Sin clases desde el año pasado por fallas en la caldera, pérdidas de gas y agua, los padres de los pequeños alumnos volvieron a movilizarse en reclamo de soluciones concretas. Tras reuniones infructuosas con funcionarios que desconocían el conflicto, los adultos descartan reubicaciones precarias y exigen la reapertura en condiciones seguras.
En una nueva jornada de protesta que se extendió en las inmediaciones del jardín de infantes N°27 de la ciudad de Río Grande, un nutrido grupo de familias volvió a plantar bandera para visibilizar la crisis edilicia que, desde el ciclo lectivo anterior, mantiene a decenas de niños sin poder ingresar a las aulas. La manifestación, que tuvo lugar frente a la institución educativa, congregó no solo a los progenitores, sino también a docentes y representantes gremiales, en una muestra de respaldo que refleja la creciente exasperación ante el hermetismo y la falta de avances por parte de las autoridades provinciales.
Uno de los voceros del colectivo, Alexis Sosa, padre de un alumno del establecimiento, detalló en diálogo con una emisora local los pormenores de una situación que se arrastra desde antes del receso invernal del año pasado. Según relató, el conflicto se desencadenó a raíz de múltiples desperfectos que dejaron al edificio en estado crítico: una caldera en mal estado, filtraciones de agua y una peligrosa pérdida de gas fueron las causas iniciales que motivaron el cierre del jardín. Lo que parecía una interrupción temporal se transformó en un prolongado calvario, ya que tras las vacaciones la institución permaneció con sus puertas selladas durante aproximadamente sesenta días. Si bien más tarde se permitió una reapertura intermitente, el funcionamiento nunca volvió a ser el normal, y la comunidad educativa quedó sumida en una constante zozobra ante la eventualidad de nuevos siniestros.
El malestar se profundizó luego de una reunión mantenida con representantes de la cartera educativa provincial y del área de Infraestructura, convocada en el espacio del colegio Walter Buscemi. Sosa fue contundente al calificar aquel encuentro como una pérdida de tiempo, señalando que los funcionarios que acudieron a dialogar con las familias eran personas recién designadas en sus cargos y carecían por completo de conocimiento sobre el historial del conflicto. “Fue un diálogo estéril con gente que no era idónea”, enfatizó el padre, destacando la frustración de los presentes al comprobar que quienes debían brindar soluciones ignoraban los antecedentes del problema estructural.
Ante la falta de una respuesta concreta y la prolongada inactividad del jardín, los padres han debido reorganizar sus vidas, aunque con un alto costo. Sosa advirtió que, mientras los pequeños permanecen en sus hogares a la espera de novedades, las opciones que se les presentan son inviables. Descartó de plano la posibilidad de costear una institución privada, argumentando que el presupuesto familiar no está previsto para afrontar ese gasto extraordinario. Asimismo, explicó que los jardines cercanos carecen de vacantes disponibles, lo que torna imposible una reubicación temporal. En ese sentido, elevó un reclamo de fondo: no le corresponde a un padre “andar como un tonto” buscando un lugar donde dejar a su hijo, cuando el Estado ya le garantiza un lugar en el jardín N°27 que, sin embargo, se encuentra clausurado.
La propuesta oficial de trasladar a los menores al edificio del Buscemi tampoco fue bien recibida. El vocero detalló que aquel espacio no reúne las condiciones mínimas para albergar a niños de tres, cuatro y cinco años durante una jornada de cuatro horas. Entre las deficiencias enumeradas, mencionó un piso en mal estado, con maderas sueltas, levantadas y peligrosas astillas, un entorno absolutamente inapropiado para el juego y la recreación, actividades fundamentales en la educación inicial. La inseguridad física que ese entorno representa terminó por sepultar cualquier intento de acuerdo transitorio.
En medio de la vigilia, Sosa concluyó con un diagnóstico desolador: a pesar de las reiteradas manifestaciones y los intentos de diálogo, los reclamos no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de los estamentos gubernamentales. La movilización, que ya suma su segunda instancia frente al jardín, se sostiene como la única herramienta de presión para una comunidad que exige soluciones definitivas antes de que el tiempo escolar continúe desperdiciándose. Mientras tanto, los carteles de los padres se mezclan con la mirada expectante de los vecinos, en una postal que evidencia la urgencia de una intervención estatal que todavía no termina de concretarse.
