emitir un comunicado de repudio que llegó con un retraso de dos días, solo después de que la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego exigiera un pronunciamiento, un gesto que fue percibido como una señal de debilidad y desinterés.
El análisis de los movimientos empresariales revela una maniobra financiera que bordea lo ilícito para sostener la viabilidad de Navitas en el archipiélago. Según investigaciones del sitio especializado Agenda Malvinas, la petrolera logró salvar su balance anual mediante un artificio contable que le permitió registrar ganancias ficticias por 178,6 millones de dólares. La artimaña consistió en heredar las pérdidas históricas de la anterior propietaria, Harbour Energy, y convertirlas en un «Activo por Impuesto Diferido», un vale de descuento tributario que el gobierno británico habilitó para que la firma israelí no abone impuestos futuros. Sin este mecanismo, el verdadero estado financiero de la compañía reflejaría números rojos por 4,4 millones de dólares, lo que evidencia que la supervivencia económica de la multinacional depende de manera desesperada del expolio de los recursos de la plataforma continental argentina. La maniobra subraya la presión económica que enfrenta la empresa para justificar su presencia en la región, aun a costa de la soberanía ajena.
El vínculo umbilical entre Navitas y el gobierno de Israel no es un detalle menor, sino el eje que explica la parálisis del gobierno argentino. Pese a que el embajador Eyal Sela y el canciller Gideon Sa’ar han insistido en que se trata de una entidad privada sin injerencia estatal, la trayectoria de sus directivos desmiente esa versión. El vicepresidente de la petrolera, Yacob «Koby» Katz, ocupó el cargo de Director General del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua en Israel, una posición de altísima relevancia en la planificación energética del país. Esta conexión directa coloca al Estado de Israel como un garante tácito de las operaciones en Malvinas, lo que ha llevado a figuras como el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, a sentenciar con crudeza que si el gobierno de Netanyahu quisiera intervenir, Navitas se retiraría de las islas. Carmona subraya que la administración Milei, alineada automáticamente con la política exterior israelí y caracterizada por sus reiteradas visitas al país de Medio Oriente, ha omitido por completo cualquier gestión pública para disuadir a la petrolera, una omisión que califica de «gravísima».
La inacción del Ejecutivo contrasta con el historial de reclamos judiciales que aún permanecen latentes. El director de Agenda Malvinas, Daniel Guzman, recordó que la explotación en la zona ya había sido denunciada penalmente en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, una causa que instruye el Juzgado Federal de Río Grande y que en su momento ordenó multas millonarias, secuestros de embarcaciones y el retiro de varias empresas. Sin embargo, Guzman lamenta que tras el acuerdo Foradori-Duncan, suscrito por Mauricio Macri, las administraciones posteriores desistieron de avanzar en el proceso judicial, dejando el camino allanado para que nuevos actores, como el consorcio israelí-británico, ocupen el espacio vacante con total impunidad. Esta herencia de desidia se ha visto agravada por la postura del actual mandatario, quien ha llegado a declarar en medios internacionales que las islas se recuperarán solo cuando los «isleños» así lo deseen, una concesión retórica que, en palabras de Carmona, supone una traición a la doctrina histórica de defensa territorial vigente desde 1833.
El escenario se enrarece aún más con la planificación de un viaje presidencial a Inglaterra previsto para los próximos meses, un movimiento que según Guzman imposibilita cualquier confrontación con el Reino Unido o con los intereses israelíes. El analista sostiene que Milei ha colocado a la Argentina en una situación de «casi no retorno diplomático», donde la estrategia se reduce a la búsqueda de alianzas económicas y geopolíticas que priorizan el libre mercado por encima de la integridad territorial. La autoproclamación del Presidente acerca de que «nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos» es considerada por Carmona como una «farsa», argumentando que ninguna gestión ha sido tan «desmalvinizadora» como la actual, superando incluso a las administraciones de Menem y Macri en su desapego por la causa. La falta de reacción ante el patrullero británico y la censura de los mensajes soberanistas en el ámbito deportivo son solo la punta del iceberg de una política exterior que parece haber resignado la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
