Durante el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en la Ciudad de Buenos Aires, los intendentes advirtieron sobre el colapso financiero de las gestiones locales, el desplome del empleo industrial en Tierra del Fuego y el riesgo soberano ante la parálisis de proyectos estratégicos.
En una jornada que reunió a jefes comunales de todas las provincias en el corazón de la Capital Federal, la Federación Argentina de Municipios (FAM) organizó un cónclave histórico donde los líderes territoriales plasmaron en un documento oficial su malestar ante las políticas económicas vigentes. Aquel texto, entregado en manos de las autoridades del Ministerio de Economía, sintetiza una demanda que resuena con crudeza en cada rincón del país: la urgente necesidad de reducir los precios de los combustibles y la reactivación inmediata de las obras públicas nacionales que permanecen detenidas desde hace más de dos años.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, emergió como la voz autorizada del extremo sur patagónico, una zona que, según describió el propio funcionario, soporta uno de los cuadros más críticos dentro del mapa de crisis actual. Durante su exposición, los mandatarios presentes no escatimaron en calificativos para denunciar el vaciamiento financiero que padecen sus distritos, el efecto demoledor del aumento permanente del costo energético sobre los presupuestos municipales y la inmovilidad de los proyectos de infraestructura que el Estado nacional había comprometido y que hoy yacen sin avance desde el año 2023.
El pedido central del encuentro fue taxativo: retroceder el valor de los combustibles líquidos hasta el nivel vigente el primer día de marzo del corriente año y destrabar con carácter de urgencia todas las obras paralizadas. En ese contexto, Pérez lanzó una crítica punzante contra las directrices económicas nacionales, al sostener que el ajuste implementado golpea con virulencia las fuentes laborales, la capacidad productiva y el tejido social de cada comunidad. “El ajuste impacta de lleno en el empleo, la producción y el entramado social de nuestras comunidades”, sentenció el jefe comunal fueguino.
Para graficar la magnitud del deterioro, el intendente puso a Río Grande como un espejo de la debacle industrial. Reveló que entre 2023 y 2026 la ciudad perdió cinco mil puestos de trabajo directos en el sector fabril, una sangría que, según explicó, contaminó al resto de la economía local hasta dejar un saldo devastador: diez mil empleos privados registrados menos en el mismo período. Añadió que la producción industrial fueguina se derrumbó entre un cincuenta y un cincuenta y cinco por ciento en términos interanuales, fenómeno que atribuyó sin vueltas a la apertura desregulada de las importaciones y a la contracción violenta del consumo interno.
Pero el diagnóstico de Pérez no se detuvo en lo productivo. También puso el foco en la asfixia financiera que soporta su municipio: la gestión local debe afrontar la crisis actual con la totalidad de la obra pública nacional detenida y con demoras sistemáticas en la transferencia de partidas nacionales. Frente a ese cuadro, la comuna tuvo que redestinar un veinticinco por ciento adicional de su presupuesto a partidas de asistencia social, sanitaria y alimentaria, un esfuerzo que, advirtió, resulta insostenible en el tiempo sin un respaldo federal concreto.
En un tramo final de su alocución, el mandatario introdujo una reflexión estratégica que trascendió lo meramente económico. Cuestionó con firmeza las voces que dentro de ciertos círculos oficialistas califican a la Ley 19.640 —régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego— como una política fracasada. Por el contrario, defendió la vigencia de esa norma como una herramienta que durante más de medio siglo garantizó desarrollo, arraigo poblacional y presencia argentina en un territorio soberano de alto valor geopolítico. “Es alarmante que se considere a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’”, subrayó.
Finalmente, el intendente elevó la apuesta al advertir que lo que se dirime en Río Grande trasciende las estadísticas de empleo o los niveles de producción. En juego está la integridad misma del territorio nacional, alertó. Y cerró con una frase que quedó flotando en el recinto como un pronunciamiento de fondo: “Defender la industria fueguina, el trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades es, en definitiva, defender la soberanía argentina”. El documento entregado a Economía quedó, entonces, no solo como un reclamo financiero, sino también como una advertencia política sobre los costos invisibles del ajuste.
