Lo que comenzó como la investigación de un trágico deceso por sobredosis en un profesional de la salud terminó por revelar una compleja maniobra de desvío de medicamentos de alta potencia desde un nosocomio privado hacia encuentros nocturnos donde el propofol y el fentanilo se consumían con fines lúdicos.
La fatalidad acaecida en la vivienda de un galeno residente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia encendió las alertas de la justicia a fines de febrero. Aquel profesional, identificado como Alejandro Zalazar, un anestesiólogo que cumplía funciones en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y que había sido previamente residente en el propio Rivadavia, fue hallado sin vida el día 23 de ese mes. Al inspeccionar el domicilio, las autoridades dieron con un acervo sorprendente: una voluminosa cantidad de sustancias vedadas junto a utensilios de práctica clínica, lo que impulsó de inmediato las pesquisas para esclarecer el origen de ese material.
Con el correr de las pesquisas se estableció que la causa del deceso obedecía a una dosis excesiva de propofol y fentanilo, dos agentes anestésicos administrados exclusivamente por vía intravenosa en entornos hospitalarios. El paso decisivo en la indagatoria sobre la procedencia de esos compuestos y de los múltiples insumos clínicos secuestrados condujo a una certeza escalofriante: todo había salido del Hospital Italiano de Buenos Aires.
La evidencia de una fiscalización laxa sobre esas sustancias, sumada al desenlace mortal, precipitó una pesquisa de mayor calado destinada a desentrañar quién estaba extrayendo los fármacos y con qué propósito. Tras una revisión interna rigurosa en aquella institución privada de salud, se logró individualizar a dos sospechosos: un médico perteneciente al área de Anestesiología, cuyas iniciales responden a H.B., y una residente de tercer año de la misma especialidad, mencionada como D.L. Ambos son señalados como los presuntos autores del hurto y la posterior distribución ilegal de las drogas.
Ante el descubrimiento, la conducción del Hospital Italiano emitió un pronunciamiento oficial en el que detalló las resoluciones adoptadas contra los implicados. El comunicado, difundido el pasado lunes 30 de marzo, comenzó señalando que la institución había tomado todas las medidas necesarias para analizar lo ocurrido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos con miras a la prevención futura. Se precisó que, frente a la denuncia recibida por canales internos, el hecho fue notificado de manera inmediata a la Dirección del hospital y se efectuó la correspondiente denuncia ante los tribunales competentes, poniéndose la entidad a disposición de la justicia para colaborar plenamente con el proceso investigativo.
En lo atinente a los señalados, se aplicaron las sanciones institucionales que corresponden y se activaron los mecanismos previstos mientras avanza la causa. La institución fue enfática al afirmar que ninguna de esas personas continúa desempeñando tareas en el nosocomio. Paralelamente, se inició una revisión exhaustiva del circuito de custodia y seguridad en la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los dispositivos de supervisión y evitar la repetición de situaciones análogas. El hospital italiano adelantó, además, que trabajará de manera conjunta con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar esta clase de episodios, dado que la sustracción de medicamentos anestésicos y su distribución o abastecimiento ilícito también habrían sido reportados en otras instituciones del sistema de salud. Se trata, según remarcó el escrito, de una problemática que exige fortalecer de modo coordinado políticas, controles y estrategias de prevención. Finalmente, la entidad se excusó de brindar mayores precisiones por tratarse de una investigación en curso.
En cuanto a la finalidad del desvío de esos insumos médicos, dos hipótesis cobran fuerza en el expediente. La primera apunta a un negocio denominado “experiencias farmacológicas”: según información trascendida, los acusados ofrecerían, a cambio de una retribución económica, el suministro de una dosis controlada de anestésico intravenoso para que los “clientes” ingresen en un estado de relajación extrema, procedimiento que además contaría con la supervisión de los propios profesionales. La segunda versión alude a posibles “reuniones de carácter sexual” organizadas por el anestesista del Italiano, a las cuales eran convocados conocidos del médico que estaban al tanto de su práctica recreativa. Un medio nacional consignó que algunos facultativos informaron que el acusado administraba un grupo de WhatsApp denominado “Fiesta del propofol”, desde donde se coordinaban los encuentros destinados a la autoadministración de drogas.
Por su parte, la AAARBA emitió el martes un comunicado en sus redes sociales —con la particularidad de haber inhabilitado los comentarios del público— para referirse al caso. La asociación sostuvo que no poseía conocimiento fehaciente previo de episodios como los mencionados, aunque, en resguardo de la transparencia institucional, puso la situación en conocimiento de la autoridad jurídica (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 16, causa 9887/2026) a fin de que se investigue con el debido rigor. La entidad profesional aclaró además que no administra ni dispone de drogas en el ámbito formativo, ya que las prácticas se realizan mediante simuladores de alta fidelidad, sin utilización de sustancias reales.
