La adquisición del inmueble donde reside Manuel Adorni junto a su familia despertó numerosos interrogantes en la causa judicial que investiga la evolución de sus bienes. El fiscal Gerardo Pollicita convocó a declarar a la escribana que intervino en la operación, mientras se multiplican las sospechas por el valor registrado, significativamente inferior al de mercado, y por el particular financiamiento otorgado por las propias vendedoras.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, sumó un nuevo capítulo de controversia a partir de la compra del departamento que ocupa con su familia en el barrio porteño de Caballito. El fiscal Gerardo Pollicita decidió citar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, profesional que tuvo a su cargo la intervención en la operación mediante la cual el funcionario adquirió esa propiedad de doscientos metros cuadrados más una cochera, ubicada en la calle Miró al quinientos, durante noviembre del año pasado. El testimonio de la escribana, que deberá presentarse el ocho de abril bajo juramento de decir verdad, resulta clave para esclarecer una serie de puntos oscuros que rodean la transacción.
El valor consignado ante el Registro de la Propiedad Inmueble fue de doscientos treinta mil dólares, una cifra que despertó todas las alarmas, dado que en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires resulta prácticamente imposible encontrar propiedades a menos de tres mil dólares por metro cuadrado. Los cálculos más elementales indican que el precio lógico de mercado rondaría el medio millón de dólares. A esta discrepancia se suma un mecanismo de pago cuando menos singular: Adorni habría abonado el inmueble con un préstamo de doscientos mil dólares otorgado por las propias vendedoras, quienes además constituyeron una hipoteca sobre el bien.
La escribana Nechevenko no es una figura menor en esta trama. Su participación no se limitó a la operación del departamento de Caballito, sino que también intervino un año antes en la compra de la casa ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, adquirida a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. Ninguna de estas dos propiedades fue incorporada a las declaraciones juradas de Adorni. Consultada por periodistas la semana pasada, el jefe de Gabinete sostuvo que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, en alusión al documento correspondiente a dos mil veinticinco, aunque desde entonces sumó nuevas explicaciones para intentar despejar las dudas.
La citación de la escribana también fue reclamada por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano en el marco de una ampliación de denuncia. Los legisladores señalaron entre sus cuestionamientos que no queda claro cuál es el costo financiero de la operatoria, el interés aplicado ni el plazo de devolución del dinero prestado, todo ello teniendo presente que Adorni y su cónyuge debieron firmar una declaración jurada de persona expuesta públicamente conforme a la resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera.
El fiscal Pollicita ya requirió toda la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias realizadas. No se descarta que solicite también el informe que posee la ONG Poder Ciudadano, donde constan los ingresos de la escribana Nechevenko a la Casa Rosada para entrevistarse con Adorni durante dos mil veinticuatro. Según esos registros, obtenidos mediante un pedido de acceso a la información, la profesional ingresó por primera vez el treinta de julio para reunirse con quien entonces se desempeñaba como vocero presidencial. Los encuentros se repitieron en agosto y octubre. La última visita ocurrió el veintiséis de diciembre, cuando Nechevenko llegó incluso antes que el propio Adorni, y para ese momento el jefe de Gabinete ya había concretado la compra de la casa en el country. Durante dos mil veinticinco solo se registraron tres ingresos, en mayo, julio y septiembre.
Las mujeres que actuaron como vendedoras y a la vez como prestamistas son Beatriz Viega, de setenta y dos años, y Claudia Sbabo, de sesenta y cuatro. La escritura del departamento de Caballito, revelada por el diario La Nación, consigna que cada una de ellas habría cedido cien mil dólares en concepto de hipoteca para que Adorni pudiera pagar la propiedad, mientras que el funcionario habría aportado treinta mil dólares adicionales de su bolsillo. Consultada por el periodista Ignacio Grimaldi, Viega respondió que no conocía a Adorni: “La verdad que no”, afirmó. En el teléfono celular de Sbabo atendió otra persona ante su supuesta ausencia, quien dijo ignorar si Claudia tiene algún vínculo con el exportavoz presidencial.
Los documentos revelan además que ambas mujeres habían adquirido la propiedad en mayo del año pasado, apenas seis meses antes de la venta a Adorni, comprándosela a Hugo Alberto Morales, un exjugador de fútbol que militó en Huracán y Lanús, por doscientos mil dólares. El fiscal, por ahora, no ha citado a las prestamistas. Según fuentes cercanas a la causa, Pollicita aún no tiene definido si deberían comparecer en calidad de testigos o como imputadas de algún eventual delito. La pregunta central que circula en el expediente es si realmente no conocen a Adorni o si sus nombres fueron utilizados como parte de una operatoria más compleja.
Ambas mujeres registran actividad económica previa. Viega, viuda, fue socia de Nazca Gold SRL, una empresa que tenía entre sus objetos la ejecución de obras públicas y privadas así como actividades inmobiliarias como compra, venta, permuta e hipotecas. Sbabo, en tanto, tendría relación de dependencia en una editorial.
La fiscalía solicitó diversas medidas para escrutar el patrimonio y los gastos de Adorni. Pidió constancias sobre sus ingresos a la Secretaría General de la Presidencia, lo que incluye no solo su sueldo sino también otros suplementos y gastos de movilidad. A la Anses le requirió todos los datos sobre su historial laboral, remuneraciones y empleadores. A la Oficina Anticorrupción le demandó las declaraciones juradas con los anexos reservados incluidos, donde debería figurar la casa de Indio Cua. También busca determinar si se realizaron arreglos en esas propiedades. Asimismo, requirió información sobre ingresos y egresos del país desde el primero de enero de dos mil veintidós.
La diputada Marcela Pagano fue aportando en sus denuncias información sobre posibles discrepancias patrimoniales de Adorni. En su última presentación también pidió que se investigue si el funcionario es el propietario de una casa de importantes dimensiones ubicada en San Isidro, que los vecinos le adjudicarían a él y que cuenta con custodia permanente de la Policía Federal.
Por otra parte, la rama de la pesquisa vinculada al viaje de Adorni a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval continúa a cargo del juez Ariel Lijo. Hasta el momento se registraron dos testimonios clave: el del piloto y broker Agustín Issin Hansen y el de su secretaria Vanesa Tossi. Ambos confirmaron que el conductor de televisión Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, gestionó el traslado y abonó los pasajes. Tossi declaró que Grandio le insistió en que se trataba de una “invitación” para una familia y le pidió que no emitiera facturación, aunque no logró evitar la generación de los comprobantes. La mujer también relató que el procedimiento migratorio el día del viaje no fue el habitual, que intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que se habrían relajado los controles. El juzgado espera aún la documentación solicitada la semana pasada, entre ella los contratos que vinculan a la productora de Grandio, Imhouse, con el Estado. Adorni sostuvo que él había pagado los vuelos, pero no existe ningún elemento que respalde esa versión en el expediente. Y aun en el caso de que hubiera abonado los pasajes, debería poder justificar un desembolso cercano a los nueve mil dólares entre ida y vuelta.
