El escenario de estabilidad que le permitía al Gobierno libertario hacer equilibrio sobre el abismo económico se ha desvanecido. La escalada bélica en Medio Oriente reconfiguró el mapa financiero mundial, dejando al descubierto las fragilidades estructurales de la Argentina. Mientras los capitales huyen hacia refugios seguros, el dólar atrasado y la sangría de reservas ponen en terapia intensiva al programa económico, en un contexto donde el crecimiento no logra revertir la destrucción de empleo.
El pilar fundamental sobre el que se asienta la gestión de Javier Milei en la esfera económica ha comenzado a mostrar peligrosas fisuras. La administración libertaria, que hasta hace pocas semanas se jactaba de haber encontrado la fórmula para domar la inflación mediante un férreo control cambiario y un ajuste fiscal sin precedentes, amaneció con pronóstico reservado. La brusca escalada del conflicto internacional desatado en Medio Oriente no solo modificó el rumbo de los vientos financieros globales, sino que puso en la mira de los reflectores las profundas debilidades de un modelo que, hasta ahora, se sostenía más por la inercia especulativa que por fundamentos sólidos.
El propio mandatario, cuya verba irrespetuosa y estilo confrontativo quedaron plasmados en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, cosechó duras críticas más allá de las fronteras. Medios de renombre internacional, como el influyente semanario británico The Economist, calificaron su discurso como un alarde de arrogancia y agresividad injustificado. Más preocupante aún resulta el diagnóstico proveniente del mundo de las finanzas: seis de las entidades bancarias más poderosas del planeta —entre las que se cuentan JP Morgan, Citi, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo y Bank of America— emitieron señales de alerta. En sus análisis advierten que las vulnerabilidades estructurales de la economía argentina, lejos de resolverse, podrían verse amplificadas de manera dramática si la volatilidad global continúa en ascenso.
El nuevo ordenamiento geopolítico actuó como un parteaguas. La tregua cambiaria de la que gozaba el Gobierno, que le permitía cierta dosis de soberbia en medio del naufragio productivo y el deterioro social, quedó sepultada bajo los bombardeos. El cambio de clima es radical: la brisa que soplaba a favor se transformó en un viento frontal que golpea de lleno las velas de la economía nacional. La expectativa de consolidar el «carry trade» —esa estrategia que busca ganancias mediante la colocación de fondos en pesos ante un dólar reprimido para luego fugarse en divisas— se desvanece en el horizonte. En lugar de atraer capitales ávidos de rentabilidad, el país observa atónito cómo las inversiones emprenden un vuelo masivo hacia el oro y otros activos considerados refugios seguros, dejando a la plaza local en una posición de creciente vulnerabilidad.
A esta nueva dinámica internacional se suma un problema endémico que el oficialismo se niega a reconocer: el atraso cambiario. Los indicadores más precisos, como el tipo de cambio real multilateral —que mide la competitividad comercial del país—, revelan una situación tan delicada como la que antecedió a las grandes devaluaciones de 2018 y 2023. Un reciente informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) pone cifras a esta preocupación: el índice se encuentra apenas un escalón por encima del registrado en noviembre de 2023, justo antes de la brutal devaluación que marcó el inicio de la era Milei. El centro de estudios, en su análisis, corrige la metodología oficial para reflejar la realidad inflacionaria y lanza una advertencia contundente. En perspectiva histórica, el valor actual de la moneda local se ubica cerca de sus pisos más profundos, en sintonía con los niveles que antecedieron a la crisis cambiaria de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La combinación letal de un contexto internacional adverso y un dólar artificialmente rezagado da como resultado un cóctel explosivo. La primera consecuencia es el aumento del riesgo país, que en la Argentina escaló con una virulencia muy superior a la de sus vecinos de la región, como Brasil, Chile, Colombia o Perú. Esta disparidad refleja, según FIDE, la persistencia de serias dudas acerca de la capacidad de pago y la solvencia de la economía criolla. Este viernes, ese indicador que mide la desconfianza de los inversores ya superaba los 575 puntos básicos, ampliando la brecha con el resto de Latinoamérica. En un escenario de volatilidad como el actual, las economías con cimientos financieros endebles son las que sufren los embates con mayor crudeza, y la Argentina se convierte así en un epicentro de la tormenta, viendo cada vez más lejana la posibilidad de acceder al crédito externo que tanto necesita para refinanciar su elevada deuda de corto plazo.
Mientras tanto, en el frente interno, los síntomas de descomposición del esquema cambiario se multiplican. Los pequeños y medianos ahorristas, esos que el Gobierno daba por domesticados, han vuelto a refugiarse en la moneda estadounidense. La fuga de capitales para la formación de activos externos, que se había moderado tras las elecciones de octubre, repuntó con fuerza en enero, alcanzando los niveles más elevados para ese mes desde la crisis de 2018. Es previsible que la incertidumbre generada por la guerra global consolide esta tendencia. Paralelamente, se ha frenado el ingreso de divisas proveniente del endeudamiento privado de las grandes empresas. Mientras en enero las compañías captaban fondos del exterior por casi 3.300 millones de dólares, en febrero esa cifra se desplomó a poco más de 1.200 millones. Se seca así otra fuente clave que contribuía a la ilusoria calma cambiaria, justo cuando la demanda de dólares para atesoramiento vuelve a mostrar signos de expansión.
En medio de este panorama sombrío, persisten algunos factores que aún operan como pequeños diques de contención. El incremento en las exportaciones de energía, impulsado por la suba del petróleo, y el superávit comercial generado por la caída abrupta de las importaciones —consecuencia directa de la recesión industrial— ayudan a sostener un equilibrio cada vez más precario. Sin embargo, la incógnita sobre si estos ingresos alcanzarán para financiar la creciente sangría de divisas siembra un manto de duda que corroe cualquier atisbo de certidumbre.
El costo social de esta estrategia es, mientras tanto, cada vez más elevado. El círculo vicioso de la estanflación —estancamiento con inflación— profundiza un conflicto social latente. El cierre de fábricas y la destrucción de puestos de trabajo se aceleran, mientras el Presidente ratifica su desdén por el entramado industrial, al que considera un nido de privilegios. Su apuesta es clara: una economía volcada a las actividades primarias y financieras. El resultado de esta apuesta ya marcó un hito negro en la historia nacional. Por primera vez desde que se tienen registros, la economía creció —un 4,4 por ciento, impulsada por el agro, la minería y la energía— pero el empleo formal se contrajo. El crecimiento, lejos de derramar, excluye.
El futuro inmediato se presenta como un callejón de opciones limitadas. FIDE concluye que el margen para el crecimiento está fuertemente condicionado por la propia estrategia antiinflacionaria del Gobierno, que combina un ancla salarial que deprime los ingresos, una contracción fiscal y monetaria feroz, una apertura comercial que asfixia a la industria local y, nuevamente, el ancla cambiaria que distorsiona los precios relativos. Este mix de políticas impacta de lleno sobre el consumo y la producción, castigando con especial dureza a los sectores más ligados al mercado interno, que deben sortear la tormenta con menor demanda y, al mismo tiempo, una competencia externa cada vez más agresiva. La paz cambiaria, aquel espejismo que el oficialismo mostraba como trofeo, yace hoy hecho trizas, y su reconstrucción, en el actual contexto de guerra y fragilidad, parece una quimera.
