Lejos de la promesa oficial de que no se utilizarían fondos públicos, el Gobierno nacional rubricó un contrato millonario con Torneos S. A. para transmitir diez encuentros. Sin embargo, el acuerdo impide al canal estatal generar ingresos publicitarios durante los cotejos, al tiempo que convierte su pantalla en un espejo de la señal privada de DirecTV, en una operación que beneficia mayoritariamente a empresas del sector.
A pesar de las enfáticas declaraciones que el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había realizado en su momento —cuando subrayó con particular énfasis que “el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”—, el Gobierno nacional finalmente desembolsará una suma cercana a los 4 millones de dólares para que la TV Pública y Radio Nacional puedan emitir una parte de los partidos del Mundial de Fútbol 2026. El desembolso se efectuará de manera directa a Torneos S. A., la empresa que ostenta la titularidad de los derechos para el territorio argentino.
Lo que en principio podría leerse como una conquista en términos de acceso popular a los eventos deportivos de mayor convocatoria —la posibilidad de que los encuentros de la Selección nacional lleguen a todos los hogares del país a través de la señal estatal— revela, tras una mirada más minuciosa, una serie de condiciones contractuales que tornan el negocio particularmente desfavorable para las arcas públicas. Tal como pudo constatar este medio a través de diversas fuentes vinculadas a la operación, el convenio no solo limita la autonomía operativa del canal público, sino que lo excluye por completo de la comercialización publicitaria durante los momentos de mayor audiencia.
El acuerdo, que fue gestionado desde la cartera que conduce el propio Adorni —un espacio que engloba a los medios públicos y desde el cual el funcionario ha mantenido un perfil de fuerte exposición mediática—, contó con la participación activa de Aimé “Meme” Vázquez, la vicejefa de Gabinete designada por el propio jefe de ministros al asumir en sus funciones. Según indicaron voceros oficiales, Vázquez tuvo una participación central en las negociaciones con la empresa poseedora de los derechos.
En los papeles, el convenio establece que la TV Pública transmitirá un total de diez encuentros: los ocho que disputaría el seleccionado argentino en caso de avanzar hasta la instancia decisiva del torneo, más dos partidos adicionales cuya definición queda sujeta al desarrollo de la competencia. En el supuesto de una eliminación temprana del equipo nacional, esos encuentros serán reemplazados por otros. Sin embargo, más allá de la cantidad de cotejos que finalmente se emitan, el contrato contiene cláusulas que resultan, cuanto menos, llamativas para un acuerdo que involucra fondos provenientes del erario público.
La piedra angular del problema radica en la imposibilidad absoluta de que la pantalla estatal comercialice publicidad durante el tiempo que dure la transmisión de los partidos de la Selección. Ni siquiera en el entretiempo, ese espacio tradicionalmente codiciado por los anunciantes, podrá el canal público disponer de su pauta comercial. La explicación se encuentra en el esquema de retransmisión estipulado: la TV Pública se limitará a reproducir “en espejo” y sin ningún tipo de intervención la señal que produzca DirecTV, la empresa que posee la totalidad de los 104 encuentros del certamen para el país. De esta manera, el canal estatal funcionará como una simple repetidora de la señal privada desde cinco minutos antes del inicio de cada partido hasta cinco minutos después de la finalización del mismo.
Las implicancias de esta operatoria son múltiples y de enorme peso económico. Durante ese lapso, la TV Pública no solo deberá replicar sin injerencia las imágenes, los equipos periodísticos y las y los relatores de la señal privada, sino que también estará obligada a transmitir íntegramente la publicidad que DirecTV emita en su propia programación, ya sea a través de sobreimpresiones en pantalla o mediante las tandas comerciales habituales. En términos concretos, el Estado cede su espacio de mayor audiencia potencial para que un operador privado amplifique su propia pauta publicitaria sin que ello redunde en beneficio alguno para las finanzas públicas.
La pregunta que surge de manera casi inevitable es cómo pretende el Gobierno nacional recuperar una inversión de 4 millones de dólares si no cuenta con la herramienta más elemental del negocio televisivo: la venta de espacios publicitarios en el momento de mayor convocatoria de audiencia. Las fuentes consultadas por este diario en el ámbito del mercado publicitario y de la industria televisiva coinciden en señalar que lo recaudado por la TV Pública a través de la comercialización de publicidad por fuera de los horarios de transmisión de los partidos difícilmente alcance para cubrir el monto desembolsado. A ello se suma un contexto de marcada retracción en la inversión publicitaria, lo que añade un factor de riesgo adicional a una operación que, según especialistas, obligará al canal estatal a “confiar en que Messi y Scaloni conduzcan al equipo lo más lejos posible para no terminar con números aún más negativos”.
El análisis de los términos del acuerdo deja en evidencia que los principales beneficiarios son dos actores privados. Por un lado, Torneos S. A., que percibe el pago directo del Estado por un paquete de derechos que luego no implica una ganancia para el erario. Por el otro, DirecTV, que no solo conserva la exclusividad sobre la producción de la señal, sino que además obtiene la posibilidad de ofrecer a los anunciantes una cobertura amplificada a través de la pantalla estatal, aumentando así el valor comercial de sus propios espacios publicitarios. Esa situación resulta aún más llamativa si se recuerda que, durante el Mundial de Qatar, las transmisiones de la TV Pública habían superado ampliamente en audiencia a las de las otras señales que también emitieron aquel certamen, consolidando a la pantalla estatal como el vehículo de mayor alcance para este tipo de eventos.
El contrato, además, introduce una arista que contradice cualquier noción de negociación virtuosa. Al impedir que la TV Pública comercialice publicidad durante los encuentros del seleccionado, el Estado Nacional se ve privado de la posibilidad de pautar en su propia señal, obligando a que los organismos públicos y las empresas estatales deriven sus presupuestos publicitarios hacia el sector privado. Se configura así un esquema en el que el erario financiador termina siendo, paradójicamente, el gran excluido de la ecuación comercial.
Lo que en su momento fue presentado por el funcionario con pomposos anuncios en redes sociales se revela ahora como un negocio de enormes beneficios para unos pocos actores privados y de magras ventajas para el Estado. A poco más de un año del certamen mundial, el convenio rubricado por Radio y Televisión Argentina con Torneos S. A. deja en evidencia una operatoria que, cuanto menos, merece ser revisada con lupa. Antes de que el torneo llegue a su fin, alguén, seguramente, deberá ofrecer explicaciones acerca de cómo se gestó un acuerdo que desprotege de manera tan manifiesta los intereses públicos en favor de intereses particulares.
