El fiscal José Agüero Iturbe respaldó el recurso de su colega Franco Picardi y exigió que se revoque la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había cerrado la investigación sobre el acuerdo de financiamiento por más de 50.000 millones de dólares sellado durante la gestión de Mauricio Macri. El expediente deberá ser reexaminado por la Cámara Federal, en un contexto donde se denuncia una “evaluación sesgada y superficial” de las pruebas que demuestran presuntas irregularidades en la toma de deuda más abultada de la historia nacional.
La polémica en torno al multimillonario convenio suscripto con el Fondo Monetario Internacional en 2018 está lejos de extinguirse. A contrapelo del sobreseimiento dispuesto semanas atrás por la magistrada Capuchetti, el representante del ministerio público ante el tribunal de alzada, José Agüero Iturbe, se expidió en las últimas horas a favor de reabrir el debate. En un movimiento procesal de relevancia, el funcionario judicial hizo suyos los argumentos vertidos por el fiscal de primera instancia Franco Picardi, quien había calificado el fallo de cierre como una maniobra prematura y carente de profundidad investigativa.
Agüero Iturbe adhirió sin reservas a la postura de su subordinado, señalando que en el recurso impugnatorio se había caracterizado con precisión el entramado de conductas, la identidad de los presuntos responsables y el cúmulo de elementos probatorios que tornarían imperiosa la continuidad del proceso. El dictamen de Picardi, presentado a principios de febrero apenas tres jornadas después del archivo dispuesto por la jueza, consta de ochenta y cinco páginas donde se detalla minuciosamente el presunto esquema de maniobras irregulares.
El texto acusatorio no se limita a señalar al exmandatario Mauricio Macri como único responsable, sino que extiende las imputaciones a figuras de alto voltaje político que aún hoy ocupan funciones estratégicas en la gestión actual. Entre los mencionados figuran el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la cartera de Desregulación Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, todos ellos funcionarios del gobierno de Macri durante el período en que se gestó el acuerdo.
Una causa que incomoda al poder
El expediente judicial tuvo su origen en el primer entendimiento con el organismo multilateral de crédito rubricado en junio de 2018, en plena turbulencia cambiaria. Durante más de cinco años, la jueza Capuchetti mantuvo la causa en un compás de espera, para finalmente resolver que se trataba de una cuestión “no judiciable”, inherente a las decisiones de política económica y, por tanto, ajena al escrutinio penal. De manera taxativa, descartó cualquier hipótesis vinculada con desvío de fondos o apropiación indebida de recursos públicos.
La sincronía entre el fallo de la magistrada y la decisión gubernamental de retirar la querella estatal que impulsaba la Procuración General del Tesoro despertó suspicacias en diversos ámbitos jurídicos y políticos. No obstante, el expediente conserva un impulso vital gracias a la labor de la fiscalía, que a lo largo de estos años logró acumular evidencia sustancial proveniente de los propios organismos de control del Estado. Tanto el Banco Central como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación habían emitido alertas tempranas sobre el incumplimiento de normativas administrativas básicas.
Las irregularidades detectadas resultan múltiples y sustantivas. Entre ellas sobresale la ausencia de aprobación por parte del Congreso de la Nación, un requisito contemplado explícitamente en el artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna. La investigación reveló además que los trámites internos se consumaron con posterioridad a la firma del entendimiento, sin que mediara dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía ni autorización de la jefatura de gabinete para el inicio de las negociaciones. Tampoco existió un informe del Banco Central acerca de la factibilidad jurídica de la operación ni la rúbrica del ministerio de Finanzas.
Pese a este cúmulo de evidencias, la jueza consideró que la intervención parlamentaria resultaba prescindible y que los pasos administrativos cumplidos eran suficientes para convalidar el procedimiento. Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la encargada de revisar esa postura. El tribunal está compuesto por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ambos trasladados desde un tribunal oral mediante designaciones realizadas por Macri sin mediar concurso, y por Mariano Llorens, quien también fue ungido por el mismo gobierno pero sí atravesó el mecanismo de selección correspondiente.
