Mientras el oficialismo apura la letra chica para llevar el proyecto al recinto luego de Semana Santa, la oposición denuncia vicios insubsanables en un proceso que califican de “simulacro”. Los contratiempos digitales y la ínfima representación de los inscriptos marcan un nuevo capítulo de tensión.
La segunda jornada destinada a las audiencias públicas en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares transcurrió en un clima de creciente hostilidad institucional y evidentes dificultades operativas, replicando los fantasmas que ya habían empañado su inicio. En una nueva sesión signada por la virtualidad, los inconvenientes técnicos se erigieron como los protagonistas excluyentes, desatando una catarata de quejas por parte de la oposición que puso en tela de juicio la legitimidad de todo el proceso.
El encuentro, que se desarrolló de manera remota, sufrió constantes interrupciones en la transmisión. En al menos cuatro ocasiones distintas, las exposiciones quedaron súbitamente privadas de sonido, sumiendo a los oradores en una suerte de monólogo inaudible para los presentes y para el registro público. Una de las figuras que soportó estos percances fue la exdiputada Graciela Camaño, quien no ocultó su malestar al denunciar la existencia de un “vicio sustancial en el procedimiento”, sentando un precedente crítico que resonaría entre el resto de los participantes.
La magnitud del malestar se extiende más allá de los problemas de conectividad. De un universo superior a las 90 mil personas que se inscribieron con la intención de expresar su postura —y que nunca lograron acceder a la posibilidad de exponer, ni de manera remota ni en la modalidad presencial—, apenas una fracción ínfima logró sortear las barreras impuestas. Los datos oficiales revelan que solo el 0,07 por ciento de ese total consiguió subir un contenido audiovisual al canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Este guarismo, leído en clave política, se convirtió en el principal argumento para quienes sostienen que la convocatoria tuvo un objetivo diametralmente opuesto al de escuchar a la ciudadanía.
La conducción del acto estuvo nuevamente a cargo de los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los legisladores libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz. Ambos fueron testigos de un escenario adverso, donde la abrumadora mayoría de los escasos expositores que lograron hacerse oír manifestaron un rotundo rechazo a la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei.
Sin embargo, el núcleo duro de la controversia no reside únicamente en los cortes de audio, sino en la arquitectura misma del mecanismo de participación. La Cámara baja había habilitado, como alternativa para quienes fueron excluidos de las listas de oradores, la opción de subir grabaciones en video. Lo que en teoría podría interpretarse como una vía de inclusión, en la práctica se transformó en un laberinto burocrático. La exigencia de contar con un canal propio en la plataforma YouTube, sumada a la complejidad técnica de etiquetar correctamente el material para vincularlo a las cuentas oficiales del Congreso, funcionó como un filtro excluyente. Dirigentes sociales y organizaciones ambientales coincidieron en señalar que esta metodología apuntó deliberadamente a la burocratización del debate, desalentando la participación comunitaria bajo una capa de aparente modernidad digital.
Este entramado de obstáculos refuerza las acusaciones que provienen tanto de los bloques opositores como de las agrupaciones ecologistas, que no dudaron en calificar la audiencia como una mera “fachada”. La lectura política detrás de esta estrategia apunta a que el oficialismo buscó cumplir con un expediente formal de participación ciudadana, exigido por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, con el objetivo de desactivar futuras presentaciones judiciales que pudieran argumentar falta de consulta previa.
Graciela Camaño, con la contundencia que le otorga su experiencia parlamentaria, fue más allá de la queja coyuntural y cuestionó el diseño general impuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Esto no es una audiencia pública porque no se ajusta a la doctrina”, disparó la letrada, subrayando que en una verdadera instancia de participación ciudadana debe primar la transparencia de los actos, un requisito que a su juicio brilló por su ausencia. La exlegisladora añadió un agravante jurídico de peso al señalar que el Acuerdo de Escazú, por su jerarquía superior a las leyes comunes, había sido deliberadamente soslayado. A la falta de transparencia sumó la carencia de “información apropiada” para los inscriptos, configurando así un “procedimiento viciado” que arrastra consigo la “nulidad del acto”.
En el fondo de la discusión, Camaño puso el foco en el espíritu de la normativa vigente, recordando que la Ley de Glaciares tiene como objeto central la protección del ambiente y no el fomento de la actividad minera. Se mostró frontalmente en contra de la descentralización que propone el proyecto oficialista, que pretende delegar en cada provincia la definición de las zonas periglaciales a resguardar. “Avanzar en la flexibilización de esta ley es retroceder en materia ambiental; no es gobernar, es renunciar al futuro”, sentenció.
La carrera contra el calendario legislativo
Mientras el clima en las audiencias se enrarecía, en los pasillos del Congreso el oficialismo afinaba los cálculos de cara a la votación en el recinto, prevista para después de la Semana Santa. Fuentes cercanas a la gestión libertaria confirmaron a este diario que la confianza en sumar los números necesarios se sostiene en un arco de alianzas heterogéneo. Los estrategas del oficialismo cuentan con el respaldo asegurado de los socios tradicionales: el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) e Innovación Federal. A estos se sumarían voluntades provenientes de provincias con economías ligadas a la extracción minera, donde incluso sectores del peronismo mostrarían fisuras.
Entre los posibles desembarcos, se menciona a los diputados catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, los legisladores tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, así como representantes de San Juan. A ellos se agregarían integrantes de Encuentro Federal, como Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. La cuenta es ajustada, pero en las filas oficialistas aseguran tener los votos para lograr la aprobación.
Este escenario replica lo ocurrido en el Senado, donde la iniciativa cosechó media sanción con 40 voluntades afirmativas. En aquella ocasión, la mayor parte del kirchnerismo votó en contra, aunque se registraron excepciones significativas: las senadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) —ambos provenientes de distritos mineros— acompañaron la medida, alineándose con los peronistas disidentes de Convicción Federal como Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.
En Unión por la Patria, por ahora evitan hacer un recuento pormenorizado de los votos propios, aunque reconocen en privado que la situación replica las tensiones internas ya evidenciadas en la Cámara alta. Fuentes del bloque celeste adelantaron que “hay algunas provincias, igual que en el Senado, que tienen situaciones particulares”, dejando entrever que el bloque de 93 diputados difícilmente logre mantener una unidad homogénea cuando el proyecto llegue al recinto.
