Mediante una resolución conjunta publicada en las primeras horas de la madrugada, los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores sellaron una medida que desató una fuerte reacción del régimen iraní, el cual acusó a Buenos Aires de plegarse a los intereses de Estados Unidos y el “régimen sionista”.
Apenas el sigilo de la madrugada cobijaba la difusión oficial, el Estado argentino concretó un paso de alto voltaje geopolítico al reafirmar su determinación de señalar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como una entidad vinculada al terrorismo, desoyendo las previas intimidaciones provenientes del régimen teocrático de Irán. La decisión, lejos de diluirse en anuncios retóricos, quedó sellada con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución conjunta signada por las carteras de Seguridad y de Relaciones Exteriores, bajo el número 3/2026, en la cual se declaró que se encontraban reunidos todos los requisitos exigidos para proceder a la inscripción de dicha fuerza en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
En los fundamentos del documento, las autoridades hicieron hincapié en los hallazgos de informes reservados elaborados por áreas especializadas de ambas dependencias, los cuales habrían arrojado evidencias contundentes acerca de la participación directa de esa estructura castrense en actividades relacionadas tanto con el financiamiento como con la ejecución de atentados de naturaleza terrorista. De acuerdo con esos dictámenes, los CGRI representan una amenaza latente para la seguridad de la Nación y el bienestar de sus habitantes, extremo que motivó la necesidad de incorporarlos al listado oficial. El Gobierno subrayó que la medida resulta imperiosa para robustecer las capacidades estatales de prevención, detección precoz y represión del flagelo terrorista y sus fuentes de ingreso económico, todo ello en sintonía con los compromisos asumidos por la Argentina en el concierto internacional.
Como consecuencia de este avance en materia de resguardo nacional, el Estado dispuso el congelamiento inmediato de los fondos, activos financieros y cualquier recurso económico vinculado a quienes perpetren dichos ilícitos, al tiempo que se obligó a adoptar mecanismos de alerta temprana y cooperación informativa con otras naciones para impedir la consumación de actos de esa naturaleza. La resolución no dejó de recordar que el país es parte de instrumentos jurídicos fundamentales, como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, todos los cuales exigen la adopción de un andamiaje normativo y administrativo tendiente a prevenir, combatir y erradicar el respaldo económico al terrorismo. Asimismo, se hizo referencia al cumplimiento de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recomiendan a los Estados miembros establecer procedimientos claros para incluir o excluir personas, grupos o entidades en registros vinculados con actividades terroristas.
La contundencia de la respuesta no se hizo esperar desde Teherán. En un contexto internacional ya de por sí incandescente, marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos y el respaldo de Israel en Medio Oriente, el régimen iraní reaccionó con virulencia a la decisión del Gobierno argentino. A través de un comunicado difundido por su embajada en Uruguay, la Cancillería persa afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada” del Ejecutivo de Buenos Aires, a la que calificó como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió, en tono ominoso, que esta determinación “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
El cruce diplomático se precipitó luego de que la Oficina del Presidente argentino explicitara que las investigaciones judiciales y las tareas de inteligencia habían permitido determinar que los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos funcionarios del régimen de Irán. Sin embargo, la respuesta iraní no abordó esas imputaciones directas y prefirió desviar el eje hacia el tablero geopolítico, denunciando que la medida argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”. Además, el comunicado sostuvo que la resolución se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, y concluyó con una frase de alto voltaje acusatorio: el presidente argentino y su canciller, al alinearse con Washington y Tel Aviv, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.
