El jefe de Gabinete enfrenta una semana decisiva en los tribunales mientras la administración Milei lidia con escándalos, disputas de poder y alertas económicas que amenazan el relato de «moral como política de Estado»
En la antesala de un fin de semana que prometía tregua, la administración nacional se encontró una vez más incapacitada para recuperar la iniciativa en el terreno de la discusión pública. Ni los denodados esfuerzos por instalar la narrativa de una supuesta operación de desprestigio orquestada desde el Kremlin —operación que, de acuerdo con las averiguaciones de un conglomerado internacional de periodistas, habría demandado un desembolso cercano a los 280.000 dólares por centenares de piezas periodísticas diseminadas en plataformas digitales—, ni la celebrada reducción de los índices de indigencia, que durante el segundo semestre de 2025 se ubicó en el 28,2 por ciento, lograron opacar las filtraciones vinculadas al denominado caso $LIBRA. Pero lo que realmente ha terminado por acaparar la atención en estas horas es el creciente infortunio judicial que mantiene en vilo a Manuel Adorni, quien acaba de incorporar a su defensa a estudios jurídicos de renombre y se prepara para afrontar una jornada clave en los estrados de Comodoro Py: el próximo miércoles, la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias del matrimonio conformado por Adorni y Angeletti deberá comparecer ante los tribunales.
El funcionario, que ha recibido un respaldo incesante por parte del primer mandatario Javier Milei y de su hermana Karina —esta última receptora de las explicaciones patrimoniales del ministro respecto de la hipoteca no bancaria por 200.000 dólares que dos jubiladas le concedieron para la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el corazón del barrio porteño de Caballito—, buscará revalidar ese sostén durante el encuentro de gabinete programado para este lunes. Será la primera reunión del cuerpo de ministros desde que estallara el escándalo desatado por el viaje de la cónyuge del jefe de ministros a Nueva York integrando la comitiva oficial, la fugaz escapada a Punta del Este en una aeronave privada durante los feriados de carnaval, la adquisición de una vivienda en Exaltación de la Cruz, el nuevo piso en Caballito y las vacaciones en otros destinos, todos estos movimientos patrimoniales siendo investigados en conjunto por el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
El clima al interior del gabinete es de abierta desconfianza. Las manifestaciones públicas de respaldo hacia quien fuera el vocero presidencial resultan tibias, y en la intimidad se tornan aún más apáticas. El respaldo más enfático provino de Martín Menem, quien afirmó sin titubeos que pondría las «manos en el fuego» por su par. No resulta casual: el titular de la Cámara de Diputados es, junto a su primo Eduardo —apodado «Lule»—, uno de los miembros fundacionales del núcleo duro que se referencia en la hermana del presidente, colectivo que integra el ministro coordinador y que desde hace algún tiempo ha lanzado una ofensiva sobre el entramado que controla Santiago Caputo. «Como ese avance aún está en sus fases iniciales, esta situación perjudica seriamente aquellos planes. Adorni es Karina, no estaba preparado para ocupar ese lugar: la única razón por la que se encuentra allí fue para bloquear a Santiago», deslizó un operador de la fuerza libertaria. Lo paradójico es que, aun con ese diagnóstico, desde el sector alineado con Caputo se inclinan por la continuidad del jefe de ministros, quien se ha rodeado de colaboradores que mantienen excelentes relaciones con el ala celestial del Ejecutivo.
En el entorno más cercano a Karina Milei existe una convicción profunda: la escalada pública y judicial contra el jefe de Gabinete constituye en realidad un mensaje dirigido hacia su persona, más allá del material probatorio acumulado en el expediente y de los desaciertos cometidos por Adorni —como lo ocurrido con el vuelo a Uruguay desde el aeródromo de San Fernando—. El año pasado, un dirigente próximo a la secretaria General que estuvo a punto de trasladarse desde una provincia del centro del país hacia Buenos Aires en un jet privado cedido por un empresario amigo, desistió de hacerlo después de que la propia hermana presidencial se lo prohibiera. El jefe de Gabinete, según confiesan en su círculo, siente pavor ante la exposición social: hubo un episodio durante la última contienda electoral que lo marcó profundamente. De hecho, durante algunos fines de semana de esa campaña prefirió permanecer en su residencia de Indio Cuá antes que exponerse a actos proselitistas. Quizás por esa misma razón resultó tan llamativa la desproporcionada cantidad de efectivos policiales que esta semana resguardaron su domicilio frente a una protesta callejera protagonizada por estudiantes universitarios.
