Un reciente estudio de la firma de ciberseguridad Kaspersky revela que el monitoreo no consentido mediante dispositivos móviles afecta al 25% de la población femenina en el país. Este fenómeno, vinculado al control en relaciones de pareja, opera en la clandestinidad tecnológica y profundiza las dinámicas de violencia de género, exponiendo la urgente necesidad de reforzar la seguridad digital y la conciencia sobre los riesgos del denominado “stalkerware”.
En un contexto donde la tecnología avanza a pasos agigantados, también proliferan los usos perversos de la misma. Una reciente indagación llevada a cabo por una reconocida compañía especializada en protección digital ha arrojado una cifra alarmante que sacude el tejido social peruano: cerca del 25% de las mujeres en el país ha sido víctima de la instalación clandestina de programas de rastreo en sus teléfonos inteligentes. Este dato, lejos de ser una mera estadística, desnuda la peligrosa facilidad con la que ciertas herramientas tecnológicas se transforman en instrumentos de acoso, vigilancia y restricción de la libertad ajena, operando en la más absoluta falta de transparencia y sin el beneplácito de quien las padece.
La magnitud de esta problemática ha generado profundas preocupaciones entre especialistas y defensores de derechos fundamentales, pues la intrusión en la privacidad ocurre, en la mayoría de los casos, bajo un manto de absoluto sigilo. El modus operandi de estos softwares maliciosos, técnicamente conocidos como “stalkerware”, se caracteriza por su instalación furtiva, que a menudo se aprovecha del acceso físico al dispositivo —en ocasiones, incluso en equipos que fueron obsequiados como regalos— sin que la usuaria manifieste su consentimiento. Una vez insertos en el sistema, estos mecanismos de espionaje se camuflan con maestría, funcionando en segundo plano como espectadores silenciosos que devoran información sensible.
El entramado técnico de esta forma de acecho es tan efectivo como perturbador. Los programas malignos permiten a quien los controla obtener un flujo constante de datos íntimos: desde el contenido de mensajes privados y el registro de llamadas, hasta la geolocalización en tiempo real y la actividad desplegada en redes sociales. Pero la vulneración no se detiene allí; en los casos más extremos, estas aplicaciones otorgan la capacidad de activar de manera remota los componentes de hardware del equipo, como el micrófono o la cámara, sin que en la pantalla aparezca señal alguna que delate la intrusión. Esta característica convierte al propio dispositivo personal en un aliado involuntario del agresor.
Especialistas vinculados al equipo de investigación de la firma de ciberseguridad advierten que esta tecnología no surge en el vacío, sino que se inserta y potencia las asimetrías de poder presentes en relaciones marcadas por la violencia. María Isabel Manjarrez, integrante del Equipo Global de Investigación y Análisis de la organización, subrayó que la clave para enfrentar este flagelo reside en un doble esfuerzo: por un lado, resulta imperativo continuar sembrando conciencia sobre la existencia y los alcances del problema; por el otro, es fundamental robustecer los hábitos de higiene digital en la cotidianidad. La experta insistió en la necesidad de realizar auditorías periódicas sobre los privilegios otorgados a las aplicaciones, custodiar el acceso físico al teléfono mediante mecanismos de bloqueo sólidos y mantener los sistemas operativos constantemente actualizados, como barreras esenciales para reducir la vulnerabilidad frente a este tipo de vigilancia ilegítima.
La dimensión de este fenómeno adquiere una gravedad aún mayor cuando se analiza dentro del panorama más amplio de la violencia de género en Perú. Los datos recabados por la encuesta pintan un escenario desolador: más de la mitad de las mujeres consultadas —un 51%— ha padecido alguna modalidad de violencia doméstica a lo largo de su vida, ya sea esta psicológica, económica, física, sexual o mediante la captura de imágenes sin su anuencia. En este contexto, la vigilancia digital rara vez se presenta como un incidente aislado. Por el contrario, los especialistas coinciden en que constituye una extensión lógica de un patrón sistemático de coerción y dominio, una herramienta más dentro de un repertorio de abuso que busca cercar a la víctima en todos los ámbitos de su existencia.
