Bajo el impulso oficial del gobierno de Javier Milei, decenas de firmas emblemáticas abandonan la producción local para reconvertirse en meros intermediarios de mercadería subsidiada. El resultado: ganancias siderales para las empresas, despidos masivos y una caída histórica en la capacidad instalada de la industria.
En las entrañas del modelo económico que promueve la administración libertaria, un fenómeno silencioso pero devastador avanza a paso firme: la progresiva desintegración de la estructura productiva nacional. Lo que en los discursos oficiales se presenta como una necesaria modernización comercial, en los hechos se traduce en el cierre de plantas, suspensiones de trabajadores y una alarmante reconversión de las grandes corporaciones, que eligen traer desde el extranjero productos ya terminados en lugar de fabricarlos dentro de las fronteras argentinas. Esta mutación, lejos de ser un efecto colateral, parece constituir una estrategia deliberada que prioriza márgenes de rentabilidad descomunales por encima de la preservación del empleo y la soberanía industrial.
El informe titulado “Las grandes empresas ante la apertura importadora”, elaborado por los investigadores Gustavo García Zanotti y Martín Schorr del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), retrata con crudeza el cuadro de situación: la economía argentina atraviesa una fase aguda de desindustrialización, acompañada de un repliegue acelerado de la manufactura local en favor de la adquisición de bienes finales desde el exterior, especialmente desde China y Brasil. La combinación letal de una reducción vertiginosa de aranceles y una sostenida apreciación cambiaria —ambas decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo— ha incentivado lo que los especialistas denominan “sustitución inversa”. Este concepto describe el proceso mediante el cual las compañías desmantelan sus líneas de producción domésticas para transformarse en importadoras de artículos terminados, aprovechando costos externos notablemente más bajos.
Los casos emblemáticos se multiplican en distintos rubros y conforman una lista que crece día a día. Lumilagro, aquella firma históricamente asociada al mate y los termos tradicionales, se convirtió en un símbolo de esta transición. Luego de despedir a 170 operarios en su planta de Tortuguitas, comenzó a ingresar termos de acero desde China a un costo de apenas 8.178 pesos por unidad, para luego colocarlos en góndola a 44.000 pesos. Essen Aluminio, otra marca icónica, importa cacerolas desde el gigante asiático pagando 50.000 pesos cada una y las comercializa a 384.000 pesos, mientras en el medio desvinculó a 30 empleados. Adidas, por su parte, cerró por completo su fábrica en el país, dejó en la calle a 360 trabajadores y ahora se limita a traer zapatillas a un precio de importación de 26.790 pesos para venderlas a 100.000 pesos en el mercado local.
El sector de electrodomésticos no escapa a esta lógica. Newsan importa teléfonos celulares Motorola por 136.770 pesos y los revende a 260.000 pesos, mientras que su reconversión incluyó 45 despidos y 70 suspensiones. Whirlpool directamente clausuró su planta, dejó a 300 personas sin trabajo y elevó sus unidades importadas —entre heladeras, congeladores y otros artefactos— de 52.000 en 2023 a 88.000 en 2025. En la industria automotriz, Peugeot (junto a BYD) realizó importaciones por 44 millones de dólares solo en los primeros dos meses de 2026, equivalentes a 2.716 autos eléctricos. El modelo Dolphin Mini EV GS ingresa al país con un costo CIF de 15.000 dólares y, gracias a un régimen especial sin aranceles, termina costando 15.450 dólares; sin embargo, en la tienda online argentina se ofrece a 23.900 dólares.
Uno de los capítulos más sensibles es el de la industria alimentaria. Mondelez, la dueña de las galletitas Club Social, incrementó sus importaciones de bienes finales en un 56,25 por ciento, pasando del 16 al 25 por ciento de su operación total. A fines de 2025, la compañía decidió suspender a 2.300 operarios. El costo de traer un paquete de galletitas desde el exterior es de 521 pesos, pero el precio final en la góndola alcanza los 2.164 pesos. Los investigadores del IPyPP subrayan un punto crucial: la reducción en los costos de importación no se traslada al bolsillo del consumidor, sino que es absorbida íntegramente por las empresas para sostener márgenes de ganancia extraordinarios, en un contexto donde el poder adquisitivo de los salarios no cesa de caer.
Las estadísticas oficiales del Indec confirman la magnitud del desastre. En febrero de 2026, la industria argentina utilizó apenas el 54,6 por ciento de su capacidad instalada, una cifra significativamente inferior al 58,6 por ciento registrado en el mismo mes del año anterior. Y lo más grave: esa comparación se realiza contra un período en el que la industria ya sufría un fuerte parate producto de la devaluación y las incertidumbres iniciales de la gestión actual. Sectores estratégicos como la metalmecánica operan con un nivel crítico del 33,9 por ciento, mientras que la industria automotriz apenas alcanza el 38,9 por ciento de su potencial.
La caída productiva se expresa en números concretos: la fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó un 37,7 por ciento interanual, y la producción de aparatos de uso doméstico retrocedió un 38 por ciento. Incluso el sector de alimentos y bebidas redujo su uso de capacidad al 58,6 por ciento, afectado por una menor molienda de oleaginosas y una baja en la elaboración de carne vacuna. Solo la refinación de petróleo mostró un crecimiento, alcanzando el 88,9 por ciento por un mayor procesamiento de crudo.
A este cuadro fabril desolador se suma un severo deterioro de los ingresos de los trabajadores. El índice de salarios medido por el Indec creció apenas un 2,4 por ciento en febrero, por debajo de una inflación que alcanzó el 2,9 por ciento en ese mismo mes y que ya lleva cuatro meses consecutivos erosionando el poder de compra. El sector registrado —público y privado— acumula su sexto mes seguido de caída real, con aumentos que promedian entre el 1,6 y el 2,3 por ciento, muy por debajo de la suba de precios. Solo el empleo privado no registrado mostró una mejora mensual del 4,6 por ciento, aunque en términos interanuales los salarios generales (35,8 por ciento) siguen corriendo detrás de la inflación.
El diagnóstico de Zanotti y Schorr es lapidario: el país asiste a una silenciosa transferencia de ingresos desde los consumidores y los trabajadores hacia las cúpulas empresariales que, bajo el amparo de la política oficial, renunciaron a su rol protagónico como productores para convertirse en meros intermediarios. Una dinámica que destruye el mercado interno al mismo tiempo que el empleo calificado, reemplazando el valor agregado nacional por una logística de importación que maximiza la renta inmediata pero desmantela cualquier posibilidad de desarrollo técnico y productivo sustentable. La pregunta que atraviesa a la sociedad es si este proceso de desindustrialización acelerado es el precio inevitable de la apertura o, simplemente, el negocio de unos pocos a costa del futuro de todos.
