Mediante un decreto reciente, el gobierno descentraliza la concesión y el mantenimiento de caminos federales en nueve distritos. La medida, que excluye la transferencia de la propiedad, busca aliviar la crisis vial en medio de una caída del 75% del presupuesto de Vialidad Nacional y un diagnóstico que califica como “regular o malo” al 70% de la red.
En un contexto de progresiva degradación de la traza caminera y una paralización casi absoluta de emprendimientos fundamentales, la administración de Javier Milei ha decidido transferir a los gobiernos provinciales la potestad para otorgar concesiones y ejecutar labores sobre las rutas de jurisdicción federal. Este movimiento profundiza el repliegue del poder central en materia de infraestructura colectiva, trasladando hacia territorios ya diezmados por la merma de sus arcas los costos, la administración y las obligaciones vinculadas al mantenimiento de los corredores viales.
Bajo este nuevo esquema, los distritos provinciales quedarán habilitados para adjudicar contratos de obra pública mediante el establecimiento de gravámenes a los usuarios —peajes— a compañías privadas, sociedades mixtas o incluso entes estatales. Las provincias autorizadas para iniciar estos procesos de reparación, conservación y administración son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El objetivo declarado apunta a desconcentrar atribuciones operativas y posibilitar que las administraciones locales manejen de forma directa el entramado caminero.
La disposición, formalizada a través del Decreto 253/2026, remarca que esta cesión de competencias posee un carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”. La normativa subraya además que el Estado nacional mantiene en todo momento la titularidad de los caminos, aclarando que el traspaso “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”. Asimismo, se establece un horizonte máximo para los acuerdos de gestión, que “en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación”.
Para poner en marcha este mecanismo, cada jurisdicción deberá suscribir acuerdos individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, en los que se especificarán los segmentos de ruta cedidos y el plan de tareas previsto. Según reza el decreto, las provincias tendrán la obligación de asegurar el “respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”. La cartera de Economía fungirá como autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos. En caso de que un distrito no convoque a licitación en el plazo de un año posterior a la rúbrica del convenio, se producirá el “decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”.
Deterioro, recortes y ausencia de conservación
La resolución del Poder Ejecutivo llega en momentos en que la red caminera nacional atraviesa una aguda crisis, producto del avanzado desgaste de las rutas, las reducciones presupuestarias y la falta de intervenciones periódicas. Informes elaborados por gremios del sector y especialistas señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo órbita federal presenta un estado calificado como regular o malo. Uno de los relevamientos más resonados fue presentado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), cuyo secretario gremial, Fabián Cattanzaro, sostuvo que “hoy la Red Vial Nacional está en un 70% en estado de regular a malo”, y advirtió que la falta de mantenimiento multiplica exponencialmente los costos futuros de reparación. De acuerdo con ese diagnóstico, preservar una ruta en tiempo y forma cuesta entre cinco y siete veces menos que tener que reconstruirla una vez que el deterioro se ha consolidado.
La crisis vial aparece también ligada al ajuste fiscal. FEPEVINA denunció que el presupuesto destinado a la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída del 75% en términos reales en comparación con el ejercicio 2023, lo que afectó tanto las labores de conservación cotidiana como el desarrollo de nuevas obras. Al mismo tiempo, el intento de clausurar o desmantelar el organismo Vialidad Nacional —que finalmente no se concretó— encendió todas las alarmas y suma una presión adicional sobre un sector ya severamente castigado.
