En medio de un declive en la intención de voto y un horizonte económico complejo, sectores cercanos al Gobierno impulsan mover la elección presidencial al quinto mes del año próximo para facilitar una eventual reelección de Javier Milei y despejar compromisos financieros. Sin embargo, especialistas advierten obstáculos legales casi insalvables y comparan la iniciativa con una cortina de humo.
En las últimas semanas, dentro de ciertas oficinas de la Casa Rosada y en el círculo más próximo al ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó a cobrar cuerpo una especulación que hasta hace poco parecía propia de laboratorios políticos: la posibilidad de adelantar los comicios presidenciales a mayo de 2027. La propuesta surge en un momento en que el Gobierno percibe una cuesta descendente en las mediciones de opinión pública y anticipa un año entrante con turbulencias económicas. Desde ese sector del oficialismo se imagina un escenario donde Javier Milei logre la reelección en la primera mitad del año, dejando así un segundo semestre despejado de ruidos electorales para renegociar vencimientos de deuda que superan los veinte mil millones de dólares. No obstante, la iniciativa choca de inmediato con un muro de interrogantes jurídicos: ningún especialista ha podido señalar todavía una ruta legal clara que permita a la administración nacional modificar el calendario electoral vigente, fijado por códigos, leyes y la propia Constitución Nacional. “No existe manera alguna. Es otra ocurrencia destinada a desviar la atención y generar humo”, sentenció un analista experto en materia electoral.
La idea circula desde hace varias jornadas en despachos estratégicos, al punto que el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac remitió una carta a la conducción nacional del Partido Justicialista para adelantar la definición del candidato presidencial del peronismo antes de que concluya el año, ante la presunción de que el Gobierno eliminará las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y trasladará los comicios generales a una fecha más temprana. “La información nos llegó por múltiples canales y de fuentes muy confiables”, explicaron desde la agrupación Primero la Patria, que trabaja en el posicionamiento nacional de Uñac. Como respuesta a esa movida, desde una fracción del oficialismo redoblaron la difusión de versiones no confirmadas.
Dentro de este plan hipotético, el primer peldaño sería la derogación de las PASO. Aquellas primarias, establecidas por la ley de Democratización de la Representación Política impulsada por Néstor Kirchner en 2009, fueron concebidas para ordenar el cronograma electoral federal, aunque desde su sanción acumulan críticas recurrentes debido al erario que demandan. Periódicamente resuena su eliminación y, de hecho, en 2025 ya fueron suspendidas para los comicios legislativos. En la reforma electoral que el Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas volvería a insistir con ese propósito, esgrimiendo el argumento —siempre seductor para los sectores antípolitica— de que cada fuerza partidaria debe costear sus propias internas.
Quienes trabajan en la construcción de un gran frente opositor para confrontar con Milei —tal como propone Miguel Pichetto tras sus reuniones con Cristina Kirchner— plantean la conservación de las PASO como una bandera prioritaria. “Permiten resolver los liderazgos de manera democrática”, argumentó Pichetto. Sin embargo, dentro del esquema de adelantamiento que imagina un sector gubernamental, la supresión de las primarias aparece como el punto más realizable, sobre todo si con ello se entorpecen los planes de la oposición. “Los gobernadores siempre se manifestaron en contra de las PASO porque así pueden manejar la lapicera a su antojo”, admitieron cerca de Axel Kicillof. Cabe añadir que la adopción de la Boleta Única de Papel (BUP) como modalidad de sufragio a escala nacional también favorece la irrupción de outsiders —figuras conocidas pero sin trayectoria partidaria— que podrían verse potenciadas en una primaria, un detalle que irrita todavía más a los mandatarios provinciales.
Aunque ese primer objetivo se resolviera a favor del oficialismo con el respaldo de los gobernadores dialoguistas, quedaría pendiente el corazón de la cuestión: el adelantamiento propiamente dicho. La fecha de los comicios presidenciales se halla fijada por el Código Nacional Electoral, que establece que deben realizarse “el cuarto domingo de octubre del año en que finalizan los mandatos”. Esta precisión desarrolla lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que señala que la elección de presidente y vicepresidente debe llevarse a cabo dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato en ejercicio. En términos concretos, según el Código Electoral los comicios deberían celebrarse el 24 de octubre de 2027; y de acuerdo con la Carta Magna, no podrían anticiparse más allá del domingo 10 de octubre como fecha más temprana posible.
