En el marco de la conmemoración de las cinco décadas del último quebrantamiento institucional que sumió al país en una etapa marcada por la persecución ideológica, la implementación del terrorismo desde el Estado y un sistemático plan de exterminio, la administración de Javier Milei profundiza su embestida contra los pilares históricos de memoria y justicia. Mediante la difusión de una extensa pieza audiovisual, el oficialismo lanzó un mensaje que, bajo el ropaje de una supuesta “memoria integral”, no solo aboga por la impunidad de los condenados por crímenes aberrantes, sino que también busca colocar a los perpetradores en un lugar de victimización, confrontando de manera abierta la lucha histórica que posicionó a la Argentina como un faro global en la defensa del orden democrático y la vigencia de los derechos humanos.
Esta producción oficial, que retoma los argumentos esgrimidos en su momento por los artífices del golpe y hace suyo el eslogan del macrismo que calificó de “negocio” la causa de los derechos humanos, distorsiona de manera deliberada los procesos de enjuiciamiento que llevaron a los genocidas ante los tribunales. En un ejercicio de revisión histórica, el material acusa a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner de haber forjado una “mirada parcial y vengativa” del pasado, a la que despectivamente denomina un “experimento narrativo fallido”. De esta forma, la actual gestión de La Libertad Avanza presume con orgullo de ofrecer una versión “completa” de la historia, un eufemismo que encubre el intento por reflotar los mismos discursos que la dictadura cívico-militar utilizó para justificar la instauración del terror y el desembarco de un proyecto económico liberal que concentró la riqueza en los estratos más privilegiados mientras sumía en la pobreza a las mayorías populares.
Uno de los aspectos más álgidos y repudiables de esta avanzada se materializó en la utilización del testimonio de una nieta restituida, quien, en un giro trágico, se hizo eco del relato de sus propios apropiadores, abogando por la difusión de una “historia auténtica”. Este argumento se complementa con las declaraciones del hijo de un militar que padeció el secuestro en Córdoba, un relato que rescata las viejas justificaciones empleadas durante el menemismo para otorgar los indultos a los comandantes del terrorismo de Estado, apelando a una falaz “reconciliación nacional” y a la “unión entre los argentinos”. En esa misma línea, el testimonio en cuestión se anima a cuestionar una cifra emblemática de la lucha por la verdad, calificando como un “invento” la cantidad de 30 mil desaparecidos, para luego afirmar que “la gente anhela conocer la realidad”.
El compilado oficial, que actúa como una caja de resonancia de las excusas esgrimidas por los defensores de la represión ilegal, incurre en una profunda contradicción. Mientras esparce un relato que busca relativizar los crímenes de lesa humanidad, pretende justificarse bajo la premisa de que “las nuevas generaciones tienen el derecho de acceder” a una narrativa “exenta de imposiciones ideológicas, sesgos partidarios o cercenamientos”. Sin embargo, lo que subyace a esta ofensiva comunicacional es un intento sistemático por socavar el consenso social más sólido que ha edificado la democracia argentina en sus últimas cuatro décadas, provocando deliberadamente a las organizaciones de derechos humanos y reabriendo heridas que el país creía haber cerrado con el firme principio de que ante el horror del genocidio, no hay medias verdades ni olvidos que valgan.
