En una maniobra sin precedentes, la administración libertaria activó el recurso per saltum buscando que la Corte Suprema intervenga de inmediato. La medida intenta neutralizar la suspensión judicial que protege 82 artículos de la controvertida norma, mientras la CGT denuncia un plan sistemático para asfixiar al movimiento obrero.
En las últimas horas, el fragor de los pasillos gubernamentales reveló una obsesión recurrente: todo pensamiento dentro de la Casa Rosada parece orbitar alrededor de un mismo propósito, el de erosionar las condiciones de quienes sostienen con su esfuerzo la economía real. Lejos de atender la crisis productiva o el desplome del salario, el oficialismo ultraliberal concentró sus baterías en un objetivo quirúrgico: desactivar el cerco judicial que, por ahora, mantiene en vilo los aspectos más lesivos de su ambiciosa reforma del mundo del trabajo.
Para sortear el obstáculo que representa la cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Poder Ejecutivo decidió escalar el conflicto directamente ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario conocido como per saltum, un mecanismo excepcional que permite saltar instancias procesales intermedias cuando se alega una demora injustificada o un perjuicio de magnitud irreparable. La movida, de alto voltaje institucional, busca que los propios magistrados del máximo tribunal se expidan sin esperar los plazos habituales de la justicia ordinaria, donde el litigio por la validez constitucional de la norma podría extenderse durante meses o incluso años.
El origen del enfrentamiento se remonta a la sanción de la ley 27.802, bautizada pomposamente por el oficialismo como “Modernización Laboral”, aunque los especialistas y las organizaciones gremiales prefieren describirla con términos más crudos: un instrumento de demolición sistemática de las conquistas históricas de los trabajadores. A criterio de los juristas consultados, el articulado implica una mutación profunda del derecho del trabajo argentino, alentando modalidades de contratación precarias, desalentando la actividad sindical y licuando mecanismos de protección frente al despido arbitrario. Para las centrales obreras, se trata lisa y llanamente de una sentencia de muerte para las organizaciones de representación colectiva.
Ante ese panorama, la CGT recurrió a la justicia laboral y obtuvo un primer triunfo significativo. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo del magistrado Raúl Horacio Ojeda, admitió el recurso de amparo presentado por la central obrera y, el 30 de marzo pasado, dispuso la suspensión provisional de 82 artículos de la ley. Aquella resolución no fue un hecho aislado, ya que otros jueces habían frenado previamente distintos fragmentos de la normativa, pero el fallo de Ojeda se convirtió en el principal dique de contención debido a su alcance global. En su dictamen, el juez coincidió con los argumentos de los abogados sindicales: los artículos impugnados vulneraban abiertamente principios constitucionales como la protección del trabajo en todas sus formas, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso irrestricto a la justicia.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. Primero intentó una maniobra competencial: sostuvo ante los tribunales que el fuero contencioso administrativo, y no el laboral, debía entender en la disputa. La jueza Macarena Marra Giménez dio la razón al Poder Ejecutivo, apartó a Ojeda del caso y generó un enredo jurisdiccional que, a todas luces, prometía un largo peregrinaje judicial entre apelaciones, recursos y planteos de inhibición. Ese camino, sin embargo, favorecía a los trabajadores, porque mientras la ley permaneciera con frenos de mano, los derechos subsistirían en la práctica. Y allí radica el nerviosismo oficial: cada día que pasa sin aplicación plena de la norma representa una victoria pírrica para la administración Milei.
De allí el salto al per saltum. En su presentación ante la Corte, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que la medida busca “salvaguardar y restaurar la seguridad jurídica”, presuntamente quebrantada por la decisión del juez Ojeda, a quien el oficialismo considera carente de competencia y de condiciones técnicas para frenar una ley de semejante envergadura. El escrito oficial desliza objeciones de fondo: denuncia que el magistrado no realizó un análisis concreto artículo por artículo, que la cautelar otorgada coincide con el objeto principal del juicio —algo vedado por la legislación procesal— y que el juez se habría excedido incluso en relación con el pedido original de la CGT.
Los abogados del Estado van más lejos: afirman que la central obrera no acreditó la existencia de un caso concreto ni señaló ningún acto específico que generara perjuicio real. Incluso se atreven a cuestionar la legitimidad de la CGT para representar a los trabajadores, una aseveración que roza lo temerario si se consideran los numerosos antecedentes judiciales donde el propio Estado reconoció a esa entidad como la voz autorizada del colectivo laboral. Para especialistas en derecho constitucional, ese argumento es una falacia grosera que expone más la desesperación política que la solidez técnica.
Lo que realmente está en juego, según fuentes sindicales, es la intención del Ejecutivo de que la Corte, antes de decidir sobre el fondo del asunto, suspenda de manera inmediata los efectos de la cautelar dictada por Ojeda. De lograrlo, los 82 artículos quedarían automáticamente habilitados, desatando lo que la CGT califica como “las fauces del empresariado” sobre la población trabajadora. En otras palabras, el gobierno de Javier Milei busca que los empleadores puedan aplicar sin restricciones cada cláusula de una reforma diseñada a medida para flexibilizar despidos, abaratar indemnizaciones y debilitar la acción colectiva.
El futuro inmediato dependerá ahora de la decisión que adopten los supremos. Si la Corte acepta el per saltum, se abrirá un capítulo inédito en el conflicto, con tiempos judiciales acelerados y una definición que podría llegar en semanas. Si lo rechaza, la causa deberá transitar el sendero ordinario, con todas las demoras que eso implica. Mientras tanto, la CGT prepara un nuevo estado de movilización y no descarta medidas de fuerza si la justicia falla a favor del oficialismo. La puja, en definitiva, trasciende lo jurídico: es una batalla por el alma del modelo social argentino.
