El operativo, dispuesto por el magistrado Ariel Lijo, apuntó a desentrañar la posible existencia de una estructura de beneficios cruzados entre el jefe de Gabinete y un periodista amigo, tras la declaración clave de un piloto que facturó el traslado privado.
En las últimas horas, un operativo de alto voltaje institucional sacudió los cimientos de la emisora estatal. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpieron en las instalaciones de la TV Pública con el objetivo de recolectar elementos de prueba vinculados al escándalo que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al conductor Marcelo Grandio. La medida, que se ejecutó bajo estricto secreto de sumario, fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y marcó un punto de inflexión en una causa que avanza a paso firme en los tribunales de Comodoro Py.
El foco del procedimiento judicial se centró en el rastreo minucioso de la documentación oficial relacionada con las contrataciones de la productora perteneciente a Grandio, quien además de ser un periodista con llegada a la señal estatal, mantiene un vínculo de amistad con el funcionario. La pesquisa judicial busca determinar si los vínculos comerciales de Grandio con el Estado encubrieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la investidura pública, una figura que contempla el Código Penal para aquellos funcionarios que reciben beneficios indebidos o utilizan su influencia para la obtención de privilegios.
El origen de la sospecha que hoy impulsa el allanamiento se remonta a febrero pasado, cuando Adorni compartió un viaje privado a Punta del Este junto a Grandio. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, aquel traslado en avión particular no habría sido un mero gesto de cortesía entre amigos, sino que podría esconder una contraprestación encubierta. La tesis que investiga el Ministerio Público Fiscal sugiere que el pago de ese vuelo —cuyo costo no es menor en el mercado de la aviación ejecutiva— habría funcionado como un retribución por los jugosos contratos que el conductor mantiene con la emisora estatal, generando así un presunto entramado de intereses espurios entre la función pública y los negocios privados.
Fuentes con acceso al expediente judicial confirmaron que el requerimiento de información no se limitó únicamente a los montos ni a las sumas abonadas por los contratos periodísticos. La Justicia amplió el espectro de la investigación para escudriñar los mecanismos de control laboral dentro del canal público. En concreto, los magistrados solicitaron los registros detallados de ingresos, egresos y, de manera particularmente significativa, la justificación de las inasistencias de Grandio. Este pedido específico apunta a verificar si el vínculo contractual con la televisora estatal se ajustaba estrictamente a las normativas vigentes o si, por el contrario, se trataba de una mera formalidad que encubría una estructura de beneficios irregulares donde el periodista disponía de su tiempo y recursos con una flexibilidad incompatible con un empleo público formal.
El disparador que llevó a los investigadores a concretar este allanamiento en la TV Pública fue la declaración testimonial de un piloto ocurrida el jueves anterior en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de Agustín Issin, de 46 años, quien facturó el vuelo privado que trasladó a Adorni junto a su familia desde Punta del Este hasta Buenos Aires. En su exposición ante el juez Ariel Lijo, el aviador reveló un dato crucial: el pago del traslado no corrió por cuenta del funcionario, sino que fue solventado íntegramente por Marcelo Grandio. Según surge del expediente, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero, y su testimonio se convirtió en la pieza angular que permitió a la Justicia sospechar que detrás de aquella cortesía privada se escondía una posible dádiva vinculada al entramado comercial del periodista con el Estado.
La contundencia de esta declaración motivó que el juzgado a cargo de la causa girara una orden específica para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria ejecutara el allanamiento, buscando no solo los contratos de Grandio y su productora, sino también cualquier otra documentación que permita reconstruir los alcances de la relación comercial con la TV Pública.
En medio de la creciente presión judicial, el jefe de Gabinete había intentado romper el silencio días atrás durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada. Sin embargo, lejos de aportar precisiones que despejaran las dudas, el funcionario optó por una respuesta evasiva y con un tono desafiante. Ante una consulta específica de un periodista, Adorni respondió con dureza, marcando distancia con el rol de la prensa en la investigación: “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir”. Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, avivaron aún más el interés mediático y judicial sobre un caso que ahora tiene en su haber un allanamiento en la sede de la televisora estatal y una declaración testimonial que complica al entorno íntimo del funcionario.
