El ministro de Desregulación avanza con un nuevo borrador que deroga 13 leyes y modifica medio centenar, aunque desde el oficialismo admiten que la iniciativa aún no superó los filtros de la Casa Rosada y no tiene fecha de ingreso al Congreso
En medio de un escenario legislativo adverso, donde su antecesora propuesta permanece estancada en el Senado sin perspectivas ciertas de tratamiento, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, redobla la apuesta y perfila un nuevo compendio normativo de vasto alcance. El anteproyecto, al cual tuvo acceso este diario, se extiende a lo largo de 144 fojas y contempla una cirugía mayor sobre el entramado regulatorio argentino, aunque desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confiaron que el texto «no pasó todavía los filtros» pertinentes en Balcarce 50 y que, por el momento, «no está en agenda».
El espíritu del documento no difiere del que inspiró la fallida «Ley Hojarasca» que el funcionario impulsó en gestiones anteriores: una desregulación profunda y de amplio espectro que impacta de lleno en sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, esta vez el ministro parece haber afinado la puntería y ampliado el abanico de objetivos, incluyendo modificaciones sustanciales en ámbitos tan disímiles como el mercado inmobiliario, la comercialización farmacéutica, el sector editorial, la industria vitivinícola, la ganadería y el mercado energético, entre otros.
El proyecto, que aún no reviste carácter oficial y permanece en fase de revisión interna, propone la derogación de 13 leyes y la modificación de aproximadamente 50 normativas vigentes. Entre las que se pretende eliminar figura la Ley 24.331, que establece el régimen legal de las Zonas Francas en el territorio nacional. Dicha norma, concebida originalmente para estimular el comercio y la actividad industrial orientada a la exportación mediante significativas exenciones impositivas y aduaneras, permite actualmente el desarrollo de operaciones de almacenaje, logística, servicios y procesos de industrialización en áreas geográficas delimitadas del país.
Uno de los capítulos que concita mayor atención es el referido al régimen de Corretaje, donde el borrador propone una desregulación integral del mercado inmobiliario. Entre los puntos más salientes, se destaca la flexibilización de los requisitos habilitantes para ejercer como corredor: se elimina la exigencia de poseer título universitario de Martillero y Corredor Público, sustituyéndola por la condición de mayoría de edad y la acreditación del nivel secundario completo. Asimismo, se prohíbe taxativamente la fijación de aranceles mínimos, máximos o sugeridos, dejando la comisión a la libre negociación entre las partes intervinientes. El texto también habilita la creación de plataformas digitales para la validación y legalización de las operaciones de corretaje, lo que implicaría una virtual desintermediación del sector.
En materia energética, la iniciativa avanza hacia la liberalización total del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, el gas envasado en garrafas y cilindros. El proyecto deroga la Ley N° 26.020, que instituye el Régimen Regulatorio del GLP y lo declara como un «servicio público de interés general», facultando al Estado a fijar precios de referencia, instrumentar subsidios a través de la garrafa social y regular los cupos de abastecimiento. De concretarse la reforma, se limitaría drásticamente la injerencia estatal, que quedaría circunscripta a garantizar exclusivamente las condiciones de seguridad, mientras los precios quedarían librados a las oscilaciones de la oferta y la demanda.
El ámbito farmacéutico tampoco escapa a la embestida desregulatoria. El borrador contempla la habilitación de la venta digital y el envío a domicilio de medicamentos, sujeto a determinadas condiciones operativas. Pero el punto más controvertido radica en la autorización para comercializar fármacos de venta libre fuera de los establecimientos farmacéuticos tradicionales, una medida que genera fuerte resistencia en el sector y que el ministro ya había intentado impulsar en ocasiones anteriores sin éxito.
El sector editorial es otro de los blancos del anteproyecto. La propuesta plantea la derogación de la Ley N° 25.542, de Defensa de la Actividad Librera, que establece el precio uniforme de venta al público para los libros. La eliminación de esta normativa implicaría que las grandes cadenas de librerías y los supermercados podrían ofrecer descuentos agresivos, lo que, según los críticos, impactaría de manera negativa en las librerías independientes y de menor tamaño, al tiempo que podría alterar la diversidad editorial y el acceso a la cultura.
El sector agroganadero también protagoniza un capítulo destacado dentro del compendio. En el caso de la vitivinicultura, se introducen modificaciones a la Ley 24.566, que regula la actividad, con el objetivo de reducir los controles y la intervención estatal a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Entre las reformas más significativas, se establece que los controles de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorios para transformarse en optativos, mientras el Estado se limitaría a supervisar aspectos vinculados a la seguridad, la genuinidad y la aptitud para el consumo humano.
La carne vacuna tampoco queda al margen de la ofensiva. El texto propone un cambio estructural en el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), disponiendo que el SENASA y la Secretaría de Agricultura cesen, a partir del 1 de octubre de 2027, en el cobro de los aportes obligatorios destinados al organismo. La reforma apunta a transitar de un esquema compulsivo a otro basado en contribuciones voluntarias y en la generación de recursos propios a través de servicios.
Incluso el ámbito de los traductores públicos encuentra su espacio en el voluminoso borrador. La iniciativa pretende flexibilizar los criterios sobre la obligatoriedad de presentar traducciones al español en los procedimientos administrativos y judiciales, reduciendo los supuestos en los que resulta exigible. De prosperar, la medida impactaría de manera directa en la intervención de los traductores en el ámbito de la Administración Pública, un sector que históricamente ha gozado de protección legal para su actividad.
A pesar de la ambición desregulatoria que destila el documento, desde el oficialismo se encargan de bajar las expectativas. Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consultadas por este diario, fueron contundentes al señalar que el proyecto «no es oficial» y que «no está en agenda por ahora». Las mismas voces insistieron en que el texto «no pasó los filtros aún» en la Casa Rosada, lo que sugiere que, por el momento, el megaproyecto permanece en un limbo institucional mientras se aguardan definiciones políticas de mayor jerarquía.
El ministro Sturzenegger, no obstante, persevera en su objetivo de desregular y liberalizar distintos segmentos de la economía local, pese a los sucesivos frenos que tanto la oposición como los propios aliados legislativos le han impuesto en el Congreso. Su insistencia en avanzar con reformas de fondo, incluso cuando la agenda parlamentaria parece no dar tregua, evidencia una convicción ideológica inquebrantable que lo lleva a insistir una y otra vez con propuestas que, hasta ahora, no logran cristalizarse en normas sancionadas.
El cronograma para el ingreso del proyecto al recinto parlamentario permanece, por lo tanto, en el terreno de las especulaciones. Lo cierto es que el borrador ya circula en círculos reducidos del ecosistema político y económico, generando alarmas en los sectores potencialmente afectados, que ven con preocupación el avance de una iniciativa que, de concretarse, podría reconfigurar de manera radical las reglas de juego en múltiples mercados. Mientras tanto, el ministro continúa trabajando en la letra fina de un documento que promete, al menos en el papel, una transformación de proporciones mayúsculas en el andamiaje regulatorio argentino.
