Una de las querellas solicita la indagatoria del Presidente, Karina Milei y una decena de implicados, tras hallar pruebas de una «negociación espuria» previa al escándalo. El delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé penas de hasta seis años de prisión, es el eje central de la acusación que sostiene que el mandatario habría recibido contraprestaciones millonarias en criptoactivos a cambio de actos propios de su investidura.
El avance de la investigación por la estafa con la criptomoneda $LIBRA experimentó un giro sustancial luego de que las revelaciones extraídas del peritaje al teléfono celular del lobista Mauricio Novelli se convirtieran en el combustible para un aluvión de pedidos de indagatoria. En ese contexto, una de las querellas presentadas ante la Justicia sostuvo que los elementos reunidos son más que suficientes para dejar de lado cualquier especulación y convocar al presidente Javier Milei a prestar declaración indagatoria en calidad de sospechoso.
Los argumentos esgrimidos por los damnificados, representados por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik, pintan un escenario de presunta participación activa del jefe de Estado. Según el escrito judicial, Milei habría intervenido de manera “personal” en la “negociación” de un pacto con operadores privados. Pero la imputación va más allá: se le atribuye haber recibido, ya sea en forma directa o a través de su círculo más cercano, “contraprestaciones millonarias en criptoactivos” vinculadas a acciones inherentes a su rol como Presidente. Estas acciones, detalla la acusación, se fueron materializando en una secuencia de hechos concretos: desde el encuentro con el estadounidense Hayden Davis, el creador de la polémica moneda digital, hasta su presentación pública como asesor en la materia, pasando por la promoción de $LIBRA en sus propias redes sociales y el compromiso del Estado argentino en contrataciones del sector.
El corazón de la imputación reside en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, una figura que contempla penas que van de uno a seis años de prisión. La querella no se detuvo en la figura del Presidente, sino que extendió la solicitud de indagatoria a un amplio espectro de implicados. La lista incluye a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; al propio Mauricio Novelli, identificado como operador central en la trama; a su socio Manuel Terrones Godoy; y a Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. El radio de acción también alcanza al entorno familiar del lobista: su hermana, Pía Novelli, y su madre, Alicia Rafaele, quienes habrían desempeñado roles clave en maniobras posteriores al estallido del escándalo, desde la intervención en pagos sospechosos hasta el vaciamiento de la caja de seguridad del joven financista en la primera jornada hábil tras el colapso de la criptomoneda. Completan el pedido de citación el empresario jubilado Orlando Mellino, señalado como intermediario en los desembolsos de Davis hacia Novelli, y el financista especializado en criptoactivos Camilo Rodríguez Blanco, quien habría actuado como facilitador para canalizar transferencias en monedas digitales hacia el exterior y proveer efectivo para pagos que, según la hipótesis, podrían haber llegado hasta el propio Presidente y su hermana.
El relato de las tres etapas de una maniobra espuria
La presentación judicial ordena la abrumadora cantidad de información rescatada del dispositivo de Novelli —y acumulada durante el último año— en tres fases diferenciadas que, en conjunto, conforman un relato sistemático de la presunta ilicitud. El delito de negociaciones incompatibles, que castiga al funcionario que se interesa en operaciones en las que interviene por su cargo, es el hilo conductor que une cada una de estas etapas. La hipótesis principal sostiene la “existencia de intereses privados promovidos desde la máxima investidura del Poder Ejecutivo” para la comercialización de un activo digital.
La primera fase describe la “planificación y negociación de un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y operadores privados” en la antesala del lanzamiento de $LIBRA. En este punto, los abogados destacan la aparición de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Javier Milei y Hayden Davis, que el propio Novelli se reenvió a sí mismo. Más allá de la presencia o ausencia de firmas, los letrados consideran que el contenido del documento —con nombres, propósitos y requisitos explícitos— adquiere una relevancia central al confirmarse con los hechos posteriores. La fotografía del Presidente junto al empresario estadounidense en la Casa Rosada y el posterior tuit de Milei dando cuenta de ese vínculo serían, a su juicio, la constatación fehaciente del “interés” que tipifica el delito. Un detalle temporal resulta particularmente elocuente: el encuentro ocurrió el 30 de enero de 2025 y, ese mismo día, Davis efectuó dos transferencias por un total de un millón de dólares que habrían llegado a Novelli y Terrones Godoy, una de ellas apenas cuarenta y dos minutos después de la reunión. Un documento hallado en el bloc de notas del trader especificaba pagos escalonados, con un adelanto de un millón y medio de dólares, otro millón y medio por un tuit de Milei anunciando la asesoría, y dos millones adicionales por la firma del acuerdo que incluía al Presidente y a Karina Milei.
