El Ministerio de Seguridad desembolsó casi 50 millones de pesos por cada miércoles de protesta, en un despliegue que el CELS califica como «desmesurado» y que equipara a más de 5.500 jubilaciones mínimas.
El Gobierno nacional destinó una cifra superior a los dos mil millones de pesos para financiar los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones de jubilados y jubiladas que, a lo largo de 2025, se congregaron en las adyacencias del Congreso de la Nación. La información, confirmada por el Ministerio de Seguridad en respuesta a solicitudes de acceso a la información pública presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), revela una erogación promedio de 48,5 millones de pesos por cada una de las 43 jornadas de protesta .
Esta abultada inversión en materia de seguridad contrasta abruptamente con la realidad que motiva las manifestaciones. Los adultos mayores reclaman, semana tras semana, por el severo impacto del ajuste previsional, la carestía de los medicamentos, las barreras para acceder a tratamientos de salud y la progresiva erosión de sus ingresos, que en muchos casos les impide costear incluso la canasta básica de alimentos . Frente a este escenario de vulnerabilidad, la administración libertaria optó por una respuesta contundente desde el punto de vista represivo, multiplicando los efectivos y los recursos logísticos en lugar de atender las demandas de fondo.
El relevamiento del CELS subraya que la cifra oficial es un cálculo «conservador», ya que se limita a contabilizar exclusivamente los gastos en combustible y equipamiento, omitiendo partidas esenciales como el pago de horas extraordinarias o los servicios adicionales de los cerca de 40.000 agentes movilizados a lo largo del año . De los 2.087 millones de pesos declarados, apenas 35 millones correspondieron a combustible, mientras que el 96% restante se destinó a «equipos» de la Policía Federal, sin que el Gobierno ofreciera precisiones sobre la naturaleza de estos insumos . Según la organización de derechos humanos, el monto total erogado equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con el bono incluido, calculado sobre el promedio del período .
El despliegue de fuerzas alcanzó su punto más álgido el 12 de marzo de 2025, cuando 1.266 efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal intervinieron en la protesta. Aquella jornada quedó trágicamente marcada por el grave impacto de una granada de gas lacrimógeno en el rostro del fotoperiodista Pablo Grillo, hecho por el cual el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero se encuentra procesado por los delitos de «lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función» y «abuso de armas agravado», mientras la investigación judicial avanza para determinar responsabilidades en la cadena de mando .
De las 43 movilizaciones monitoreadas, al menos 28 concluyeron con episodios represivos, dejando un saldo de 149 detenciones consideradas arbitrarias por las organizaciones sociales y más de 500 personas con heridas de distinta gravedad, provocadas por balas de goma, gas pimienta, lacrimógenos y carros hidrantes . Organismos como la Posta Sanitaria, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura documentaron minuciosamente estas violencias .
La respuesta oficial a las protestas, enmarcada en un abordaje de «problema de seguridad» en lugar de un legítimo ejercicio del derecho a la manifestación, fue duramente cuestionada por el CELS. La entidad señaló que el Ejecutivo nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y aborda el conflicto social con un despliegue descomunal de recursos, desatendiendo la pauperización de las condiciones de vida de los jubilados y las jubiladas . La contundencia de los números evidencia una definición política: para la disuasión y la represión, los fondos están asegurados.
