A más de la mitad de la gestión de Javier Milei, la disparidad salarial en el Estado nacional se profundiza al extremo: mientras los ministros y secretarios del gabinete accedieron a un incremento exponencial que supera el 123 por ciento, los trabajadores de base continúan padeciendo sueldos exiguos y recomposiciones paupérrimas.
El fantasma de la inequidad salarial recorrió una vez más los pasillos de la administración pública nacional. Desde que el presidente Javier Milei asumió el mando, los empleados estatales vieron cómo sus ingresos se licuaban frente a una inflación galopante, recibiendo incrementos que apenas rozaron la supervivencia. Sin embargo, mientras ese sector de la población laboral transitó por el desierto de las paritarias insuficientes, un grupo selecto y reducido festejó en silencio un cambio radical en sus haberes.
El bastión de los privilegiados no es otro que el propio núcleo duro del Poder Ejecutivo. Para los ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete nacional, el cepo que mantuvo congeladas sus remuneraciones quedó sepultado el pasado 2 de enero. Aquel día, mediante un decreto presidencial que llevó la numeración 931/2025, esos altos funcionarios pudieron contemplar en sus recibos de haberes un crecimiento de magnitudes difícil de ignorar: una escalada que superó holgadamente el ciento por ciento de mejora.
El caso paradigmático del jefe de Gabinete resulta elocuente. Manuel Adorni, quien en diciembre percibió por sus tareas la suma de 3.584.006 pesos, experimentó un salto vertiginoso en enero al superar los siete millones de pesos. Y la curva ascendente no se detuvo allí: para mayo próximo su remuneración ascenderá a ocho millones de pesos, lo que representa un incremento del 123 por ciento respecto de sus ingresos previos a la medida. Todos los ministros, según pudo confirmar este diario, recibirán idéntico emolumento.
La Casa Rosada justificó ese porcentaje descomunal aferrándose a la letra misma del decreto publicado en los primeros días del año. En ese documento, luego de detallar las razones que ameritaban conceder un jugoso incremento a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, se especificó que se aplicaría la sumatoria acumulativa de los porcentajes de aumento que percibieron los trabajadores del Estado durante los años 2024 y 2025. El resultado fue casi el cien por ciento. Por esa razón, el salto fue tan abrupto: de tres millones y medio a poco más de siete millones de pesos.
La rúbrica presidencial no estuvo sola. El decreto llevó también la firma del ministro del Interior, Diego Santilli, y del propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien para entonces ya había protagonizado un hecho llamativo: logró incrementar su patrimonio en automóviles e inmuebles sin necesidad de declarar esos bienes, todo ello a pesar de mantener su salario congelado. Un auténtico milagro de la ciencia económica, según ironizaron fuentes sindicales. Cabe recordar que este diario ya había anticipado que semejante situación ocurriría, tal como lo informó en su edición del 31 de diciembre del año pasado.
El texto oficial establece que desde enero de 2026 se aplicará a las retribuciones alcanzadas el porcentaje acumulado de los aumentos que surjan de los acuerdos paritarios. La redacción del decreto no deja lugar a ambigüedades: “Los porcentajes de incremento que en un futuro se homologuen producto de lo acordado mediante las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios serán aplicables a las retribuciones de: Los ministros, secretarios y subsecretarios, las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y los funcionarios con rango y jerarquía equivalente”.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que los incrementos trasladados fueron negociados entre enero de 2024 y julio de 2025 en el marco del convenio aprobado por el Decreto 214/06, y cuentan con la correspondiente homologación del Poder Ejecutivo Nacional, tal como lo detalla el decreto 931/25.
La magnitud final del aumento superó incluso las previsiones iniciales. En enero, el incremento para el salario de los funcionarios nacionales alcanzó casi el 99 por ciento. Si se comparan los haberes de diciembre con los de febrero, la mejora fue del 102 por ciento. Entre diciembre y abril, la suba acumulada llegó al 120 por ciento; y entre diciembre y mayo, se instaló en el 123 por ciento. Se trató, en todos los casos, de sumas acumulativas.
De esta manera, el haber de enero se fijó en 7.129.501 pesos; el de febrero alcanzó los 7,2 millones de pesos; el de abril ascenderá a 7,9 millones y el de mayo, que se abonará en junio, llegará a los ocho millones de pesos.
Los secretarios también vieron engrosados sus ingresos. En enero pasaron a percibir 6.530.145 pesos, en febrero 6.660.748, en abril 7.238.005 y en mayo alcanzarán los 7.346.575 pesos. Los subsecretarios, igualmente favorecidos, cobraron 5.930.989 pesos en enero, en febrero 6.049.609 y en abril 6.573.902. Para mayo recibirán 6.672.510 pesos.
Mientras tanto, los sueldos del propio Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel continuarán en la heladera. En principio, esta decisión obedece a una estrategia para contener o evitar la indignación popular. Pero existen también motivaciones de neto corte político. Por un lado, el mandatario mantiene congelado el salario de Villarruel a modo de escarmiento por una supuesta falta de lealtad de su vice. Por otra parte, dejar esos haberes sin modificaciones le permite al Presidente evitar que se sume un nuevo dato negativo a la ya deteriorada imagen presidencial, afectada por la criptoestafa de LIBRA y los desaguisados inmobiliarios protagonizados por Adorni.
Así las cosas, Milei seguirá cobrando cuatro millones de pesos y Villarruel no se moverá de los 3,7 millones de pesos.
Resulta casi premonitorio lo que desde ATE advirtieron a este diario en diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, los gremialistas aseguraron que los altos funcionarios, entre ellos los ministros, “evidentemente no viven de sus salarios de tres millones de pesos, sino que utilizan el Estado como trampolín para hacer otros negocios”. “Nadie fiscaliza la incompatibilidad y eso es un desastre”, denunciaron entonces, y remarcaron además la incoherencia entre los dos discursos que se pregonan desde el Poder Ejecutivo: uno destinado al pueblo, que pregona sacrificio y ajuste, y otro reservado para las altas esferas, donde la opulencia parece no tener techo.
