Aunque la administración libertaria asegura que una nueva resolución mejora el pago por cápita, los profesionales denuncian que en la práctica sus ingresos se desploman casi un 50 por ciento. Hubo movilizaciones frente a la sede central de la obra social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en delegaciones del interior del país, donde algunos prestadores y farmacias también cesaron sus atenciones ante la abultada deuda que mantiene el Ejecutivo que conduce Javier Milei.
Las y los profesionales de la salud dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) concluyeron este miércoles un nuevo ciclo de 72 horas consecutivas de huelga, en el marco de un creciente conflicto desatado por las políticas de ajuste que el gobierno de La Libertad Avanza pretende imponer sobre sus retribuciones. La medida de fuerza, que ya lleva tres jornadas completas, no obtuvo hasta el momento ninguna propuesta formal por parte de la administración nacional, según denunciaron los propios manifestantes.
La protesta incluyó una nutrida concentración frente a la sede central del organismo previsional, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás, así como réplicas en distintas delegaciones provinciales. En varios puntos del país, incluso algunos centros de atención y establecimientos farmacéuticos resolvieron interrumpir temporalmente la prestación de sus servicios, como un acto de solidaridad con el reclamo gremial y también como expresión del malestar por los abultados compromisos impagos que arrastra el Estado nacional.
“Nos están sofocando”, advirtieron desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia), entidad que nuclea a los médicos de cabecera del PAMI y que ha sido una de las voces más críticas frente a las modificaciones impulsadas por la actual gestión. Según explicaron los referentes del sector, la reciente resolución 1107/2026 —que introdujo un nuevo esquema para calcular los ingresos de los facultativos— es presentada por el oficialismo como un incremento en el valor del pago por cápita, pero en los hechos implica una brusca merma en los salarios.
La razón de esta caída, detallaron los especialistas, obedece a que la normativa elimina dos componentes clave de la retribución habitual: los honorarios por consulta y los estímulos económicos vinculados a la formación profesional continua. De este modo, cualquier beneficio que pudiera derivarse de la suba del monto por paciente asignado resulta ampliamente superado por las pérdidas en esos otros ítems.
Un ejemplo claro, expuesto por los propios afectados, muestra que un médico que atiende a 700 personas bajo la modalidad de cápita recibía hasta hace poco aproximadamente 2.100.000 pesos por mes. Con la nueva reglamentación, ese mismo profesional pasará a percibir cerca de 1.400.000 pesos, lo que implica una reducción de alrededor del 47 por ciento en sus ingresos mensuales. Esta diferencia, advirtieron desde Appamia, compromete seriamente la sustentabilidad económica de los consultorios y agrava las condiciones laborales de un sector ya castigado por años de desinversión en salud pública.
A lo largo de estos tres días de paro, los médicos realizaron piquetes y asambleas frente a las puertas del PAMI central, mientras que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras jurisdicciones se replicaron las movilizaciones. La falta de respuestas por parte del gobierno de Javier Milei, sumada al creciente malestar de los prestadores privados y farmacéuticos que también denuncian demoras en los pagos, eleva la temperatura del conflicto y anticipa nuevas medidas si no hay una convocatoria al diálogo en las próximas horas. Por el momento, desde la cartera de Salud y desde la propia obra social no emitieron declaraciones oficiales que permitan vislumbrar una salida negociada.