Las cifras también revelan una paradoja preocupante. Si bien un 58% de las peruanas manifiesta un rotundo rechazo hacia la supervisión tecnológica ejercida por una pareja sentimental, casi la mitad de ellas —exactamente el 49%— ha experimentado en carne propia la sensación de ser acechada a través de medios electrónicos. Este acecho se materializa a través de diversos canales: teléfonos celulares, computadoras portátiles, cámaras web, dispositivos de localización o cualquier otro aparato inteligente que forma parte del paisaje doméstico cotidiano. La investigación advierte que existen señales que pueden encender alertas tempranas, como cuando la pareja realiza comentarios que aluden a conversaciones privadas sostenidas en la intimidad, aparece de manera sorpresiva en lugares que la persona frecuenta sin haberlo manifestado, o demuestra conocer datos que solo fueron confiados a círculos de extrema confianza.
Ante esta realidad, el informe presentado no se limita a diagnosticar la magnitud del problema, sino que también traza una hoja de ruta práctica para la autoprotección. Una de las sugerencias más enfatizadas es la activación y mantenimiento de un sistema de bloqueo de pantalla robusto, ya sea mediante un número de identificación personal (PIN), una contraseña alfanumérica o un patrón de desbloqueo de alta complejidad. Esta práctica resulta crucial debido a que la mayoría de las instalaciones de software espía requieren que el agresor tenga, aunque sea por un breve lapso, acceso físico sin restricciones al teléfono de la víctima. Cerrar esa puerta es el primer paso para frustrar la mayoría de los intentos de infiltración.
Asimismo, los expertos recomiendan realizar inspecciones minuciosas y periódicas de los permisos que poseen las aplicaciones instaladas. Si una herramienta cualquiera solicita acceder a la ubicación geográfica, al micrófono, a la cámara o a los registros de mensajería y contactos sin que su funcionalidad lo justifique de manera evidente, puede tratarse de una bandera roja que anuncie un riesgo para la intimidad. Adicionalmente, prestar atención a comportamientos anómalos del dispositivo —como un consumo desmedido de batería, recalentamiento sin causa aparente o un uso desproporcionado de datos móviles— puede ofrecer pistas para detectar la presencia de programas que operan a escondidas. El documento también resalta la importancia capital de no postergar las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones, dado que estas suelen contener parches de seguridad que cierran brechas que podrían ser explotadas por los programas de monitoreo.
El principal obstáculo para desarticular este tipo de violencia tecnológica, coinciden los analistas, reside precisamente en su naturaleza discreta y silenciosa. La mayoría de las mujeres no identifica de manera inmediata que su dispositivo está siendo intervenido, lo que retrasa la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda. Esta confusión inicial permite que la vigilancia digital se perpetúe en el tiempo, consolidándose como una prolongación naturalizada del control y la intimidación que muchas víctimas ya soportan en otras esferas de su vida. La advertencia de la especialista María Isabel Manjarrez resuena con claridad al señalar cómo la tecnología, cuando es desplegada con fines abusivos, se convierte en un artefacto que amplifica la vulnerabilidad.
En definitiva, los resultados de esta encuesta no solo evidencian una falla de seguridad individual, sino que ponen de manifiesto un desafío estructural que interpela a la sociedad en su conjunto. El fenómeno del stalkerware revela la imperiosa necesidad de elevar el nivel de conciencia colectiva sobre los riesgos inherentes a la adopción tecnológica desprevenida. Frente a un escenario donde las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan con facilidad, la protección de los derechos digitales de las mujeres se erige como una pieza fundamental en la lucha contra la violencia de género. Fortalecer el conocimiento, fomentar prácticas preventivas y generar redes de apoyo informático y legal son pasos ineludibles para desactivar estas herramientas de control y garantizar que la tecnología, en lugar de ser un instrumento de dominación, se convierta en un aliado para la autonomía y la libertad.