Otros borradores de acuerdos, fechados en noviembre de 2024, revelan una negociación extendida en el tiempo, con la participación de las empresas vinculadas a Davis y los lobistas locales. En uno de estos pactos, que incluía reuniones privadas con Milei, se emitió una factura por 250.000 dólares firmada por Pía Novelli. A esto se suma la confirmación, mediante la pericia del celular, de una relación previa y estrecha entre Novelli y los hermanos Milei, que se remontaba a años atrás, con el Presidente promocionando la academia del empresario y registros de reuniones desde 2021. Un capítulo aparte lo constituye la participación activa de Karina Milei en la organización del Tech Forum, el evento que sirvió como antesala de $LIBRA. En este contexto, la querella advierte una “relación económica” preexistente, con audios donde Novelli describía los pagos de “sueldos” a los “influencers” de su academia, especificando que él personalmente se ocupaba del caso de Milei por montos de 2000 dólares, y que ya durante la gestión actual se mencionaba un pago de 4000 dólares para Karina, canalizado a través de la “cueva” de Rodríguez Blanco.
La segunda fase describe la ejecución del plan, que culminó con el lanzamiento de la criptomoneda y el perjuicio masivo a los inversores. Las transferencias millonarias de Davis a fines de enero fueron el preámbulo. El 14 de febrero, con la promoción pública de $LIBRA desde las redes del Presidente, el valor del activo se disparó para colapsar horas después, dejando pérdidas reconocidas por al menos 100 millones de dólares. Para los querellantes, las comunicaciones frenéticas entre el Presidente, su hermana, Santiago Caputo y Novelli en los momentos previos y posteriores al colapso desbaratan “cualquier hipótesis de desconocimiento o ajenidad por parte de los funcionarios públicos involucrados”.
La tercera etapa, por último, se centra en el intento de encubrimiento. Los peritos informáticos advirtieron la eliminación de conversaciones, archivos y mensajes de los dispositivos de Novelli y Morales. Un dato que se suma es la demora de tres semanas por parte del fiscal para ordenar los allanamientos, lo que permitió que solo una parte del material suprimido pudiera ser recuperada. A ello se suma el vaciamiento de las cajas de seguridad de Novelli en el Banco Galicia —abiertas apenas diez días antes del escándalo— por parte de su hermana y su madre. El entramado de intermediarios, como Mellino y Rodríguez Blanco, habría sido utilizado para convertir criptomonedas en efectivo, borrando así el rastro hacia los destinatarios finales de los fondos.
Responsabilidades y una investigación bajo tensión
El escrito de los querellantes no solo detalla los hechos, sino que también perfila con claridad cómo se distribuirían las responsabilidades penales. Para Javier y Karina Milei, la prueba recabada apunta a su participación directa en las negociaciones y en los actos de promoción institucional del proyecto. A Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales se los ubica como intermediarios y suscriptores del acuerdo, partícipes necesarios de la maniobra. En cuanto a Pía Novelli y Alicia Rafaele, su intervención posterior al colapso —con la emisión de facturas y el vaciamiento de las cajas de seguridad— los vincula con el encubrimiento. Finalmente, Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco aparecen como piezas clave en la cadena destinada a ocultar la identidad de los destinatarios finales de los fondos, mediante la conversión de criptoactivos en efectivo.
En medio de este avance judicial, la Secretaría General de la Presidencia salió a negar la existencia de cualquier acuerdo entre Milei y Davis, un gesto que los denunciantes interpretan como un “ocultamiento institucional”. Las críticas de los querellantes también apuntan a lo que consideran una demora injustificada en la incorporación del peritaje al expediente, un estudio que Novelli busca que sea anulado invocando argumentos alineados con la postura del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Con el tablero en movimiento y las pruebas en el centro del escenario, la causa $LIBRA se encamina hacia una definición procesal que podría tener implicancias de alto impacto político y judicial.
