A pesar de nueve meses consecutivos de aumentos en el costo de vida, el Gobierno mantiene su receta de estabilización. Sin embargo, los números del INDEC y los relevamientos privados dibujan un panorama desolador: la actividad industrial está paralizada, el consumo masivo es una quimera y el campo, lejos de la fiesta oficial, enfrenta una ola de concursos y cierres que ya dejaron miles de trabajadores en la calle.
En el árido universo de las estadísticas, una cifra aislada suele ser una hoja a la deriva. Pero cuando se entrelazan, los números terminan por narrar una historia mucho más compleja y, a menudo, cruda. Los datos difundidos esta semana por el INDEC confirmaron un noveno mes consecutivo de escalada inflacionaria durante la gestión de Javier Milei. Este indicador no solo desmiente la narrativa oficial del control de precios, sino que expone las grietas profundas de un plan de estabilización que, lejos de domar la economía, se ha convertido en un mecanismo que expulsa lubricante a borbotones, coqueteando peligrosamente con un colapso anunciado. La apuesta inicial, un ajuste fiscal feroz destinado a enfriar los precios, logró su cometido por unos meses, pero a costa de hipotecar la actividad productiva y la inversión. El resultado es una paradoja letal: se ha “domado” al aparato productivo y se ha destruido el entramado de sectores estratégicos, pero la inflación, lejos de ser sepultada, proyecta para marzo un piso muy superior al tres por ciento.
Un estudio de la consultora Equilibra, que analizó medio siglo de políticas económicas globales, revela que de 46 intentos de estabilización, apenas una docena lograron su cometido de manera sostenida. La conclusión es lapidaria: todos los programas exitosos combinaron el ajuste inicial con un período posterior de crecimiento vigoroso. En la vereda opuesta, la administración libertaria ha transitado el camino de los fracasos transitorios, aquellos que, como el Plan Austral o el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, logran una baja inicial de precios para luego estancarse en un rango del tres o cuatro por ciento, mientras la falta de divisas y el costo social creciente tornan la obsesión antiinflacionaria en una pesadilla recurrente. El último relevamiento de Management & FIT es elocuente: la preocupación ciudadana por la inflación ha escalado varios puntos en cuestión de meses, erosionando el capital político que el oficialismo había acumulado. Este fenómeno no es solo el reflejo de precios recalentados, sino el síntoma más visible del impacto del ajuste en los hogares, un congelamiento de la economía que, en términos llanos, equivale a usar un misil de largo alcance para exterminar una modesta casa en el árbol, terminando por arrasar con el jardín y la vivienda principal.
La reciente “Argentina Week” en Nueva York, un foro diseñado para atraer inversiones que apuntalen el modelo, terminó siendo una muestra de humo con más espejismos que realidades. El auditorio neoyorquino albergó mayoritariamente a empresarios argentinos, y las cuatro inversiones anunciadas con bombos y platillos —por un total de 16.150 millones de dólares— provienen de firmas como Mercado Libre, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur y un proyecto minero de First Quantum. Se trata de compañías con una tradición inversora que atraviesa todos los ciclos políticos, y que hoy acceden a cuantiosos beneficios impositivos a través del RIGI para concretar desembolsos que, según reconocen los propios actores, se hubieran realizado de todas formas. Un informe de la Fundación Encuentro, difundido en las últimas horas, refuerza esta tesis: de los siete proyectos acogidos al RIGI, seis ya habían sido anunciados o estaban en marcha mucho antes de la sanción de la Ley Bases. La excepción es apenas una.
Detrás de la cortina de humo oficial, la fotografía de la inversión es desalentadora. La consultora Orlando Ferreres reportó que en enero la inversión se contrajo un 6,6 por ciento interanual, una tendencia que se consolida mes a mes. El derrumbe es particularmente agudo en maquinaria y equipos, con una caída del 6,9 por ciento, donde los bienes importados sufrieron un desplome del 14,6 por ciento, rompiendo quince meses de racha positiva. En la construcción, la estimación también arroja un descenso del 6,3 por ciento. El diagnóstico de Ferreres es contundente: cualquier reactivación sostenida está supeditada a un repunte de las inversiones productivas, algo que, por ahora, no se vislumbra en el horizonte.
El consumo masivo, según la consultora Scentia, solo ha mostrado signos de crecimiento en dos de los más de veintiséis meses que lleva la administración libertaria. Informes reservados de la Unión Industrial Argentina detallan que la actividad fabril se mantiene muy por debajo de los niveles de 2023 y que la destrucción de empleo ha traspasado el umbral de las suspensiones para devenir en el cierre definitivo de empresas. Lo más alarmante, sin embargo, es cómo la onda expansiva de la crisis está alcanzando a sectores que tradicionalmente habían sorteado mejor las tormentas económicas. El campo, pese a los cantos de sirena oficiales, es un ejemplo paradigmático de esta disparidad.
El campo, entre la «fiesta» de algunos y la ruina de muchos
Un relevamiento al que tuvo acceso Página/12 contabiliza que, en los dos años de gestión de Javier Milei, más de veinte empresas del sector agropecuario han cesado sus actividades o han ingresado en concurso de acreedores, un proceso que ha dejado un saldo de siete mil puestos de trabajo perdidos. En el sector frigorífico, cerca de diecisiete plantas a lo largo del país han solicitado formalmente ante la Secretaría de Trabajo la apertura de Procedimientos Preventivos de Crisis, una herramienta que busca evitar el cierre definitivo mediante la reducción de jornadas y salarios.
