La administración nacional ultima los detalles de una intervención audiovisual para conmemorar una nueva fecha del aniversario del quiebre institucional, apostando a un relato de superación del pasado en un clima de fuertes definiciones políticas y reestructuraciones internas en áreas clave de Justicia.
A cincuenta años del quiebre institucional más profundo de la historia contemporánea, la estrategia comunicacional del Gobierno se encamina a plasmar un mensaje que, lejos del revisionismo explícito, busca instalar en la opinión pública la necesidad de transitar hacia una etapa de reconciliación, dejando atrás las grietas que, según esa visión, perpetúan divisiones estériles. En esa línea, la Casa Rosada ultima los preparativos para una intervención en las redes sociales prevista para el próximo martes, una pieza central que intentará condensar, a través de un formato dialógico, una mirada que algunos sectores interpretan como un giro hacia la clausura del capítulo de la memoria.
La apuesta comunicacional se materializará en dos producciones audiovisuales cuya difusión está pautada para esa jornada. En ellas, se anticipa un intercambio inusual: un diálogo entre descendientes de militantes políticos de las décadas de los setenta y herederos de integrantes de las fuerzas armadas, donde la premisa del olvido como herramienta de pacificación social se erige como el eje conceptual por sobre la persistencia del recuerdo histórico. Este recurso escénico no es novedoso en la estrategia oficial; ya en 2024, una pieza similar difundida desde Balcarce 50 había reunido a figuras disímiles, como la hija de un militar víctima de la violencia guerrillera, un reconocido exfuncionario de inteligencia y un autodenominado exmilitante que impulsó versiones controvertidas sobre la cifra de víctimas del terrorismo de Estado.
Sin embargo, la continuidad estilística encuentra este año un contraste con decisiones de fondo que marcan una inflexión. Fuentes oficiales confirmaron que no se llevarán a cabo filmaciones en espacios emblemáticos de la memoria, como el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un lugar que en el pasado reciente había sido utilizado como escenario para discursos de corte negacionista. Asimismo, se desactivaron proyectos que estaban en carpeta, entre ellos un material que pretendía enfocarse en la violencia previa al derrocamiento constitucional con el propósito de desplazar la responsabilidad hacia quienes sufrieron la represión ilegal. Desde la cartera de Justicia, actualmente a cargo de Juan Bautista Mahiques, se insiste en que esa iniciativa “no se concretará”, en una clara señal de revisión interna de los contenidos simbólicos.
El contexto de esta producción comunicacional se desarrolla en medio de una delicada reestructuración dentro del área de Derechos Humanos, un sector que ha sufrido un notorio proceso de desjerarquización. La Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo pronunciamiento se ha decidido omitir en la conmemoración, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la intención de Mahiques de relevar a su actual titular, Joaquín Mogaburu. Este movimiento, sin embargo, ha topado con obstáculos inesperados. La búsqueda de un reemplazante se ha tornado compleja por dos razones fundamentales: por un lado, la dificultad de hallar profesionales dispuestos a asumir un cargo en un contexto político donde el discurso oficial ha utilizado tribunas internacionales para cuestionar a las organizaciones defensoras de derechos humanos y minimizar las atrocidades cometidas durante la dictadura; por el otro, la escasa atracción que ejerce un puesto que ha visto mermada su relevancia institucional tras la decisión gubernamental de reducir su rango jerárquico.
Aunque dentro del Gobierno circularon conversaciones para revertir esa desjerarquización y restituir el rango de secretaría, ninguna definición ha sido saldada. La tensión se eleva aún más por la reciente intervención de un grupo de relatores de Naciones Unidas, que instó a la administración de Javier Milei a reconsiderar el rumbo adoptado y a detener el desmantelamiento de las políticas de memoria. En medio de este escenario, se espera que en el transcurso de los próximos días se resuelva la situación de Mogaburu, quien, en caso de concretarse su salida, retornaría a su cargo de origen como secretario en el tribunal que recientemente tomó declaración indagatoria a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en una conocida causa por presunta corrupción.
Pese a los embates oficiales contra el andamiaje institucional construido en las últimas décadas, el sistema de justicia continúa su curso. Los números provenientes de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad reflejan la persistencia de un proceso que, a contramano de los discursos que propugnan el cierre, mantiene en marcha más de mil doscientas treinta condenas desde 2006, junto a un número superior a las mil personas aún bajo investigación y una docena de procesos judiciales activos en la actualidad.
En las antípodas de la narrativa oficial que busca instalar la idea de una página definitivamente cerrada, la convocatoria a movilizarse el próximo martes se perfila como la respuesta de una multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. La expectativa de una masiva concurrencia a las calles, bajo la consigna que atraviesa generaciones y que se erige como un principio ético innegociable, promete ser el contrapunto más elocuente frente a cualquier intento de clausura prematura: el Nunca Más, que vuelve a resonar como un eco inconcluso.
