El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la publicación de los pliegos en el Boletín Oficial para concretar la transferencia del control de la firma a manos privadas, en medio de un fuerte rechazo legislativo y antecedentes que muestran una paralización de las inversiones durante la experiencia previa de concesión.
El Gobierno nacional oficializó su determinación de someter a proceso licitatorio la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La noticia fue difundida por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, a través de su cuenta en la plataforma X, donde adelantó que en la jornada del viernes se materializaría la divulgación en el registro oficial de los documentos licitatorios correspondientes. El objetivo central de la administración es avanzar con la desinversión del 90 por ciento de las participaciones accionarias que actualmente permanecen en poder del Estado Nacional.
El acuerdo de concesión se extenderá por un período de treinta años, aunque incluye una cláusula que habilita una extensión opcional. Caputo sostuvo que, bajo la órbita de los operadores privados, la compañía “funcionará con mayor eficiencia”. No obstante, los registros históricos contradicen esa visión optimista: durante la etapa anterior de privatización, la firma interrumpió la ampliación de la red de servicios porque trasladaba a los propios usuarios el costo de las obras necesarias para asegurar el suministro de agua corriente y desagües cloacales, prestaciones esenciales que por contrato se había comprometido a garantizar. Posteriormente, con la reversión al control público en 2006, por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner, se logró impulsar la expansión de infraestructura y cobertura, la cual actualmente alcanza a más de 14 millones de habitantes del área metropolitana.
En la sesión legislativa del jueves, la Cámara de Senadores dio luz verde a una moción de preferencia promovida por Wado de Pedro, con el fin de priorizar el debate del proyecto normativo que declara a AySA como “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en un esfuerzo por bloquear esta operación de transferencia al sector privado. “La llegada de un operador relevante, dotado de solvencia técnica, respaldo financiero y capacidad operativa, posibilitará movilizar inversiones novedosas y de mayor envergadura, extender las redes y elevar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó el responsable de la cartera económica, repitiendo un discurso que calca el libreto de la década de 1990 e ignora lo sucedido con la empresa durante su anterior paso por la gestión privada.
Detalles de la operación de transferencia
Desde la cartera de Economía precisaron que el Poder Ejecutivo busca concretar la enajenación de un paquete accionario equivalente como mínimo al 51 por ciento de la compañía en favor de un “inversor estratégico”, mientras que el remanente será colocado en los mercados bursátiles. La sociedad que resulte favorecida en el concurso público quedará sujeta al nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, el cual establece la provisión del servicio por treinta años, con una opción de prórroga de una década adicional.
AySA se inscribe dentro del grupo de ocho empresas estatales que el Gobierno proyecta privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. El resto de las firmas incluidas en el listado a rematar son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). “Mayor inversión privada y prestaciones superiores para los argentinos”, insistió el ministro, negando de hecho la historia más reciente del país.
La medida se inscribe en la estrategia de la administración libertaria por obtener divisas que le permitan equilibrar las cuentas fiscales. En esa carrera, se afectan intereses de amplios sectores de la población, mientras se preservan los privilegios del sector financiero y agroexportador. Se estima que el Estado aspira a recaudar alrededor de 500 millones de dólares mediante esta transferencia patrimonial.
El proyecto prevé una fase transitoria (2024-2026), durante la cual la gestión de la empresa deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su administración y sanear sus balances. Luego sobreviene una etapa que el Gobierno denomina “Nueva era” (2027-2031): arranca en enero del año entrante con el “Primer Ciclo Tarifario” bajo dominio privado y el desarrollo de las metas de inversión acordadas.
Los actores interesados en quedarse con AySA
Entre los postulantes para adquirir el paquete mayoritario de la firma —que tiene la obligación de suministrar agua potable y redes cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense— figuran Edison Energía (el grupo de la familia Neuss junto a los propietarios de Havanna y Newsan), Mauricio Filibert (dueño de Transclor), el Grupo Roggio, así como las empresas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento, y la chilena Aguas Andinas. En el caso de estas dos últimas compañías se presenta una paradoja: son las mismas firmas que adquirieron a la francesa Suez, la empresa que operó Aguas Argentinas desde 1993 hasta su posterior reestatización por incumplimiento contractual. Sin embargo, Suez demandó al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Mientras el 90 por ciento de las acciones pasan a capitales privados, el 10 por ciento restante quedará en manos de los trabajadores.
Los antecedentes cercanos
En 2006, el por entonces presidente Néstor Kirchner ordenó la reversión al Estado del servicio de aguas y cloacas. Se le rescindió el contrato a Aguas Argentinas y se creó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). En aquel momento, el Gobierno acusó a la concesionaria de “poner en peligro la salud de la población” debido a los niveles de nitratos detectados en algunas localidades, así como de haber paralizado las obras de infraestructura comprometidas en el pliego licitatorio.
A partir de esa decisión ejecutiva se inició una etapa de fuertes desembolsos para ensanchar la cobertura y garantizar el acceso universal. En agua potable se pasó del 76 por ciento al 85 por ciento en 2024. En cloacas el índice creció del 57 por ciento al 72,6 por ciento en 2022. Las grandes obras de infraestructura ejecutadas por el Estado durante ese período incluyeron el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con un megacolector de 30 kilómetros, una planta de pretratamiento en Dock Sud y un emisario submarino que se interna 12 kilómetros en el Río de la Plata para mejorar la capacidad cloacal de 4,3 millones de personas; la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre, destinada a abastecer la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires; y el sistema Agua Sur, que garantizó el suministro de agua corriente en los municipios del sur del conurbano.