En la Casa Rosada aseguran, no obstante, que la avanzada de la hermana del presidente y de los primos Menem contra las denominadas Fuerzas del Cielo —avanzada que se hizo evidente con las remociones en el ministerio de Justicia— no se detuvo allí. «Van a suceder cosas. Hay un sector en expansión y otro en declive: si hay algo que Karina sabe hacer muy bien es gestionar la ansiedad», abundaron las fuentes consultadas. Parte de esa expansión podría concretarse en las próximas semanas con la formalización de Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral de inteligencia, organismo que debe controlar y supervisar el funcionamiento, los planes y los erogaciones de la SIDE, actualmente bajo la órbita de Caputo: «Si no podemos administrar, entonces controlamos». En este contexto, en el universo cercano a Karina Milei comenzaron a mirar con cierta estima a antiguos colaboradores provenientes de la Aduana.
El presidente conoce bien esta disputa intestina, pero su estilo de liderazgo —sumado a su incapacidad para filtrar la influencia arrolladora de su hermana— complica la administración del gabinete y el desenvolvimiento cotidiano de la gestión. En apenas dos años de mandato, Milei ya ha tenido tres ministros coordinadores, tres cancilleres y se han ido centenares de funcionarios —más de doscientos—. Ese sistema de toma de decisiones implementado por el primer mandatario tiene consecuencias directas en el gabinete, en la gestión y en la denominada «batalla cultural». ¿Con qué vara, por ejemplo, se mide la «moral como política de Estado» promocionada durante la apertura de sesiones del Congreso y en la semana argentina en Nueva York?
El viernes pasado, la ministra Sandra Pettovello aportó más confusión cuando exigió la renuncia a su propio jefe de gabinete por la sola razón de haber solicitado un crédito hipotecario del Banco Nación. La determinación sorprendió al gobierno, particularmente a otros funcionarios —varios de ellos pertenecientes al ministerio de Economía— que también obtuvieron préstamos de esa misma entidad. ¿Constituyó un mensaje interno? «Sandra hace lo que quiere», excusó la decisión un colega del gabinete. Lo llamativo es que Leandro Massaccesi había trabado con ella un vínculo muy directo, fue importante para enderezar la gestión en la cartera de Capital Humano y su calificación para la hipoteca se realizó, según las fuentes, de acuerdo a los estándares habituales del banco. Más llamativo aún resultó que la explicación que el exfuncionario ofreció en su cuenta de la plataforma X fue reposteada por Milei. A los pocos minutos, el presidente borró ese reposteo.
El gabinete comienza a sentir los sinsabores del desgaste propio de una gestión que, conforme a las encuestas más rigurosas, ha empezado a exhibir niveles de desaprobación más elevados que los habituales a causa de la heterogeneidad en el consumo y la actividad económica, fenómeno que castiga especialmente a los asalariados, a los sectores medios y a los estratos medio-bajos. Durante marzo, la recaudación volvió a contraerse por octavo mes consecutivo en valores ajustados por inflación, en torno al 4,5 por ciento. Por esa razón, la Casa Rosada publicará esta semana de manera oficial la aprobación de una serie de adelantos de coparticipación para provincias aliadas por un monto de 400.000 millones de pesos a una tasa del 15 por ciento —inferior a la del mercado— con el objetivo de paliar la escasez de recursos de los gobernadores. La inflación correspondiente a ese mes, que se conocerá en las próximas semanas, persistiría en la tendencia de los últimos nueve meses, cuando se quebró la senda descendente. La Unión Industrial Argentina informó esta semana que la actividad fabril cayó un 0,8 por ciento respecto del mes anterior y en torno al 3 por ciento en términos interanuales. Durante la semana, los directivos de las principales cadenas de supermercados que mantuvieron una reunión con el ministro Luis Caputo, «Toto», le remarcaron al funcionario que se registró una caída del 6 por ciento en las ventas, en línea con el retroceso del consumo reflejado en la serie histórica de estos años. También se planteó la preocupación por las tasas municipales, un tema que dominó buena parte del encuentro y que constituye una pelea que Caputo lidera desde hace tiempo.
