La diputada Marcela Pagano amplió la acusación penal contra el funcionario por la presunta existencia de una vivienda no declarada en un exclusivo complejo residencial de Exaltación de la Cruz, mientras su patrimonio declarado no registra bienes en esa zona
En el ojo de la tormenta judicial y política se encuentra Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de la Nación, luego de que en las últimas horas la diputada Marcela Pagano presentara una ampliación de la denuncia penal que pesa sobre el funcionario, incorporando nuevos y comprometedores elementos que darían cuenta de la existencia de una propiedad no declarada en un country de alta gama ubicado en la provincia de Buenos Aires.
La legisladora, conocida por su perfil combativo en causas de corrupción y transparencia estatal, emitió un comunicado oficial en el que detalla los pormenores de esta nueva arista investigativa. Según el texto difundido, la ampliación de la denuncia introduce evidencias vinculadas a lo que sería una vivienda de dos plantas situada en el Country Indio Cuá Golf Club, un emprendimiento residencial de características exclusivas enclavado en el partido de Exaltación de la Cruz, sobre el kilómetro 173 de la Ruta 6. El inmueble en cuestión, de tonalidad gris verdosa, se encontraría estratégicamente ubicado a escasos cien metros del hoyo 17 del campo de golf, un detalle que no solo permite identificarlo con precisión sino que además, y esto es lo medular del asunto, no figuraría en ninguna de las Declaraciones Juradas Patrimoniales que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción.
La presentación judicial ya fue formalizada ante el Juzgado Federal N° 1, en el marco del expediente CFP 1003/2026, caratulado «Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito», una causa que desde hace meses sigue de cerca los movimientos económicos y patrimoniales del alto funcionario.
Los testimonios que complican al funcionario
La pesquisa llevada adelante por Pagano, según expresa el comunicado, se asienta en testimonios recogidos de múltiples fuentes que coinciden en señalar que Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían encarado la construcción de una vivienda propia dentro de ese exclusivo complejo residencial. Los datos recabados indican que las expensas correspondientes al lote 380 del country comenzaron a aparecer nominadas a nombre de Angeletti, un giro administrativo que, a criterio de la denunciante, sugeriría la existencia de un vínculo dominial o cuando menos posesorio sobre el inmueble, circunstancia que tampoco fue reportada ante las autoridades de control.
Este silencio administrativo adquiere particular relevancia si se considera que, según la última declaración jurada pública de Adorni, correspondiente al ejercicio 2024 y presentada el 4 de agosto de 2025, el funcionario consignó únicamente dos propiedades: el cincuenta por ciento de un departamento en la Capital Federal y la totalidad de otro inmueble en la ciudad de La Plata. En ningún apartado de ese documento oficial se registran bienes situados en Exaltación de la Cruz ni en country alguno o barrio cerrado, una omisión que ahora podría costarle caro al jefe de Gabinete.
El valor de las propiedades en el Country Indio Cuá, de acuerdo con lo que reflejan los portales inmobiliarios especializados, oscila entre los 129 mil y los 249 mil dólares, una cifra nada desdeñable que, de confirmarse la propiedad no declarada, ensancharía considerablemente el patrimonio del funcionario sin el correspondiente respaldo en sus ingresos públicos declarados.
Ingresos insuficientes y gastos suntuarios
Uno de los aspectos más llamativos de la presentación judicial radica en el análisis comparativo entre los ingresos que Adorni percibe como funcionario y los gastos que, según las evidencias recogidas, habría afrontado en los últimos tiempos. La denuncia enfatiza que las remuneraciones públicas del Jefe de Gabinete resultan manifiestamente insuficientes para solventar simultáneamente un conjunto de erogaciones de alto voltaje económico que incluirían el alquiler en un country de lujo, la construcción de una vivienda, viajes aéreos de costo elevado y consumos mensuales con tarjeta de crédito de difícil justificación.
Entre los movimientos que han llamado la atención de la investigadora se menciona un vuelo privado con destino a Punta del Este cuyo costo se estima en torno a los diez mil dólares, así como un pasaje en clase premium adquirido para su cónyuge con destino a Nueva York, cuyo valor superaría los cinco mil dólares. Todo ello, subraya el documento, mientras los ahorros en moneda extranjera del funcionario permanecen estáticos en 48.720 dólares desde hace dos años, una inmovilidad que contrasta con la dinámica de gastos que se le atribuyen.
El entramado legal que se cierne sobre Adorni
Las figuras penales que podrían configurarse en caso de que las sospechas se confirmen son de extrema gravedad. La denuncia menciona el posible encuadre en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, tipificado en el artículo 268 del Código Penal, así como la falsedad ideológica de documento público contemplada en el artículo 293, el incumplimiento de los deberes de funcionario público del artículo 248 y la violación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Con el objetivo de esclarecer los hechos, Pagano solicitó al Juzgado un abanico de medidas probatorias que incluyen el libramiento de oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a la administración del Country Indio Cuá, a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, a la Oficina Anticorrupción, al organismo recaudador ARCA, a diversas entidades financieras y a la Unidad de Información Financiera. Asimismo, requirió una inspección ocular en el country con participación de perito oficial, la toma de declaraciones testimoniales a vecinos del complejo residencial, un informe detallado del Colegio de Escribanos bonaerense y la imposición de medidas cautelares patrimoniales, incluyendo embargo preventivo e inhibición general de bienes, tanto sobre los activos de Adorni como sobre los de su cónyuge.
Una causa que no es nueva
Cabe recordar que el expediente en el que ahora se incorpora esta ampliación ya se encontraba activo y bajo investigación judicial. La primera denuncia presentada por Pagano contra el Jefe de Gabinete apuntaba a un incumplimiento específico y de particular gravedad: Adorni no habría presentado aún su Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, a pesar del cargo que ejerce en virtud del Decreto 784/2025. Esta omisión, de por sí, constituye una vulneración de la normativa de ética pública que ahora se ve agravada por los nuevos elementos que emergen de la investigación complementaria.
El escenario que se abre para el alto funcionario es, cuanto menos, complejo. Mientras desde su entorno prefieren el silencio y la cautela, en los pasillos judiciales y políticos comienza a tejerse una trama que podría tener consecuencias impredecibles para la continuidad de Adorni al frente del Gabinete, en un momento en que la gestión gubernamental enfrenta desafíos de diversa índole. La justicia tendrá ahora la palabra, mientras la opinión pública observa con atención el desarrollo de una causa que promete nuevos capítulos en las próximas semanas.
