Una conversación entre uno de los proveedores imputados y el sindicado cabecilla de la organización delictiva hace referencia explícita al descuento que, según declaraciones previas, terminaba en manos de Karina Milei. El fiscal Picardi solicitó 29 indagatorias en una causa que ya acumula pruebas contundentes sobre el desvío de más de 75 mil millones de pesos.
En el intrincado entramado de comunicaciones electrónicas que la Justicia logró recuperar y poner bajo la lupa, un mensaje breve pero de una contundencia arrolladora acaba de agregar un nuevo capítulo de vértigo a la investigación que mantiene en vilo a la Casa Rosada. “Ya le descontaron el 3”, fue el aviso que Claudio Kahn, un empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., envió el 29 de agosto del año pasado a Miguel Ángel Calvete, a quien los investigadores señalan como el verdadero jefe de la asociación ilícita que operó durante meses en el interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La cifra, lejos de ser casual, resuena con la declaración que el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, vertió en unos audios filtrados que hicieron estallar el escándalo: el tres por ciento de las coimas recolectadas en el esquema corrupto tenían como destinataria final a Karina Milei, la hermana del mandatario y una de las figuras más influyentes del actual gobierno.
El dictamen presentado por el fiscal Franco Picardi, que salió a la luz pública este jueves, no deja margen para la especulación. El representante del Ministerio Público Fiscal no solo solicitó al juez Ariel Lijo que convoque a indagatoria a 29 personas vinculadas a la causa, sino que además incluyó en su requerimiento un detalle escalofriante: el mismo Calvete, en una conversación íntima con su hija Ornella, exfuncionaria de la cartera de Economía que lidera Luis Caputo, mencionó de manera explícita el “3% para KM” al referirse a las maniobras ilegales que coordinaban con el mismo ejecutivo de la empresa proveedora. La prueba, hasta ahora circunstancial, comienza a adoptar la forma de un sólido eslabón en la cadena acusatoria.
La trama que destapó el denominado Coimagate se vuelve más densa con cada nuevo elemento incorporado al expediente. Calvete, quien hoy permanece detenido en el marco de otra investigación judicial, mantenía un diálogo fluido y descontracturado con Kahn, a quien tenía registrado en su agenda telefónica bajo el alias de “Clotta de Ortopedia Alemana”. El 7 de julio de 2025, ambos protagonizaron un intercambio que los pesquisas consideran central para comprender el funcionamiento del engranaje delictivo. En esa oportunidad, el sindicado líder de la organización le solicitó a su interlocutor que le acercara al domicilio ubicado en la calle Defensa dos liquidaciones, precisando que debía entregarlas a dos de sus colaboradores, a quienes mencionaba como “Lautaro” o “Play”. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue un agregado aparentemente trivial: “Si me lo pintás de verde mejor”. La jerga, lejos de referirse a una cuestión estética, aludía a la necesidad de que los pagos ilegales se concretaran en dólares estadounidenses y no en moneda local.
La respuesta de Kahn no se hizo esperar y quedó registrada en un mensaje de audio que revela con crudeza la logística del soborno. El empleado de la firma alemana le explicó a Calvete que tenía todo preparado en pesos, que no disponía de esa suma en billetes verdes, y que si insistía en recibir la divisa extranjera debería recurrir a una cueva financiera paralela para realizar la conversión. “Desarmar todo e ir a la cueva, no creo que tengamos esa cantidad de dólares en ortopedia, porque son dos licitaciones”, se escucha decir a Kahn en el archivo recuperado por la Justicia. La revelación expone la mecánica mediante la cual las empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo articulaban con los funcionarios corruptos para asegurarse las millonarias adjudicaciones públicas.
El derrotero del dinero sucio, sin embargo, no concluía en las manos de Calvete. Según pudo reconstruir el fiscal a partir de los mensajes incautados, el propio jefe de la asociación ilícita le indicó a Kahn que el dinero debía ser trasladado hasta el Edificio Catalinas, ubicado en la avenida Eduardo Madero al 900. En esa dirección funcionaban las oficinas de Alan Pocovi, un empresario vinculado a la histórica familia Menem y señalado por la investigación como uno de los encargados de blanquear los capitales negros obtenidos a través del sistema de corrupción montado en la ANDIS. Es en este contexto, apenas un mes después de aquella conversación, que Kahn envía el fatídico mensaje sobre el descuento del tres por ciento, al que Calvete responde con un escueto pero elocuente “Muy buenooooo”.
La secuencia de comunicaciones incriminatorias no se detiene allí. El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete, la hija del presunto capo de la organización criminal, insistió ante su padre para que le contara novedades sobre Claudio, el contacto de la ortopedia alemana. El padre le respondió que ya había concretado una reunión, ante lo cual la joven exfuncionaria de Economía le deseó éxitos y agregó una frase que los investigadores consideran reveladora del nivel de naturalidad con el que esta familia manejaba las ganancias ilícitas: “Si todo sale bien te compro algo lindo, una lambo, una granja, lo que quieras”. Pero la respuesta de Miguel Ángel Calvete fue aún más significativa: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”. Horas más tarde, Ornella volvió a preguntarle a su padre en qué habían quedado con el proveedor, y la réplica fue nuevamente escueta: “3%”.