La contundencia del dictamen fiscal
El fiscal Picardi no escatimó adjetivos a la hora de cuestionar el archivo dispuesto por Capuchetti. En su apelación sostuvo que la magistrada efectuó una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”. Calificó la decisión como “prematura”, dado que aún restaban aspectos sustanciales por dilucidar basados en elementos probatorios que la jueza omitió considerar deliberadamente.
El representante del ministerio público advirtió que el fallo vulnera el principio acusatorio al dejar de lado parte de la hipótesis delictiva planteada por la fiscalía frente a acontecimientos de “una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria”. En su extenso dictamen, Picardi desglosó los ejes centrales de la acusación.
El primero de ellos señala que la administración de Cambiemos contrajo una deuda estatal insostenible, a sabiendas de que resultaría imposible de repagar, por la astronómica suma de 57.100 millones de dólares. Este endeudamiento se habría concretado vulnerando la Constitución Nacional, las leyes vigentes y las normativas que regulan el funcionamiento de la administración pública y la toma de crédito público.
En segundo término, la fiscalía denuncia que los argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar el acuerdo fueron falsos y engañosos. Las autoridades proclamaron que los fondos servirían para reducir la deuda pública, domeñar la inflación, restaurar la confianza en los mercados, proteger a los sectores más vulnerables, generar empleo, disminuir la pobreza y elevar el nivel de vida de la población. Sin embargo, la investigación revela que las divisas ingresadas no se destinaron a cumplir esos objetivos. Por el contrario, a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central vinculadas a instrumentos de política monetaria y cambiaria, los recursos se canalizaron hacia la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado, desde donde se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional.
El dictamen también apunta a la posible existencia de beneficios económicos indebidos para los funcionarios intervinientes o para terceros, así como a la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con los deberes funcionales. Se habría administrado de manera discrecional y presuntamente fraudulenta parte de las divisas obtenidas, imposibilitando su control transparente y su trazabilidad.
Las consecuencias del megapréstamo
Como producto de este esquema que la fiscalía califica de defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI. El préstamo acordado no solo constituyó la cifra más elevada en la historia del país, sino también la más abultada que el propio organismo crediticio haya otorgado a nación alguna. El primer desembolso autorizado alcanzó los 50.000 millones de dólares con un plazo de repago de 36 meses, pero apenas cuatro meses después el directorio del Fondo aprobó una ampliación adicional por 7.100 millones. El monto total superaba holgadamente las reservas disponibles en el país al momento de suscribirse el acuerdo.
Picardi subrayó en su presentación que como consecuencia directa de todo este accionar, los funcionarios públicos a cargo del proceso ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio estatal cuantificado por la Sindicatura General de la Nación en 29.618 millones de dólares. A esta cifra deben sumarse otros daños de compleja estimación patrimonial derivados de los efectos del endeudamiento contraído y sus secuelas.
El fiscal insistió en que todas estas conclusiones surgen de documentación fehaciente: las cartas de intención suscriptas con el organismo multilateral, los informes técnicos elaborados por el FMI sobre la situación argentina, la documentación remitida por el Banco Central y el Ministerio de Economía, así como los pormenorizados informes de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Todo este caudal probatorio, enfatizó el representante del ministerio público, fue deliberadamente ignorado por la jueza al momento de disponer el archivo de las actuaciones.
Además de Macri, Caputo, Sturzenegger y Sandleris —estos tres últimos en calidad de extitulares del Banco Central—, el listado de imputados incluye al exministro de Economía Nicolás Dujovne y a varios exfuncionarios de la autoridad monetaria que integraron el Comité de Política Monetaria de la entidad durante el período en que se gestó y ejecutó el acuerdo.
La resolución que adopte la Cámara Federal en los próximos días resultará determinante no solo para el futuro procesal de los imputados, sino también para esclarecer ante la ciudadanía uno de los capítulos más controvertidos de la historia económica reciente. Mientras tanto, el expediente permanece abierto, a la espera de que la justicia determine si hubo delito en la contratación de la deuda más onerosa que haya afrontado el país.
