En una sesión prevista para este jueves, la Cámara alta evaluará medio centenar de postulaciones a magistrados, fiscales y defensores oficiales. La administración libertaria aspira a superar el cisma interno desatado tras el respaldo de Patricia Bullrich a una candidata que el Primer Mandatario ya había descartado.
En las últimas horas, el ánimo del Presidente experimentó un giro auspicioso ante la inminente posibilidad de concretar su primera designación en el ámbito del Poder Judicial. La sesión que el Senado celebrará este jueves incluye en su temario el análisis de un total de cincuenta expedientes con propuestas para ocupar cargos de jueza o juez, agente fiscal y defensor oficial. Desde la Casa Rosada se ilusionan con dejar atrás la controversia que estalló cuando la ministra de Seguridad salió a respaldar a una aspirante a la magistratura a quien el propio Mandatario ya había señalado con el pulgar hacia abajo.
El episodio más reciente que sacudió a La Libertad Avanza tiene un nombre indiscutido: María Verónica Michelli, señalada para integrar el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata. Los hermanos Karina y Javier Milei decidieron sustraer su postulación tras conocer que la letrada es cuñada del cronista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, figura hacia la cual el Jefe del Estado no disimula su antipatía. El espinoso caso de Michelli no será materia de debate en esta jornada; fuentes legislativas anticipan que podría retomarse la semana entrante, momento en el cual se dirimirá si la aspirante logra la mayoría simple necesaria para superar el filtro del Senado y, luego, cuál será la reacción del Presidente. En el Ejecutivo se cubren advirtiendo que, incluso en caso de una eventual aprobación en la Cámara Alta, el Primer Mandatario podría negarse a rubricar el decreto que materialice el nombramiento.
Milei replicó en sus redes sociales un mensaje del exmagistrado Carlos Manuel Rojas que validaba su determinación de echar marcha atrás con la precandidata. “Quien escoge a los jueces es el presidente de la República. Del mismo modo que remite una propuesta al Senado, puede revocarla. Podrá gustar o no, pero así lo dispone la Constitución. Nadie posee un derecho consolidado antes de su investidura formal”, posteó Rojas. Hasta avanzada la tarde del miércoles, aún se ventilaban discrepancias sobre cuáles expedientes ingresarían al recinto. Finalmente serán cincuenta; otros veinte, ya dictaminados por la Comisión de Acuerdos, deberán aguardar una próxima oportunidad para llegar al pleno.
Queda excluido de la lista el nombre de Emilio Rosatti, vástago del presidente de la Corte Suprema, postulado para un tribunal oral federal de Santa Fe. El pliego del joven Rosatti había encendido todas las alarmas antes de que irrumpiera la figura de Michelli. Este miércoles, la propia Michelli se reunió en el Senado con Victoria Villarruel en un encuentro que muchos interpretaron como una maniobra destinada a exacerbar la ira presidencial. El caso del hijo del máximo magistrado supremo también generó chispas en el propio tribunal; sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsaron una acordada para mejorar los sistemas de concursos judiciales justo cuando avanzaba la nominación del descendiente del presidente de la Corte.
Entre los candidatos que sí serán evaluados figuran María Julia Sosa y Carlos Fabián Cuesta, también postulados para el mismo tribunal oral número 3 de La Plata, cuyo fuero aún no ha sido creado. Sosa se desempeña como secretaria del juzgado federal 10 de Comodoro Py y es considerada la mano derecha de Julián Ercolini. También se votarán otras dos propuestas para los tribunales orales platenses: Claudio Ricardo Silvestri y Pablo Ezequiel Wilk. Este último es secretario del juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, sede que estuvo bajo la lupa judicial por su participación en la detención del dirigente gremial Juan Pablo “Pata” Medina, en el marco de la denominada “Gestapo” antisindical, una trama que involucró a jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios.
La administración libertaria buscará además concretar nombramientos en la Cámara Federal de La Plata. En el lote de expedientes figuran los de dos funcionarios de ese tribunal de alzada: Laureano Durán y Emilio Santiago Faggi. Durán adquirió notoriedad pública en diciembre de 2014, cuando el Consejo de la Magistratura lo designó —en su carácter de secretario— para subrogar el Juzgado Federal 1 de La Plata, que posee competencia electoral. Es hijo del fallecido excamarista Alberto Durán.
Otro de los pliegos en danza es el de Ana Juan como jueza federal de Hurlingham. Juan es secretaria de la Cámara Federal de Comodoro Py y está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que instruye la causa conocida como “$LIBRA”. El expediente de Ana Juan había sido originalmente remitido por Alberto Fernández, pero Milei lo retiró al asumir el mando. En la nómina de aspirantes a ser examinados también aparece el fiscal Javier Arzubi Calvo, propuesto como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Arzubi Calvo trabajó durante largos años en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La Cámara alta, asimismo, votará varios pliegos destinados a la Cámara Civil y la postulación de Juan Andrés Moldes como fiscal de primera instancia en el fuero penal económico. Moldes es hijo del fallecido fiscal Germán Moldes, quien en su momento fue uno de los operadores con mayor peso en Comodoro Py. Desde el Gobierno señalaron que, además, treinta y dos pliegos más adquirirán estado parlamentario en la sesión y que Milei se apresta a remitir otros cuarenta y cinco en los próximos días.
Las nominaciones han desatado toda clase de tensiones internas dentro del espacio oficialista. Circulan listas negras y operaciones encubiertas que enfrentan a los sectores liderados por Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. Hasta el momento, el Presidente no había logrado designaciones efectivas en el Poder Judicial, más allá del frustrado intento de nombrar jueces de la Corte Suprema sin pasar por el Senado y de las prórrogas otorgadas a magistrados que superan los setenta y cinco años —el límite etario que la Constitución establece para el ejercicio de la judicatura—. La sesión de este jueves se perfila, entonces, como un ensayo crucial para medir la capacidad de gravitación del Gobierno en un terreno que hasta ahora le ha resultado esquivo.
