La Comisión Nacional de Energía Atómica habilita el ingreso de empresas extranjeras para inspeccionar reactores y yacimientos de uranio. Mientras el oficialismo habla de un “plan nuclear” aún sin vigencia, especialistas advierten que se avanza en la cesión de activos estratégicos, con Washington como principal interesado.
Cuando desde el Poder Ejecutivo manifiestan entusiasmo por la energía atómica, no están revelando una voluntad genuina de potenciar los recursos autóctonos ni de apuntalar el desarrollo científico local. Por el contrario, todo indica que la administración libertaria orienta sus esfuerzos a liquidar el patrimonio científico y tecnológico acumulado durante décadas, con la finalidad de conseguir divisas de manera inmediata y acatar las directrices del socio del norte. En esta sintonía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) acaba de ejecutar un movimiento administrativo que formaliza el mecanismo para la presentación de propuestas provenientes del sector privado. En esencia, se ha confeccionado un instructivo que permite a inversores nacionales o foráneos —interesados en adueñarse de los bienes nucleares argentinos— recorrer las instalaciones y evaluar qué porciones del sistema resultan más apetecibles. Resulta llamativo, porque semanas atrás, al exponer su balance de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que “el programa nuclear anunciado por el presidente en diciembre de 2024 todavía no ha entrado en vigor”. La verdad es que existe un programa, y consiste en rematar todo.
Desde ahora, cualquier actor que desee acceder a expedientes, datos técnicos o incluso efectuar una visita a los terrenos que la CNEA posee dispersos en el mapa nacional podrá hacerlo sin mayores trabas. Como si se tratara de un comercio de autoservicio, los capitalistas interesados disponen de la libertad para pasearse entre las góndolas atómicas y presentar sus ofertas para quedarse con aquello que despierte su codicia. Quien más afila sus dientes en esta pulseada es Estados Unidos, ansioso por concretar el desembarco próximo de sus corporaciones. De hecho, el funcionario de la Casa Blanca Scott Bessent ya lo había adelantado en septiembre pasado: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la llegada de compañías privadas estadounidenses”.
Entre los bienes más codiciados sobresale el reactor RA-10, un dispositivo prácticamente terminado durante la gestión previa, y el uranio, un recurso de carácter estratégico que está bajo la órbita de la CNEA y que se encuentra en las provincias de Chubut, Mendoza y Salta. Aunque jurídicamente los territorios provinciales son titulares de las riquezas naturales, el organismo nuclear tiene asignada la función de tutelarlas. Una controversia que los marcos legales vigentes no han conseguido resolver.
Esta maniobra que instrumenta la CNEA tiene como telón de fondo la suscripción del memorándum de colaboración para la gobernanza, la inversión y la protección de las cadenas de abastecimiento a escala mundial. El documento, pactado entre Argentina y los Estados Unidos, se inscribe dentro de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’. Estos minerales gozan de una demanda global y cumplen un papel relevante en la transición energética.
Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y especialista en tecnología nuclear, explica a este medio: “Estados Unidos tiene perfectamente definidos sus objetivos con Argentina y el rol que pretende que desempeñemos en su proceso de reindustrialización, el cual forma parte de la disputa hegemónica que mantiene con China. Por un lado, busca desarticular y desguazar las capacidades que hemos desarrollado y, por otro, ansía que el país adquiera la tecnología fabricada en su territorio”. En efecto, uno de los ejes de la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense está vinculado con el dominio de los recursos nucleares en el hemisferio occidental.
A su turno, Diego Hurtado, físico del Conicet con vasta trayectoria en la dirección de organismos científico-tecnológicos, señala que “está aconteciendo algo que ya sucedió de manera idéntica en los años noventa. Como las autoridades de la CNEA tienen la certeza de que no recibirán financiamiento público, salen a buscar inversores privados. Negocios que, en realidad, se concretan a partir de la entrega de activos estatales. Permiten la entrada de capitales extranjeros para que se lleven el uranio, porque viene directo el cordón umbilical del alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es una exigencia de Trump a Milei: quieren el uranio argentino”. Por eso, ahora autorizan la visita de particulares a las minas de uranio que son competencia de la CNEA y le imponen un marco regulatorio a procedimientos que ya ocurrían de manera informal.
Ignacio Cortés, trabajador de la CNEA, observa: “A nivel administrativo, el organismo todo el tiempo genera procedimientos como este, vinculados a normas de gestión. Son protocolos de calidad. Algo habitual”. Al mismo tiempo, opina: “Se habla de información confidencial que la CNEA puede entregar a privados y, de cierta manera, se construye un andamiaje normativo que puede dar lugar a contratos con el sector privado para avanzar con lo que este gobierno declara abiertamente que quiere hacer: destruir el Estado y transferir cualquier tipo de actividad y ordenamiento económico al ámbito privado”. Y sentencia: “Si uno analiza el procedimiento con detenimiento, las gerencias que quedan a cargo de las decisiones sobre los acuerdos impulsarán este programa de privatización”.
