La declaración bajo juramento de una agente de ventas revela que el trayecto en jet privado a Punta del Este habría sido un obsequio del conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio. El relato incluye llamadas desesperadas del animador durante la audiencia y un insólito operativo del jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para acelerar los trámites de salida de los pasajeros. Mientras tanto, la investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete avanza con pedidos de informes sobre propiedades, automóviles, travesías internacionales y sociedades.
El expediente que amenaza con socavar la tranquilidad del vocero presidencial acaba de recibir una sacudida de magnitud. La versión jurada de una trabajadora que comercializó los boletos en la aeronave de alta gama que transportó a Manuel Adorni hacia el balneario uruguayo ha fortalecido una única hipótesis: la excursión de lujo fue un presente que le obsequió el animador de la televisión estatal, Marcelo Grandio. “Quiero agasajar a una familia”, confió el comunicador a la empleada, identificada como Vanesa Tossi, en el momento de solicitarle un presupuesto para el desplazamiento. En su exposición con juramento de por medio, la mujer aseveró que el desembolso de los pasajes lo efectuó Grandio y que este intentó por todas las vías posibles evitar que se le extendiera una factura. Pero no se detuvo allí: sumó un detalle que podría desplegar un nuevo segmento en la pesquisa. Según su dicho, el día del vuelo con destino a Uruguay, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino de manera personal con un dispositivo singular para relajar los filtros de seguridad y dinamizar la salida de los viajeros considerados especiales.
En el mismo instante en que Tossi desgranaba su relato en la sala de audiencias, se produjo un episodio fuera de lo común. El conductor de televisión comenzó a intentar comunicarse con ella. Ante la ausencia de contestación, redobló la apuesta con mensajes de texto: “Vane, ¿te encuentras ahí? ¿Te llamo?”. El testimonio de la compareciente resulta diáfano. Plantea un panorama sumamente incómodo para el jefe de Gabinete, quien desde hace días no cesa de repetir que “está harto de aclarar que sufragó el viaje”. Abrumado por las novedades judiciales vinculadas a su escapada a Uruguay, Adorni recibió otra noticia adversa. El fiscal Gerardo Pollicita puso en marcha una pesquisa por supuesto enriquecimiento injustificado y solicitó una batería de medidas destinadas a escudriñar a fondo su tren de vida: escrituras de inmuebles, desplazamientos al extranjero, rodados, nombramientos oficiales, participaciones en firmas mercantiles, entre otros rubros.
La declaración que coloca al portavoz en la cuerda floja
La dependiente de la firma Jag Executive se presentó durante la mañana de ayer en el edificio de Comodoro Py y expuso con meticulosidad cómo se concretó el pago del traslado a Punta del Este. Conforme a la reconstrucción efectuada por este medio a partir de fuentes judiciales, Tossi detalló con precisión que Grandio, con quien ya había negociado en ocasiones previas, le pidió una cotización para obsequiar el viaje a una familia amiga. Una vez que le hizo llegar el importe del trayecto, supo que el gesto generoso estaba dirigido a la familia Adorni. En las conversaciones que mantuvieron, el animador insistió en que no le emitieran comprobante fiscal alguno. Finalmente, acordaron confeccionar únicamente uno correspondiente al vuelo de ida. A la luz de lo ocurrido, no resulta fortuito que tanto Adorni como Grandio se hayan restringido, en un primer momento, a hablar exclusivamente sobre esa etapa del viaje.
La madeja se enreda todavía más con la factura del retorno. El documento fue presentado el jueves pasado por Agustín Issin, el superior de Tossi, y presenta aristas más que sospechosas. Por ejemplo, lleva fecha del 9 de marzo, varias semanas después del vuelo, en un tiempo que parecería responder a una reacción tardía. Casualmente, ese mismo día el periodista Carlos Pagni mencionó al pasar en el canal LN+ que la familia Adorni se encontraba de excursión en Uruguay. A partir de ese momento, el escándalo empezó a adquirir repercusión pública. Según Issin, la demora se explicaba por hallarse fuera del país y recién haber podido elaborar el recibo a su regreso. Un argumento que suena más a un pretexto que a una coincidencia inocente.
Grandio, además, exigió que la facturación se emitiera a nombre de su productora Imhouse, una empresa que posee contratos suscritos con el Estado para la realización de cuatro programas en la Televisión Pública. Este extremo resulta crucial porque las denuncias apuntan justamente a que el viaje del jefe de Gabinete podría configurar una dádiva encubierta a cambio de esas adjudicaciones estatales.
