La Justicia hizo lugar al pedido del padre biológico tras una ampliación de denuncia que revela un entramado de maltratos sistemáticos, lesiones mortales y presunta obstrucción. Los funcionarios del sistema de protección familiar también quedaron bajo la lupa de la querella, que trae a la memoria el caso de Lucio Dupuy.
En un giro judicial que sacude los cimientos de Comodoro Rivadavia, las fuerzas del orden concretaron en la noche del domingo la aprehensión de Mariela Beatriz Altamirano y Maicol González, madre biológica y padrastro respectivamente de Ángel Nicolás López, el niño de apenas 4 años cuyo deceso conmocionó a la provincia entera. Ambos quedaron inmediatamente a disposición del fiscal Facundo Oribones, quien instruye una causa que ya no admite matices: lo que en un principio pudo haber sido interpretado como una tragedia doméstica adquiere ahora los contornos de un presunto homicidio agravado.
La detención fue el desenlace de un pedido impulsado por Luis Armando López, el padre del menor, quien con el respaldo legal del doctor Roberto Castillo presentó una ampliación de la denuncia penal. En ese escrito, los abogados solicitaron con urgencia la imputación formal y el arresto de la pareja, al considerarlos responsables de un hecho de una gravedad extrema: homicidio agravado en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. La calificación legal no es menor, ya que contempla la pena de prisión perpetua como expectativa punitiva.
Los argumentos esgrimidos por la querella ante el Ministerio Público Fiscal describen un escenario escalofriante. Lejos de tratarse de un accidente o un infortunio doméstico, la muerte de Ángel Nicolás habría sido el resultado previsible de una larga cadena de ensañamiento físico y desamparo institucional. El texto presentado por la parte acusadora habla explícitamente de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”, una fórmula jurídica que apunta a la acción coordinada y sostenida en el tiempo por parte de ambos cuidadores.
Uno de los elementos que terminó por inclinar la balanza fue el informe preliminar de la autopsia. Los peritos forenses hallaron en el cuerpecito del niño lesiones traumáticas en la región craneal que resultan rotundamente incompatibles con una muerte de origen natural o accidental. Por el contrario, dichas marcas son consistentes con episodios de violencia física de una intensidad difícil de concebir contra un ser tan vulnerable. A ese dato duro se suman los testimonios de vecinos del barrio donde residía la familia, quienes aseguraron haber escuchado gritos desgarradores del menor en múltiples ocasiones. Incluso, algunos de ellos relataron haber sido testigos de una escena particularmente reveladora: la madre, en medio de una crisis, recriminándole a González con una frase que hoy resuena como una confesión involuntaria: “¡Vos le pegás al mío!”.
La decisión judicial de ordenar la detención inmediata no fue tomada a la ligera. La fiscalía consideró que existían riesgos procesales concretos e inminentes. Según los elementos aportados por la querella, los imputados habrían incendiado prendas de vestir pertenecientes al niño el mismo día en que ocurrió el deceso, con el presunto objetivo de eliminar rastros biológicos y cualquier evidencia que pudiera acreditar los golpes recibidos. A ello se suma la existencia de gestiones para una fuga hacia la localidad de El Dorado, en la provincia de Misiones, plan que Altamirano habría coordinado a través de un familiar. Ambos permanecerán tras las rejas hasta el martes próximo, momento en que serán indagados formalmente.
Sin embargo, el alcance de la denuncia no se detiene en la pareja. En un movimiento inusual por su contundencia, el letrado Roberto Castillo apuntó directamente contra tres funcionarios del sistema de protección de derechos de la niñez: el juez de Familia doctor Pablo José Pérez, la asesora de Familia Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos. La querella sostiene que estos agentes del Estado construyeron, mediante omisiones y apego a formalismos estériles, el caldo de cultivo que hizo posible el infanticidio. El escrito judicial traza un paralelismo deliberado con el caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa, y advierte que los funcionarios habrían violado los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio.
“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, denuncia con crudeza el texto presentado ante la fiscalía. Esa frase condensa la indignación que recorre no solo a los querellantes, sino a una sociedad entera que asiste con horror a la repetición de patrones de violencia letal contra los más indefensos.
Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia intenta sobreponerse a la conmoción, la Justicia tiene ahora entre sus manos la responsabilidad de garantizar que, después del horror, no llegue también la impunidad. El martes será un día clave: las indagatorias a la madre y el padrastro podrían abrir la puerta a nuevas pruebas, y el pedido de detención de los funcionarios del sistema de protección familiar podría marcar un antes y un después en la manera en que el Estado responde frente al maltrato infantil. Porque Ángel Nicolás López ya no puede hablar, pero sus lesiones, sus gritos silenciados y la evidencia quemada en un fogón doméstico se han convertido en la voz más estremecedora de este proceso.