Reactores en vitrina
Entre los principales bienes que posee la CNEA figuran los reactores y un recurso estratégico que, precisamente, sirve como combustible para el funcionamiento de las centrales atómicas: el uranio.
Por un lado, se encuentra el Carem (Central Argentina de Elementos Modulares), que constituye el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado íntegramente en Argentina. Con esta tecnología, ahora paralizada por la administración de Javier Milei (faltaba un 30 por ciento para culminarla), el país se colocaba a la vanguardia en materia de generación nucleoeléctrica y energía limpia. Dado que aún son muy pocas las naciones que poseen uno, el diseño de este prototipo pretendía abrir la puerta para que más países alrededor del mundo desearan tener el suyo propio. La comercialización de un reactor de la magnitud del Carem podría reportar un ingreso de 4 mil millones de dólares.
Por otra parte, está el RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), cuya construcción comenzó en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. Aunque tiene diversos objetivos, el principal se relaciona con garantizar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, donde se diagnostican y tratan pacientes oncológicos. A diferencia del Carem, este reactor se halla casi terminado y será finalizado por el gobierno libertario, que casi sin esfuerzo se atribuirá los méritos. No le seduce la ciencia local, sino el rédito que este avance pueda generar. Una vez que esté operativo, con decisión política y un mínimo de inversión, podría significar ingresos anuales cercanos a los 90 millones de dólares.
En concreto: aunque Argentina podría aprovechar las ganancias económicas que derivarían de la puesta en marcha de ambos reactores, se prevé que estas tecnologías sean las primeras en ser enajenadas. Y a precios ínfimos.
El recurso estelar que anhela Trump
El otro aspecto que despierta poderosamente el interés de Estados Unidos y de los conglomerados privados es el uranio. ¿La razón? Porque se trata del insumo que moviliza a los reactores que, en última instancia, alimentan a la inteligencia artificial. Malinovsky comenta: “La explotación de uranio en el país no apunta a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación del mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso”.
En 2023, EE.UU. importó el 99 por ciento del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente desde Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Asimismo, detalla Malinovsky, tras los conflictos entre Washington y Moscú, el entonces presidente Joe Biden logró que se aprobara la Ley de prohibición de las importaciones de uranio ruso, que justamente restringió las compras a partir del 12 de agosto de 2024.
Argentina dispone de alrededor de 40 mil toneladas de reservas de uranio. El experto continúa con el pormenor: “El consumo anual de nuestras centrales nucleares –Embalse, Atucha I y Atucha II– es de apenas 220 toneladas, que hoy se importan principalmente de Kazajistán. La minería de uranio en nuestro país fue cancelada en 1997, durante el menemismo, como parte de las políticas neoliberales orientadas al desmantelamiento de sectores estratégicos, entre ellos el nuclear, bajo el pretexto de que ‘importar era más barato’”.
El paso administrativo que ahora da el gobierno a pedido de los grupos concentrados nacionales e internacionales es una manera de allanar el camino hacia la privatización de activos. Argentina, una vez más, tenía todo para erigirse en una potencia mundial en la materia, pero ahora deja escapar una oportunidad única.
Reestructuración y deterioro institucional
Para colmo, a la CNEA le acontece lo mismo que a todo el sistema científico y tecnológico: básicamente, desde que se inició la gestión libertaria, sus empleados denuncian desmanejos institucionales y ajustes que los invitan, prácticamente, a abandonar la institución en busca de mejores posibilidades en el sector privado, o bien, en otras actividades. Recientemente, trabajadores del ámbito difundieron un informe en el que subrayan la “incorporación de personal sin experiencia previa en el sector nuclear”.
El documento menciona: “Estas designaciones (en cargos directivos) se realizan bajo condiciones contractuales distintas a las del resto del personal y en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y restricciones presupuestarias. Esta situación genera inquietud entre los trabajadores y los sectores técnicos respecto de las capacidades estratégicas de la CNEA y del plan nuclear argentino”. En síntesis: cada vez hay menos trabajadores calificados y cada vez más puestos jerárquicos improvisados.
Un programa nuclear argentino que, vale destacar, fue presentado por el físico Demian Reidel, quien en la actualidad también se ve envuelto en causas judiciales, imputado por adquisiciones llamativas con la tarjeta de Nucleoeléctrica. Una comparsa al mando de un sector estratégico: nada puede salir bien.