En su comparecencia ante el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, Tossi se refirió al costo de los boletos y dejó en evidencia que la operación fue solventada íntegramente por Grandio. En los diálogos que mantuvieron, el conductor le pidió que comercializara los asientos que iban a quedar vacantes en la aeronave privada para reducir al máximo los costos. Quería que el obsequio le resultara lo más económico posible. Tras el requerimiento, la empleada logró colocar tres plazas para otros pasajeros que compartirían el traslado con los Adorni: dos boletos en el vuelo del 12 de febrero y un boleto en el del 17 de febrero. Por esta razón, Grandio obtuvo una rebaja de 1.800 dólares. Cada trayecto costaba originalmente 4.800, pero por el de regreso desembolsó 3.000.
La modalidad de pago del viaje constituye otro punto opaco. El tramo de ida se adquirió mediante una transferencia bancaria efectuada por una persona llamada Horacio. El trayecto de vuelta se canceló en efectivo. Tossi explicó que seis días después del vuelo, el 23 de febrero, tuvo que recordarle al conductor el asunto del pago pendiente. Como respuesta recibió que se comunicaría con ella ese mismo Horacio. Dicha persona la derivó con otro de nombre Marcelo. Este hombre la contactó por WhatsApp, se presentó como un colaborador que responde a Grandio y coordinaron la entrega de un sobre.
La secretaria de Issin también aportó una copia de una carta documento que Grandio le envió al agente de viajes Agustín Issin. Allí, una persona que sería el apoderado del conductor le manifestó que desconocía la factura de los 3.000 dólares que ya había abonado y reclamó que le generaran una nota de crédito. Un movimiento que, en principio, parece buscar borrar huellas.
Pasajeros con tratamiento diferencial
Más allá de la cancelación del traslado, el proceso judicial podría sumar un nuevo capítulo a raíz del testimonio brindado por Tossi acerca de los privilegios que disfrutó la familia Adorni para abandonar el país. Según declaró, el 12 de febrero en el Aeropuerto de San Fernando, el responsable de la PSA dispuso un operativo especial que flexibilizó los controles migratorios. En lugar de emplear el sistema de reconocimiento facial, se optó por el escaneo del documento, un trámite más ágil y menos riguroso.
La angustia de Grandio
Hacia el final de su exposición, la testigo comentó la insistencia casi ansiosa del conductor de televisión por establecer contacto con ella. Relató que, después de que el escándalo trascendiera, la llamó en innumerables oportunidades. Contó que lo percibió nervioso y que en un momento dejó de atenderlo. Al parecer, la inquietud persiste hasta el presente. Porque durante la audiencia de ayer, Grandio la llamó y le envió mensajes nuevamente. “¿Vane, estás ahí? ¿Te llamo?”, le preguntó. No hubo respuesta. Minutos después se despidió: “Bueno, todo bien. Saludos”. Más tarde no pudo contenerse y volvió a escribirle: “Si quieres, llámame”. Todo quedó registrado en el acta judicial.
Compromisos contractuales con el Estado
En paralelo a la declaración de Tossi, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por orden del juez Lijo, se presentó ayer en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial. El procedimiento tuvo como propósito recoger documentación oficial sobre las contrataciones de la productora de Grandio. El pedido de información no se limitó únicamente a los montos de los acuerdos, sino que se extendió también a los mecanismos de control laboral, en busca de potenciales irregularidades. La Justicia, específicamente, solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de ausencias de Grandio, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si, por el contrario, escondía una estructura de beneficios anómalos y privilegiados.
Viviendas, vehículos, travesías, firmas: todo bajo la lupa
El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, considera que existen motivos fundados como para avanzar en la investigación por la sospechosa evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Por eso, requirió a Lijo que adopte una serie de medidas contundentes para identificar los bienes de Adorni y su cónyuge. Con ese objetivo, pidió que se libre oficio a los Registros de la Propiedad de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Además, solicitó a la administración del exclusivo Country Indio Cuá Golf Club que informe sobre el pago de las expensas y a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz si tramitaron los permisos correspondientes para la construcción de la casa situada en el lote 380.
También demandó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor para averiguar qué vehículos figuran a nombre del funcionario. De la Oficina Anticorrupción quiere recibir todas las declaraciones juradas desde 2022 y de la Secretaría General de Presidencia el legajo completo del funcionario: designaciones, renuncias, salarios, viáticos, movilidad, entre otros rubros. De la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros organismos pretende obtener información sobre participaciones en sociedades y cargos directivos tanto de Adorni como de su esposa, Angeletti. Y, con los viajes a Nueva York y Punta del Este como epicentro de la crisis política que sacude al Gobierno, Pollicita quiere que la Dirección Nacional de Migraciones le brinde un informe completo sobre los ingresos y egresos del país de la pareja desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.
Para Adorni y el Gobierno, el escándalo por sus desplazamientos y posesiones es un asunto concluido. Para la Justicia, es un caso que recién comienza a rodar.
