La Casa Rosada enfrenta una nueva jornada límite para desembolsar los fondos destinados a salarios y becas de las casas de altos estudios, tras un fallo judicial que calificó de “pocos serios” los argumentos oficiales. Ante el silencio del Ejecutivo, el arco universitario anuncia una masiva movilización para mayo y denuncia un “quiebre del sistema republicano”.
El reloj del Palacio de Hacienda parece haber detenido su marcha frente a una obligación ineludible: antes de que concluya la jornada de hoy, el gobierno que conduce Javier Milei debe dar cumplimiento a una decisión judicial que lo conmina a restituir los recursos destinados al funcionamiento de más de seis decenas de universidades estatales, específicamente en lo concerniente a la mejora de remuneraciones docentes y no docentes, así como al sostenimiento del régimen de becas estudiantiles. Se trata de los artículos quinto y sexto de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia fue ratificada por el Congreso —tras un veto presidencial que no prosperó— y posteriormente respaldada por dos resoluciones cautelares de la justicia federal. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal no solo confirmó la medida, sino que calificó como “pocos serios” algunos de los planteos esgrimidos por los cuadros técnicos del oficialismo para eludir la erogación.
El escenario se torna aún más intricado porque el plazo concedido a la administración libertaria para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema expira en las próximas horas. Especialistas en derecho público consultados por este medio coinciden en que la estrategia gubernamental podría derivar en un nuevo revés, dado que la jurisprudencia predominante en el máximo tribunal desalienta la intervención en causas cautelares. Incluso si la Corte aceptara tratar el caso, ello no suspendería de manera automática la ejecución de lo ordenado por la cámara. De este modo, la administración Milei se encuentra ante una encrucijada que combina urgencia jurídica, tensión política y creciente malestar social.
Desde el Frente Universitario —espacio que aglutina a rectorados, sindicatos docentes y federaciones estudiantiles— ya anticiparon que la falta de respuestas oficiales derivará en una nueva jornada de protestas de magnitud durante la primera quincena de mayo, continuando con la senda de las dos multitudinarias marchas que previamente colmaron las avenidas del centro porteño y las plazas de las principales urbes del interior. Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) formalizó una presentación ante los tribunales para dejar constancia del incumplimiento y exigió de manera impostergable la convocatoria a la paritaria nacional docente. “Miran hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, denunciaron desde el organismo que reúne a los rectores de todo el país.
La dilación oficial se produce en un clima de fragilidad política para el jefe de Estado, quien observa cómo su imagen pública se erosiona en paralelo a las tormentas que sacuden a su entorno más cercano —en particular a su jefe de Gabinete, envuelto en controversias—, la persistente sombra del caso vinculado a la criptomoneda $Libra y una coyuntura económica que no termina de despejar incertidumbres. En este cóctel explosivo, el ataque a la educación superior pública se perfila como un nuevo foco de conflicto con alto impacto en la opinión ciudadana. Dirigentes del arco universitario advirtieron que están organizando una gran movilización federal si el gobierno no cumple con la ley sancionada por el Parlamento, refrendada por el Poder Judicial y que, sin embargo, continúa sin ejecutarse.
Según las estimaciones realizadas por el CIN, las transferencias económicas destinadas a las universidades nacionales sufrieron una contracción del 45,6 por ciento desde 2023 hasta la fecha. Desde las filas oficiales sostienen que para acatar la totalidad de la norma —que también comprende partidas para gastos de infraestructura y funcionamiento— se requerirían 2,5 billones de pesos. No obstante, los críticos subrayan que ese cálculo no justifica la inacción parcial frente a los puntos ya resueltos por la justicia. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, en diálogo con este diario, fue contundente: “La situación es extremadamente crítica. Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia, vamos a volver a convocar a la sociedad argentina. Si no conmueve el estado de derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”.
Hasta el cierre de esta edición, ni el secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell, ni el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habían mantenido contacto con los actores del conflicto para ofrecer una solución. Este medio intentó obtener declaraciones de las carteras de Capital Humano, Economía y Educación, pero no se recibió respuesta alguna. A más de dos semanas del fallo judicial, el Ejecutivo continúa sin cumplir, lo que habilita a la justicia a imponer multas progresivas y eventuales sanciones contra los funcionarios responsables. Ante esta situación, el Frente Universitario remitió una nota a la ministra Sandra Pettovello exigiéndole la inmediata apertura de la paritaria nacional y la aplicación sin más demoras de los artículos quinto y sexto de la norma.
Mientras tanto, las casas de estudio no permanecen pasivas. El miércoles pasado, numerosas facultades de todo el territorio llevaron adelante una vigilia de veinticuatro horas con clases magistrales abiertas al público, ferias de divulgación científica, talleres comunitarios, asesoramiento legal y económico gratuito, así como servicios de salud odontológica, oftalmológica, clínica y veterinaria. Bajo la consigna “la universidad no se apaga, se prende”, la comunidad educativa buscó visibilizar su resistencia. “En los últimos días mostramos que la educación pública se está movilizando y ese es el camino que vamos a seguir. Estamos acordando con todos los sectores para la gran movilización de mayo, esa es la respuesta política más eficaz ante los intentos dilatorios del Gobierno”, señaló a este diario Federico Montero, dirigente de la Confederación de Docentes de las Universidades (CONADU).
Las medidas de lucha continuarán hoy en distintos puntos del país. Algunos gremios mantendrán protestas, y los colegios preuniversitarios participarán de una marcha de antorchas en la intersección de Callao y Corrientes. A su vez, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) declaró una jornada nacional de rechazo. Su secretario general, Daniel Ricci, fue enfático: “No hay ningún argumento para que no destinen los fondos. Se convertiría en un gobierno profundamente antidemocrático, ilegítimo e ilegal si no cumple con el envío de las partidas, tanto para las universidades como para las becas y los salarios”. Según el último informe elaborado por Fedun junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, los trabajadores universitarios arrastran diecisiete meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo, lo que representa una merma real del 33,7 por ciento. “Se necesitaría un incremento superior al cincuenta por ciento para recuperar lo perdido”, precisaron.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), su presidente, Joaquín Carvalho, manifestó que continuarán en las calles para reclamar por su futuro. “Las jornadas abiertas de veinticuatro horas nos dan un balance positivo, se sumaron más de cuarenta universidades. Al no haber una respuesta en los próximos días, seguiremos movilizándonos”, afirmó. En sintonía, el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, puso el acento en la gravedad institucional de la postura adoptada por la Casa Rosada. “Acá hay algo más profundo: lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo, porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. Es un principio republicano básico de la división de poderes. El tercer poder que actúa ante una controversia, que es la Justicia, nos da la razón y el Gobierno tampoco nos escucha”, sentenció.
De este modo, mientras el Ejecutivo parece hacer oídos sordos a los mandatos del Legislativo y a los fallos del Judicial, la comunidad universitaria anuncia que su respuesta seguirá escribiéndose en el asfalto. La primera quincena de mayo podría encontrar nuevamente las calles colmadas de banderas, guardapolvos y docentes exigiendo lo que la ley ya les ha concedido. El tiempo, como las deudas salariales, no espera. Y el reloj, esta vez, no está del lado del gobierno.
