El jefe de Gabinete acumula denuncias por enriquecimiento ilícito y dádivas mientras su patrimonio se ensancha con bienes que no figuran en sus declaraciones juradas. El testimonio de un piloto desnudó una operación que contradice su versión oficial y la Justicia avanza en la unificación de las causas.
En el centro de la escena política, la figura de Manuel Adorni se ha convertido en el epicentro de una tormenta que parece no tener resolución. Lejos de demostrar la pericia que se le supone en dos terrenos que alguna vez dominó con soltura —el arte de la comunicación y la precisión de los números contables—, el funcionario acumula tropiezos que exponen fisuras difíciles de justificar. Cada intento por cerrar una polémica abre una nueva grieta, y sus explicaciones, más que aclarar, siembran interrogantes sobre un crecimiento patrimonial que sus ingresos declarados parecen no poder sostener.
El episodio que encendió la mecha ocurrió hace semanas, cuando se reveló que Adorni había viajado en un jet privado a Punta del Este durante los carnavales. Ante las preguntas sobre cómo había costeado un traslado de semejante magnitud, su defensa fue esquiva y desafiante: “Con mi plata hago lo que quiero”, se limitó a espetar, evitando dar precisiones sobre el origen de los fondos. Sin embargo, la respuesta más contundente llegó por una vía que él no podía controlar: la judicial.
Un piloto que actúa como intermediario en la venta de vuelos se presentó de manera espontánea ante la Justicia y entregó una versión que choca de frente con la del jefe de Gabinete. Agustin Issin Hansen, el hombre que gestionó aquel traslado, confirmó que quien puso el dinero no fue el funcionario, sino Marcelo Grandio, un productor televisivo con vínculos contractuales con el Estado. El testimonio, brindado durante casi cuatro horas, aportó un nivel de detalle que transformó la anécdota en un expediente. Según su relato, el tramo de ida fue facturado de manera directa entre la empresa de viajes y la productora de Grandio, Imhouse SA, con una transferencia bancaria que rondó los 4.830 dólares. Para el regreso, en cambio, el pago se realizó en efectivo, a través de un enviado identificado como “Horacio”, y se completó con un descuento que terminó fijando el costo en 3.000 dólares, muy por debajo del precio original.
Lo que más llama la atención de esta operación son las inconsistencias temporales y formales. La factura correspondiente a ese segundo tramo lleva fecha del 9 de marzo, varias semanas después del vuelo, justo cuando el escándalo comenzaba a tomar estado público. El piloto justificó la demora alegando que se encontraba de viaje, pero los plazos y las formas alimentan las sospechas en un caso que ya tiene varios cabos sueltos.
Mientras Grandio sostuvo en un primer momento que Adorni le había reintegrado el dinero, el funcionario intentó adherirse a esa misma línea argumental en una conferencia de prensa signada por la irritación. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, espetó ante los periodistas, aunque ninguna de las facturas lleva su nombre ni pudo detallar cómo concretó aquel desembolso. Cuando se le preguntó por el mecanismo utilizado, optó por la victimización y respondió con un tono desafiante: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”.
El problema de fondo es que la empresa de Grandio mantiene contratos con el Estado, lo que introduce un elemento central en la investigación: la posibilidad de que ese pago configure una dádiva, una retribución encubierta de favores entre un contratista estatal y un alto funcionario. El juez Ariel Lijo, al frente de la pesquisa, ya tomó medidas al respecto. A instancias del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó a la TV Pública que entregue todos los contratos suscriptos con la firma Imhouse, un paso que allana el camino para determinar si existió una relación de conveniencia que traspasa los límites de lo lícito.
Pero el viaje a Punta del Este no es el único frente abierto. En las últimas horas, Lijo decidió además unificar las causas que afectan a Adorni y concentró en su juzgado la investigación que hasta entonces llevaba la jueza María Servini sobre la evolución patrimonial del funcionario. De esta forma, el magistrado quedará a cargo de ambas líneas de pesquisa, mientras que un tercer expediente —relacionado con el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial a Nueva York— sigue en manos del juez Daniel Rafecas.
Precisamente, el patrimonio de Adorni se ha convertido en un terreno movedizo donde sus propias declaraciones parecen desmentirse entre sí. Durante una conferencia reciente, aseguró que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Pero acto seguido reconoció que ya no vive en la vivienda que figuraba en sus presentaciones anteriores y que actualmente reside en un departamento ubicado en la zona más cara del barrio porteño de Caballito. Ese inmueble, que a valores de mercado supera los 300.000 dólares, no aparece en los registros oficiales. El funcionario deslizó que lo incorporará en su próxima declaración jurada, aunque no precisó cuándo ni brindó mayores detalles sobre cómo justificar una adquisición de ese monto teniendo en cuenta que sus ahorros declarados apenas alcanzan los 48.000 dólares.
Esta propiedad se suma a una lista que crece sin que medien explicaciones claras. En sus documentos oficiales solo figuran un departamento en el barrio de Parque Chacabuco —cuyo título comparte con su esposa— y otro en la ciudad de La Plata, registrado como una donación. Pero fuera de ese registro quedan dos bienes adicionales. Además del mencionado en Caballito, existe una casa en un exclusivo club de campo, ubicada a metros de la cancha de golf y a pocas cuadras de la caballeriza del lugar. Esa propiedad, cuyo valor oscilaría entre 129.000 y 249.000 dólares, tiene las expensas a nombre de su cónyuge y tampoco fue declarada.
Frente a estas revelaciones, el jefe de Gabinete optó por una estrategia evasiva. En su última aparición pública no negó la existencia de esos bienes, pero intentó desactivar las preguntas argumentando que brindar precisiones podría interferir con los procesos judiciales en curso. La única excepción fue un desmentido categórico sobre una versión que circuló en los medios que hablaba de una mansión de 500 metros cuadrados en la localidad de Martínez. “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares”, se quejó, y calificó la información como parte de una “operación política” en su contra.
El entramado de escándalos ha erosionado la agenda del Gobierno, que ve cómo el relato de la austeridad y la “moral como política de Estado” se desdibuja entre viajes en jet privado, propiedades no registradas y contratistas estatales que pagan vacaciones a funcionarios. A pesar de la creciente presión, Javier Milei mantiene a Adorni en su cargo y volverá a mostrarlo a su lado en un acto público, en una clara señal de respaldo que contrasta con las defensas bajas que el propio funcionario exhibe. Lo que alguna vez fue una gestión sostenida en la comunicación impecable y el manejo prolijo de los recursos, hoy navega en aguas turbulentas donde las explicaciones se agotan y las contradicciones se multiplican.
