Graciela Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, fueron citadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación que apunta al jefe de Gabinete. Ambas mujeres protagonizaron la controvertida operación hipotecaria no bancaria que otorgó un desembolso directo de 100.000 dólares al funcionario, en una maniobra que despierta sospechas sobre su patrimonio.
En una nueva jornada determinante para la pesquisa que sacude los pasillos del poder, dos mujeres vinculadas al entorno financiero del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prestaron declaración indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Se trata de Graciela Isabel Molina de Cancio, una comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija, la oficial Victoria María José Cancio, quienes aparecen en el expediente como las principales otorgantes de un crédito particular que habría engrosado el patrimonio del alto funcionario.
El centro de la controversia gira en torno a una hipoteca concedida bajo la modalidad conocida como “no bancaria”, mediante la cual ambas prestamistas entregaron al jefe de Gabinete un total de 100.000 dólares. De ese monto, la excomisaria aportó la porción más abultada, equivalente a 85.000 dólares, mientras que su hija contribuyó con los 15.000 restantes. Como garantía de la operación, Adorni habría hipotecado su departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Lo que más ha llamado la atención de los pesquisas es la sincronización temporal de la transacción. El mismo día en que se formalizó aquel desembolso, Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, concretó la adquisición de otra propiedad en el exclusivo country Indio Cua, situado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Esta coincidencia encendió las alarmas de los investigadores, que sospechan la existencia de una maniobra para justificar fondos de origen no declarado.
La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, salió al cruce de las especulaciones en una reciente aparición televisiva. La profesional admitió haber sido el nexo que puso en contacto a las prestamistas con Adorni, aunque se apresuró a desestimar cualquier señal de ilicitud. Según su versión, jamás existió un traslado físico de billetes, ni se verificaron prácticas anómalas. Nechevenko describió el acuerdo como un contrato de compraventa a plazos, en el que los vendedores actuaron como financiadores directos, y no como un préstamo externo en sentido estricto. La operación quedó sellada mediante una hipoteca con un interés anual del once por ciento, cuyas cuotas mensuales deberían cancelarse periódicamente.
Sin embargo, la trama se vuelve aún más enrevesada cuando se incorporan otras aristas de la investigación. En los próximos días, también están citadas a declarar dos mujeres jubiladas, Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas, quienes le transfirieron a Adorni un inmueble situado en la calle Miró. Aquella transacción replicó una mecánica poco habitual: las vendedoras entregaron la propiedad a cambio de un anticipo de apenas 30.000 dólares, con la promesa de que el comprador saldaría los 200.000 restantes en el transcurso de un año, sin aplicar ningún tipo de interés. Un esquema de financiación tan generoso como infrecuente en el mercado inmobiliario.
La convocatoria judicial también alcanza a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras y señalado por la pesquisa como un íntimo de Adorni. Fue precisamente Feijoo quien gestionó la reserva del departamento, adquirido originalmente al exfutbolista Hugo Morales. Este último ya prestó testimonio y aseguró haber vendido la vivienda a las dos mujeres por un valor de 200.000 dólares, en un estado deplorable, apenas tres meses antes de que ellas, sorprendentemente, la revendieran al jefe de Gabinete. El brevísimo lapso entre ambas operaciones y el repentino cambio de condiciones del inmueble se han convertido en uno de los ejes sobre los que gira la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.
Con estos testimonios, el fiscal Pollicita busca desentrañar una madeja financiera que podría comprometer gravemente al funcionario. Las declaraciones de las acreedoras, lejos de apaciguar las sospechas, han añadido nuevas preguntas a un rompecabezas donde convergen plazos ajustados, contratos a medida y un círculo de confianza que parece haber operado al margen de los canales bancarios tradicionales. La investigación, que avanza a paso firme, promete seguir removiendo los cimientos de la administración pública.