Imágenes de la reciente Expoagro resultan elocuentes para graficar la situación. El jueves pasado, dos largas colas de empresarios agrarios se disputaban la atención. Una, la de los bancos públicos, ofreciendo créditos a tasas irrisorias en un contexto donde el financiamiento es prohibitivo. La otra, más insólita aún: un grupo de jóvenes ejecutivos chinos, representantes de firmas de maquinaria como Weifang Tohone Tractor, forcejeaban con sus teléfonos para encontrar una señal de internet en el predio bonaerense, auxiliándose del traductor de Google para responder las consultas de una fila de productores cada vez más impacientes. La escena es una metáfora perfecta de lo que se avecina: así como ocurrió con la invasión de automóviles, la maquinaria agrícola china está lista para copar un mercado donde los gigantes locales, como Vassalli, atraviesan serias dificultades financieras.
Los números de la cámara de concesionarios ACARA son fríos: los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron un 10,7 por ciento interanual en febrero. Pero el dato más crudo es el de las cosechadoras nacionales, cuyas ventas se desplomaron un 5,1 por ciento a fines de 2025, mientras las importadas treparon casi un 27 por ciento. El documento elaborado por los equipos técnicos del exministro Julián Domínguez, que recorrió la muestra junto a dirigentes del peronismo, describe un escenario de fragilidad extrema que abarca desde las grandes empresas granarias hasta las economías regionales y la industria cárnica. En este último rubro, el informe señala que la combinación letal de una caída histórica en el consumo interno, el aumento de costos operativos —especialmente tarifas y logística— y la apertura de importaciones ha desatado una ola de cierres y despidos masivos. La faena vacuna, a inicios de 2026, registra un desplome del 11,8 por ciento interanual, convirtiendo a la carne en el sector con mayor conflictividad laboral.
La lista de frigoríficos en problemas es extensa y abarca todo el país. El Frigorífico Ganadera San Roque, en Morón, cerró sus puertas definitivamente el 3 de marzo, dejando a 140 operarios en la calle. En Pérez Millán, ArreBeef suspendió a 400 trabajadores y redujo su faena casi a la mitad. En La Pampa, el Frigorífico General Pico, de la familia Lowenstein —creadores de la marca Paty—, despidió a 194 empleados y activó un Procedimiento Preventivo de Crisis por una deuda millonaria. En Azul, el Frigorífico Devesa acaba de rescindir cien contratos, mientras que en Tres Arroyos, el Frigorífico Anselmo transita un proceso de quiebra que golpea la economía local. Santa Fe no es la excepción: el Frigorífico Euro, en Villa Gobernador Gálvez, arrastra un conflicto por salarios adeudados y recortes de personal desde fines de 2025. La explicación de la Mesa de Enlace es simple: el precio de la hacienda en dólares es más caro en Argentina que en Estados Unidos, pero la carne debe venderse a valores internacionales. En este contexto, los únicos que parecen celebrar son los dueños de la Sociedad Rural Argentina, encabezados por Nicolás Pino, cuyo negocio se centra en la genética bovina y no en la producción de carne. Sin embargo, la aparente armonía oficial tiene fisuras: el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda Born, se presenta como candidato a la presidencia en septiembre, representando a un sector más crítico que alerta sobre la crisis.
Las “aves” vuelan bajo y los cerdos emigran a Brasil
El sector avícola tampoco logra levantar cabeza. El informe destaca que las secuelas financieras de la gripe aviar y la pérdida de mercados externos mantienen a las empresas al borde del abismo. Granja Tres Arroyos, la principal productora del país, enfrenta conflictos salariales en su planta de Pilar y ya clausuró su establecimiento en Concepción del Uruguay, mientras se especula con el futuro de su planta «La China» ante la contracción de las exportaciones. En Entre Ríos y Buenos Aires, numerosas plantas de menor envergadura han reducido turnos, eliminando las horas extras que complementaban los ingresos de los operarios.
En el sector porcino, la historia se repite con matices. Aunque intentó captar parte del consumo que abandonó la carne vacuna, la apertura a las importaciones, principalmente desde Brasil, ha sido un mazazo para los productores locales. Si bien no se registran cierres de grandes marcas, un concurso de acreedores silencioso afecta a establecimientos de faena compartida en el interior de Córdoba y Santa Fe, ahogados por el elevado costo energético que demandan las cámaras de frío.
El dramático «concurso» de los gigantes
El trabajo de Domínguez ofrece un contraste impactante sobre la velocidad de la destrucción empresarial. Entre 2020 y 2026, veinte grandes firmas del agro cerraron o se presentaron en concurso. Durante la gestión de Alberto Fernández, fueron cinco. En los dos años de Milei, la cifra se triplicó a quince. Nombres emblemáticos jalonan este desolador paisaje. En la primera etapa cayeron Vicentín, Molino Cañuelas y Buyatti. Ya con la gestión libertaria, se desplomaron Red Surcos, Algodonera Avellaneda, la unidad de yogures de Sancor, Los Grobo, Agrofina, y la propia Sancor. La lista continúa con la papelera Celulosa, la forestadora de la familia Urtubey, Peabody Goldmund, y la reciente quiebra de Bioceres, una firma de biotecnología. La Suipachense decretó su cierre definitivo en las últimas semanas, mientras que Hilados SA, Bodegas Norton y Granja Tres Arroyos —esta última con 1200 empleados en vilo— negocian contrarreloj para esquivar la quiebra. El saldo final, entre todas estas compañías, supera los siete mil trabajadores despedidos o suspendidos, una cifra que resume el costo humano de un modelo que, obsesionado con un solo número, ha terminado por romper el termómetro y gran parte del cuerpo social.