En la plana mayor del gobierno insisten, sin embargo, en que durante los próximos meses debería comenzar a revertirse la tendencia. «Se avecina un buen trimestre. El problema ahora son los ruidos políticos», destacó un miembro prominente de la administración. La incógnita reside, en ese sentido, hasta qué punto Milei es capaz de disipar esos ruidos y ordenar el gabinete puertas adentro. En buena medida, porque dentro del propio gobierno reconocen que esas incertidumbres y algunas señales de alarma en el frente económico pueden empezar a poner en riesgo el proyecto de reelección.
Es en este contexto que los escándalos en torno a la figura de Adorni cobran una relevancia aún mayor: horadan el relato «moral» del gobierno y colocan la lupa sobre la praxis de la hermana del presidente quien, desde octubre pasado —apalancada sobre el notable resultado electoral de medio término—, se erigió como la única jefa de la estrategia electoral y política del oficialismo. Aunque por debajo se proyectan otras disputas, muchas de ellas motivadas por cuestiones presupuestarias.
Una de esas contiendas tiene como protagonista a Patricia Bullrich. La ministra se encuentra enfocada en el Senado, posee su propia agenda y ha perdido influencia en la cartera de Seguridad. Alejandra Monteoliva, su sucesora, se adueñó de ese ministerio, aunque atraviesa una delicada situación salarial por parte de las fuerzas federales que motivaron el otorgamiento de un plus —anunciado esta semana— que ahora pone en aprietos al ministro Carlos Presti, de Defensa, en lo concerniente a los salarios de las Fuerzas Armadas. Alarmaron las versiones inéditas de un supuesto acuartelamiento por parte de la Policía Federal.
Mucho mayor es la preocupación en el área de Salud —un rubro dominado por Santiago Caputo a través del ministro Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo— en dos sectores que ya le trajeron serios dolores de cabeza al gobierno en momentos en los que Milei mantenía una mayor conexión emocional con buena parte de la sociedad: el PAMI y el sistema de discapacidad. En el caso del PAMI, se atrasó el pago a los prestadores desde fines del año pasado, una deuda que, según fuentes del sector, alcanzó los 1.000 millones de pesos. Hay clínicas en todo el país al borde de suspender los servicios de la obra social y otras que directamente contemplan bajar la persiana. Este miércoles habrá una reunión clave. En el área de discapacidad, la situación es igualmente crítica. Sorpresivamente, ni siquiera el buen vínculo entre los Caputo pudo destrabar los pagos: hubo llamados con él y con su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con promesas hasta ahora incumplidas. «¿Alguien está pensando en cuidar al presidente?», se preguntó una fuente vinculada a la cartera de Salud.
¿Reconfiguración judicial? Esa misma interrogante se formulan en los tribunales federales de Comodoro Py, pero en relación a la pesquisa por el caso $LIBRA, que avanza a paso muy lento a pesar de las revelaciones de las últimas semanas que involucran de manera directa a Milei. A ese expediente le adjudican al menos una cuota de influencia en los cambios recientes en el ministerio de Justicia. Diferente se presenta, por ahora, la suerte de Adorni en la investigación que lo involucra, a cargo de Lijo y Pollicita, que progresa, por el momento, a paso firme.
«Nos quedamos con la cartera de Justicia, ¿les parece poco 200 pliegos?», se preguntó en estas horas un colaborador de la hermana del presidente que sigue eufórico por el desembarco de Juan Bautista Mahiques al frente del ministerio de Justicia, con el cual la secretaria general de la Presidencia dirimió el último capítulo de la disputa con Caputo. El ministro envió en una primera tanda más de 60 pliegos que supervisa junto a «Lule» Menem, y que monitorea la hermana del presidente, pero hubo decenas de otros envíos al Senado en estos días.
En el ámbito judicial resaltan que hay que mirar bien de cerca a Mahiques, en cuyos planes estaría la reconfiguración —o el balanceo— de un sistema judicial como el de Comodoro Py, cuyo entramado se encuentra en plena disputa. «En el Poder Judicial no existe el 17 de octubre, el día de la lealtad», explicó un protagonista de esa puja. Cuando los Menem le presentaron al nuevo ministro a Karina Milei, entendieron la potencial llegada del ex jefe de los fiscales porteños como parte de esa posible reestructuración que se sigue con especial atención en la Corte Suprema. El envío de los primeros pliegos al Congreso —que incluyó al hijo de Horacio Rosatti, a la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi y a la secretaria del juez Julián Ercolini— forma parte de esa hipotética reorganización.
Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz observan con creciente interés la selección del ministro de las termas en danza. La semana pasada, ambos cortesanos firmaron un proyecto de reforma del sistema de selección de jueces por parte del Consejo de la Magistratura que no fue acompañado por Rosatti, según explicó, por su rol de titular de ese órgano. Ese texto fue distribuido de manera formal entre los consejeros el pasado martes en las comisiones de Reglamentación y de Selección de Magistrados, y se sumó a otros catorce ya presentados. Lorenzetti y Rosenkrantz esperan que el proyecto de la Corte se apruebe «a libro cerrado», y que sea apoyado por el presidente del máximo tribunal. Cerca de esos dos magistrados consideraron que una dilatación de ese texto inferiría una «inconducta» por parte de Rosatti. En el consejo abundaron en que la idea era avanzar lo antes posible, pero que será, en todo caso, una decisión colegiada en base a los quince proyectos presentados. Existe, sin embargo, un trasfondo en medio de esa disputa: la alianza transitoria entre Lorenzetti y Rosenkrantz, motivada por los movimientos mencionados y por el fastidio de este último cortesano por la suerte del pliego del mendocino Sebastián Elías —su secretario letrado promocionado para la Cámara Federal de esa provincia—, que espera impaciente por una definición de Mahiques. «Acá hay mayorías de acuerdo a los expedientes», remarcó una fuente judicial. A fines de febrero, por ejemplo, Lorenzetti y Rosatti, junto a dos conjueces convocados, dejaron sin efecto el sobreseimiento a Jorge Macri en una causa por presunto lavado de dinero. Rosenkrantz firmó en disidencia.
El protagonismo de Mahiques y el movimiento de los expedientes judiciales también es vigilado por el sistema político, desde el PRO y La Libertad Avanza hasta el peronismo. A Mauricio Macri, por ejemplo, el poder judicial siempre le pareció un rubro atractivo. El ex presidente tiene, desde que dejó el poder, intermitencias en el ejercicio de la influencia. «Nosotros no ponemos más el cuerpo por el gobierno», advierten desde el PRO. El acto de Parque Norte de hace algunas semanas generó al menos algo de expectativa interna. «Mauricio se sorprendió: pensó que éramos menos. Al menos estamos vivos», sintetizó un colaborador. El jefe del PRO observa a algunos empresarios como potenciales presidenciables. Uno de ellos pertenece al pacto de la tecnología. Aunque su principal obsesión es la ciudad capital. El ex jefe de Estado se encuentra completamente distanciado del gobierno desde la reunión de Olivos en la que se enteró de que Adorni iría como jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Le reprochó la decisión a Milei antes de abandonar la quinta presidencial: «Es como que yo lo ponga a Iván Pavlovsky», le dijo en alusión a su histórico y leal vocero. El martes, el ex jefe de Estado almorzó un largo rato, muy distendido, con su amigo Gustavo Arribas en un restaurante de la zona de Núñez. Entre junio y julio, planea viajar a Estados Unidos para asistir al mundial de fútbol.
La copa del mundo introduce otra incógnita que incluye el plano judicial: cuál será, dentro de dos meses y medio, la situación procesal de Claudio Tapia, «Chiqui», y de Pablo Toviggino. En la semana, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó por retención indebida de aportes a las autoridades máximas de la Asociación del Fútbol Argentino. La relación con la entidad madre del fútbol nacional también divide aguas dentro del Ejecutivo. En la AFA hay preocupación, en buena medida, porque aún resta un tiempo prudente para que concluya el gobierno de Milei, con chances muy concretas de ser reelecto. En el Partido Justicialista se evalúan alternativas para cuando llegue ese momento. También en la cúpula de la casa madre del fútbol. A mediados de febrero, referentes peronistas lanzaron un operativo clamor en el microestadio de Lanús en torno a la figura de Dante Guebel, llamativamente sin la presencia del pastor. Toviggino fue el encargado de convocar a las autoridades del club del sur bonaerense para conseguir el lugar.