El Código Electoral es una ley ordinaria, por lo tanto modificable por el Congreso. Pero en materia electoral se exige una mayoría absoluta del total de los integrantes de ambas cámaras: ciento veintinueve diputados y treinta y siete senadores, una cifra que hoy se encuentra por encima del alcance del oficialismo y sus aliados. “Si realmente desean avanzar en esa dirección deberían enviar las reformas de inmediato, porque a medida que pasen los meses, se deteriore la imagen del Gobierno y se acerque la fecha de la elección, más dificultades encontrarán”, advirtió un diputado de Unión por la Patria que sigue de cerca los asuntos electorales. De hecho, el oficialismo ya debió postergar el tratamiento de la ley de Glaciares, pese a que aseguraba tener los votos, para seguir negociando apoyos. En ese contexto, el Gobierno dejó trascender que habilitará adelantos de coparticipación a algunas provincias para evitar que recurran al endeudamiento.
Aunque sería extremadamente complejo, el Ejecutivo podría intentar la modificación del Código en el Parlamento. Lo que se antoja impracticable es una reforma constitucional, un proceso que demanda consensos muy elevados. Para empezar, la declaración de necesidad de reforma requiere los dos tercios de cada cámara; luego debe convocarse a una elección de convencionales constituyentes y, finalmente, esos representantes deben reunirse para debatir y aprobar los cambios. Nadie imagina que pueda ponerse en marcha un mecanismo de esa magnitud. Tampoco se vislumbra un atajo legal que permita al Gobierno eludir la normativa. “El Congreso no puede modificarlo. Precisamente, el espíritu del constituyente fue que una mayoría circunstancial no pueda alterar las reglas electorales según su conveniencia”, explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En ese marco, vale recordar que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti —última instancia ante cualquier controversia— fue convencional constituyente en 1994.
Por eso, en el peronismo algunos sostienen que ni siquiera vale la pena entrar en el juego que propone el oficialismo para intentar recuperar la agenda frente a una realidad que se le vuelve cada vez más adversa. Los sondeos ya no solo registran el deterioro gubernamental, sino que empiezan a reflejar la recuperación de dirigentes opositores. Que Axel Kicillof haya aparecido como el político con mejor imagen en el último relevamiento de la consultora brasileña Atlas Intel, por encima de Patricia Bullrich y Javier Milei, pudo marcar un punto de inflexión. Una nueva medición de Opina Argentina, que se difundirá en los próximos días, amplía esa tendencia y ubica la ventaja de imagen positiva de Kicillof sobre Milei en nueve puntos. A eso se sumó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que avaló su accionar en la nacionalización de YPF, un respaldo que le otorgó al gobernador bonaerense un nuevo impulso justo cuando comienza a perfilarse como el presidenciable opositor mejor posicionado.
Esa tendencia volvió a quedar expuesta durante la conmemoración de la guerra de Malvinas. La presencia de Kicillof, acompañado por su par riojano Ricardo Quintela y el anfitrión Gustavo Melella, le confirió al acto un carácter de centralidad nacional, con participación de legisladores de distintos sectores del peronismo. “Me impresionó esa imagen. Creo que está resuelto y que el candidato será Axel, los demás están muy lejos. Por eso vengo trabajando para tratar de acercar posiciones entre él y Cristina, no tiene sentido que sigan distanciados”, comentó un dirigente histórico del peronismo, de buen vínculo con ambos. En ese contexto, trasladar las elecciones unos meses antes o después difícilmente alterará la voluntad de voto de las mayorías.
De hecho, los antecedentes de adelantamientos electorales no muestran el efecto buscado. Raúl Alfonsín anticipó los comicios al 14 de mayo de 1989 —el mismo mes que ahora se menciona— y perdió frente a Carlos Menem, por lo que debió adelantar el traspaso. En 2009, Néstor Kirchner adelantó a junio las legislativas e impulsó las candidaturas testimoniales, pero no logró evitar la derrota frente a la lista encabezada por Francisco de Narváez. “El cambio de fecha no modificará la tendencia. Hay un impacto muy fuerte en la imagen de Milei desde principios de año, tras la espuma del triunfo electoral y la vuelta a la realidad de una economía que no funciona. Los escándalos del caso $LIBRA y de Adorni también le juegan en contra en su batalla cultural, pero el problema central sigue siendo económico y no se vislumbra margen para una recuperación perceptible en el corto plazo”, analizó un encuestador con los últimos números sobre la mesa.