Tanto el padre como la hija se encuentran actualmente procesados en esta causa, junto a otras diecisiete personas, por decisión del anterior magistrado que instruyó el expediente, Sebastián Casanello. La situación procesal de Ornella Calvete se agravó considerablemente cuando, durante un allanamiento practicado en octubre del año pasado en uno de sus domicilios, los efectivos de las fuerzas de seguridad hallaron una abultada suma de divisas: 695 mil 457 dólares estadounidenses, casi 20 millones de pesos argentinos y 1.960 euros. La Justicia vincula directamente ese dinero a las maniobras fraudulentas desplegadas en el seno de la ANDIS.
El escándalo, que ya conmocionó a la opinión pública cuando se filtraron los audios de Spagnuolo a través de la plataforma Carnaval Stream, adquiere ahora una dimensión todavía más comprometedora para el entorno de la primera mandataria. En aquellas grabaciones, el entonces titular del organismo de discapacidad reconocía la existencia de un gran esquema de corrupción que operaba bajo su mando y afirmaba que un tres por ciento de las coimas terminaba irremediablemente en las manos de Karina Milei. Las nuevas pruebas documentales que aportó Picardi en su último dictamen parecen corroborar aquella versión inicial.
El pedido formal de indagatoria que el fiscal elevó al juez Ariel Lijo alcanza a un total de 29 personas. Entre ellas se encuentran cinco individuos que deberán ampliar sus declaraciones: el propio Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A esta nómina se suman 24 nuevos imputados, entre los cuales figuran Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
En su contundente dictamen, fechado el 19 de marzo pero conocido recién en las últimas horas, el fiscal Picardi sostuvo que las evidencias analizadas permiten reconstruir un esquema delictivo de características permanentes en el tiempo, que se habría extendido al menos desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. “La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que por sus particularidades resultan de alto impacto y baja incidencia”, escribió el representante del Ministerio Público Fiscal.
El volumen de dinero desviado hacia las arcas de la organización criminal es sencillamente escandaloso. Según precisó Picardi en su requerimiento, las maniobras de corrupción detectadas implicaron la erogación de aproximadamente 75 mil 478 millones 149 mil 19 pesos provenientes del erario estatal, que fueron a parar a un reducido grupo empresarial vinculado a los funcionarios corruptos. El fiscal describió con precisión el modus operandi: diversas personas relacionadas con compañías proveedoras de insumos se contactaban con Miguel Ángel Calvete para que este determinara los precios en las cotizaciones, facilitando así la adjudicación desde la ANDIS hacia determinadas firmas. Existía, en definitiva, un acuerdo de precios destinado a garantizar que los contratos recayeran siempre en las mismas empresas preestablecidas, para luego proceder a la redistribución de las ganancias entre los responsables de las firmas, los funcionarios públicos involucrados y el propio Calvete.
El rol de este último dentro de la asociación ilícita adquirió una relevancia central en el rubro de los insumos. Según la investigación, Calvete se ocupaba del engranaje permanente entre el organismo estatal y las compañías proveedoras, cobrando por esa intermediación espuria una comisión que oscilaba entre el doce y el veinte por ciento del valor total de las adjudicaciones. No solo obtenía ganancias a través de sus propias empresas, sino que también se quedaba con un porcentaje de las gestiones ilegales que coordinaba con los funcionarios de la ANDIS, quienes a su vez recibían sus propios retornos.
Lo que aún permanece en la penumbra es si el tres por ciento mencionado en múltiples ocasiones por Calvete y por Kahn era el único destino final del flujo de dinero negro o si existían otras terminales igualmente poderosas protegidas bajo el paraguas del poder político. Tampoco debe pasarse por alto la advertencia que la propia Ornella Calvete lanzó cuando fue interceptada por los cronistas a la salida de los tribunales de Comodoro Py, tras prestar declaración indagatoria. Ante la consulta de un periodista sobre si tenía algo para decir, la joven exfuncionaria respondió con una frase cargada de significado: “Un montón de cosas”. Aquel mensaje, críptico pero amenazante, pareció estar dirigido directamente a la Casa Rosada, como si la hija del presunto capo de la organización criminal tuviera en su poder información sensible que podría hacer tambalear los cimientos del gobierno.
El juez Ariel Lijo, quien fuera uno de los postulantes fallidos del oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, tiene ahora en sus manos una decisión trascendental. El magistrado, que además instruye la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y cita a declarar a las 29 personas mencionadas en el dictamen. Mientras tanto, la investigación avanza a paso firme y los nuevos elementos incorporados al expediente sugieren que el Coimagate, lejos de cerrarse, amenaza con abrir nuevas y todavía más profundas grietas en el edificio del poder.
